Desahucian a una mujer con tres niños pequeños de un piso del ayuntamiento

Yeray ha sido el protagonista de la jornada pero, a sus 3 años, no entendía ni qué implica un desahucio, ni por qué estaba la policía en la puerta de su casa, ni por qué había un grupo de personas gritando, ni por qué su madre y su abuela estaban tan disgustadas y tan indignadas. Pero todos lo ponían de ejemplo. "Lo dejáis sin casa". Ese era el mensaje a voz en grito que defendía tanto la familia afectada como el Sindicato de Vivienda de València. "Lo dejáis sin casa. Al niño y a sus hermanas. Desahucian a una familia y no a quienes venden droga, que viven también en la finca y sabéis qué pisos son". Esas eran las frases que se escuchaban a primera hora de la mañana en los denominados bloques portuarios de València, unos edificios a 300 metros del mar, abandonados a su suerte hace años porque taponaban la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez. Una colmena de viviendas o infraviviendas, con más de 150 pisos donde casi la mitad son propiedad pública (o de la Generalitat Valenciana mediante la EVha o del Ayuntamiento de València mediante Plan Cabanyal). Se estima que el 40% de las viviendas están okupadas. Como la de Antonia. Ella okupó hace 6 años un piso, propiedad de la sociedad pública Plan Cabanyal (participada por el Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana). Ese es el mismo tiempo que lleva esperando una vivienda social. Pero, mientras espera, ha llegado la orden de lanzamiento. Y ya era la tercera vez.

"Esos niños necesitan una vivienda"

Al desahucio han acudido cinco furgonetas antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía pero los numerosos agentes allí congregados no han tenido que intervenir. Antonia ha bajado a la calle con su hijo pequeño y con su madre. Sus dos hijas (la mayor tiene 6 años) estaban en el colegio. A Antonia la acompañaban algunas vecinas y los integrantes del Sindicato de Vivienda de València que protagonizaron su primera convocatoria de forma unificada, en lugar de segregado por barrios. Las consignas estaban claras: "No hay derecho ni vergüenza. Este despliegue policial para desahuciar a una familia. Es vulnerable, necesita un hogar. Esos niños necesitan una vivienda". Ese era el quid de la cuestión. Antonia sabe que si no tiene techo, podrían quitarle a sus hijos y eso son palabras mayores. Sabe que, si muestra resistencia en el desahucio podrían acabar detenida y es un riesgo que no piensa correr. Así que la mujer ha vaciado la casa, ha bajado a la calle con su hijo pequeño y buscará otra casa que okupar. Mientras tanto, vivirán en casa de la abuela. Ese es el plan a seguir hasta que llegue la vivienda social que necesitan.

Desde el Ayuntamiento de València aseguran que la sentencia que precede a la orden de lanzamiento es de la época del Botànic y data del año 2022. "El pasado mes de febrero este equipo de Gobierno pidió a Servicios Sociales un informe de vulnerabilidad que entregamos en el juzgado para solicitar la suspensión del lanzamiento. Pero ya lo habían paralizado otras veces y el fiscal consideró que la mujer había mejorado en parte su economía al percibir ya más de mil euros de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) pero que no se había preocupado de mejorar su situación laboral desde 2017 así que es la fiscalía quien decide seguir adelante con el lanzamiento", explican fuentes municipales.