Anticorrupción, sobre la cuenta opaca de Rita Barberá: "Era como la cueva de Alí Babá"

«El PP de València cometió fraude electoral en las elecciones de 2007, 2011 y 2015» asegura el Fiscal del caso Taula 

El abogado Corbín pide la prescripción de la acusación del cohecho para la exsecretaria del grupo municipal del PP Mari Carmen García-Fuster

El abogado José María Corbín y la exsecretaria del grupo municipal popular, Mari carmen García-Fuster, acceden a la Ciudad de la Justicia, el apsado 1 de febrero.

El abogado José María Corbín y la exsecretaria del grupo municipal popular, Mari carmen García-Fuster, acceden a la Ciudad de la Justicia, el apsado 1 de febrero. / Germán Caballero

«El PP de València cometió fraude electoral en las elecciones de 2007, 2011 y 2015», defendió ayer categórico el Fiscal Anticorrupción en su informe final en el juicio del caso Taula por la presunta caja B del PP de València, que finaliza hoy en la sección segunda de la Audiencia de València. Los hechos de 2015 ya no se juzgan, porque la sección cuarta de la Audiencia archivó el presunto pitufeo. Pero la Fiscalía Anticorrupción introdujo esa campaña en su alegato porque considera que «en las tres elecciones el PP ponía en juego una maquinaria para contrarrestar a los restantes partidos políticos gracias a la ventaja económica que conseguía».

Trampas electorales

Unas trampas electorales a las que el PP de València recurrió (como hizo el PPCV en las elecciones de 2007 y 2008 con la Gürtel, según sentencia firme) a pesar de que, recordó el representante del Ministerio Público, «los grupos municipales no deben hacer gastos electorales, las donaciones son ilegales. No deben manejar dinero en efectivo. Y es la gerencia nacional del partido la que asigna presupuesto. Es Madrid quien lo determina a través de ingresos que la tesorería nacional enviará a cada sede, no pudiendo ingresar ninguna otra cantidad».

Pese a esta imposición vigente en aquellos años, «el PP tenía dos cuentas corrientes. La legal, porque es lícito, legal y normal. El juego democrático es éste. Y la segunda cuenta del Sabadell donde Carmen García era la que mandaba, la que cobraba como asesora del ayuntamiento e ingresaba las pequeñas corruptelas que decía la concejala de cultura. Era como la cueva de Ali Babá, una cuenta que no se sometía a ningún tipo de control, solo a la voluntad de la acusada», defendió ayer el Fiscal Anticorrupción del caso Taula. Una tarea en la que contaba con «el hombre fuerte del PP [que] era el señor Alfonso Grau, que acumulaba cargos por todos los sitios» y que coordinó las campañas electorales de 2007 y 2011, hasta que dimitió en 2015 por el caso Nóos del que acabó absuelto.

Tope de gasto incumplido

El Fiscal describió la operativa orquestada por Grau en estos comicios electorales en las que se disparaba con pólvora de rey. Si el tope de gasto para el PP de la provincia de València era de 150.000 euros para la campaña electoral de 2007, el PP de la Ciudad de València se gastó 2.583.000 euros. ¿De dónde salió todo este dinero? Según el Fiscal Anticorrupción, de fundaciones creadas por el Ayuntamiento de València (CEyD, Fivec y Tvcb, que dirigían los otros dos acusados, Juan Eduardo Santón y José Salinas) y las aportaciones a fondo perdido de las empresas contratistas del ayuntamiento a las empresas fantasma creadas por Laterne, bendecidas por Alfonso Grau y el abogado José María Corbín (al que no se acusa en esta causa). 

El papel de Alfonso Grau

Unos hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción solicita 9 años y dos meses de cárcel para Alfonso Grau, cinco años para Santón y Salinas y un año para Mari Carmen García-Fuster. Petición a la que se sumó la acusación popular que ejerce Compromís. «Alfonso Grau, está en el centro de todas las operativas corruptas en esta especie de cuento de Fuenteovejuna en el que todo se decidía entre todos», aseguró el abogado Enrique Lozano. «El dopaje fue descomunal y en medio de todo ello estaba el señor Grau». 

La defensa de García-Fuster

La jornada la cerró la defensa de Mari Carmen García-Fuster, exsecretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València, que ejerce el abogado José María Corbín, cuñado de Rita Barberá que defiende la prescripción del cohecho. «Los donantes [de dinero al PP] no conocían a Mari Carmen García-Fuster», defendió.