El abogado de Alfonso Grau alega que es víctima "de una atmósfera en que todo parece corrupto"

El exteniente de alcalde y exvicealcalde de València de 1995 a 2015, Alfonso Grau, se enfrenta a nueve años y dos meses de cárcel por los presuntos delitos de malversación, cohecho y falsedad en documento mercantil por el presunto dopaje electoral del Partido Popular de València en las elecciones de 2007 y 2011, según solicita la Fiscalía Anticorrupción.

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Una acusación basada en un artificio, según el abogado del exvicelalcalde de València, Jesús Bonet, por lo que ha solicitado la absolución de su defendido en la última sesión del juicio de la pieza del caso Taula porque, ha alegado. "se ha creado una atmósfera en que todo parece corrupto y hay que buscar un culpable de la corrupción y la malversación".

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 Bonet pide la absolución de Grau porque "no hay en la causa ni un elemento que permita sostener la malversación, el cohecho ni la falsedad. No se ha demostrado la malversación. No se ha simulado un documento ni en todo, ni en parte". Y ha criticado que la documentación aportada por Valencia Plaza en 2016 "se le da veracidad como si fuera la biblia o el corán".

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Financiación ilegal de partidos

El abogado también intentó jugar al despiste con el tipo de delito del que se podría acusar al exvicealcalde. "Si fuera verdad [la información que revelan los papeles de que los empresarios financiaron la campaña del PP de 2007] hablaríamos de financiación ilegal de partidos políticos". Una posibilidad que el magistrado del caso Taula llegó a describir en un auto dictado en julio de 2016, aunque en aquel momento definió esta práctica como un "delito electoral". Aunque el abogado insistió en que si "damos tanta importancia a las aportaciones [dinerarias] empresariales, deberíamos estar hablando de financiación ilegal de partidos políticos", aunque esta acusación no se formula en el juicio de la presunta caja B del PP de València, porque el delito no se introdujo en el Código Penal hasta 2015.

Listado "apócrifo" de empresas

El abogado considera que no se acusa por este delito a Grau porque "el listado de empresas es un listado apócrifo, que cualquiera puede hacer en su casa. Pero actúa nuclearmente en el procedimiento" y sobre la que pivota la acusación contra Alfonso Grau, que inicialmente se salvó del presunto pitufeo de 2015 porque dimitió en marzo de ese año porque dimitió tras ser imputado en el caso Nóos del que acabó absuelto.

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Una documentación incriminatoria para Grau que su abogado tacha de "1.100 folios que son órdenes de trabajo y facturas de las que Grau es ajeno absolutamente a estos documentos". Pero, ha lamentado, "se crea una atmósfera en la que todo parece corrupto y hay que buscar culpable de la corrupción y la malversación".

El alegato del abogado de Alfonso Grau continúa y está previsto que también informen los letrados de Juan Eduardo Santón y José Salinas. Los cuatro acusados, Mari Carmen García-Fuster, Alfonso Grau, Juan Eduardo Santón y José Salinas, también tendrán derecho a la última palabra antes de que el juicio quede visto para sentencia.

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