PP y Vox podrán saltarse a la oposición para renovar Transparencia, Antifraude y À Punt

La batería legislativa presentada este pasado jueves por PP y Vox irrumpe directamente en el proceso de renovación de tres de los órganos de control y fiscalización de la Generalitat. No afecta a ninguno de los órganos estatutarios, como son el Consell Jurídic Consultiu o la Sindicatura de Comptes, pero sí trastoca las mayorías necesarias para actualizar los cargos del Consell de Transparencia, la Agencia Antifraude y À Punt, este con un nuevo consejo de administración, que ejercen de supervisión de la Administración autonómica. 

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PP y Vox podrán renovar sin necesidad de pactar con la oposición estos tres entes ya que tanto en la ley de Transparencia e incompatibilidades, como en la ley de creación de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, como la que se refiere solo a la Agencia Antifraude, han incluido artículos que habilitan a que la elección de sus responsables sea por mayoría absoluta en una hipotética segunda votación. 

De mayoría cualificada a absoluta

En los tres casos, sus respectivas leyes señalaban necesaria una mayoría cualificada de tres quintas partes del pleno de las Corts, es decir, 60 de 99, para poder nombrar al director de la Agencia Antifraude, a los consejeros del Consell de Transparencia y a cinco de los 10 integrantes del Consell Rector de À Punt. En este último, el cambio legislativo es mayor ya que se constituye un nuevo ente con ocho miembros de los cuales siete salen elegidos directamente del parlamento autonómico. 

Respecto al Consell de Transparencia, este es uno de los organismos que más tiempo lleva con sus representantes en funciones, en concreto, desde mayo de 2021. De hecho, hubo un cambio de ley que pasó su composición de cinco vocales a tres y, ni aún así, ha hubo acuerdo para renovarlo. Con la nueva ley de PP y Vox se permitirá una mayoría absoluta que ambas formaciones suman. 

Por su parte, en las Corts está en marcha la renovación del director de la Agencia Antifraude. Las organizaciones vinculadas a la lucha contra la corrupción propusieron dos candidatos: Gustavo Segura, actual director de Análisis e Investigación de la agencia, y a Eduardo Beut, exdelegado especial de la Agencia Tributaria en la Comunitat Valenciana y expresidente de la patronal de los contratistas de obra pública. Compromís ha criticado esta candidatura por su vinculación en el pasado al PP. La norma de Antifraude la presentaron, eso sí, los populares en solitario, sin la firma de Vox. 

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Las normas no han gustado en la oposición que han criticado las propuestas de “contrarreforma”, “regreso al pasado” o “autopista para la corrupción”. Tanto PSPV como Compromís lamentan que se rompan “consensos” y se “debilite el trabajo de los grupos parlamentarios”, aunque los socialistas reafirman que mantienen su disposición a abordar la renovación de los órganos estatutarios, pero con la misma línea roja: Vox.  

“A diferencia de lo que hace el PP en España, el PSPV tiene clara su posición y en ningún caso es de bloqueo”, expresan fuentes de los socialistas que, agregan que lo que no pueden hacer es “llegar a acuerdos con aquellos que no creen en el Estatut de autonomía”, en referencia a Vox. Por su parte, fuentes de Compromís aseguran que todavía no lo han valorado, pero coinciden en que no ayuda a afrontar unas negociaciones.

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