Centros de discapacidad dejan de pagar nóminas y facturas por las deudas de la Conselleria

A las empresas que gestionan los centros de Servicios Sociales se les acaban los recursos. Por eso han decidido alertar a las familias sobre la situación de impago que padecen este año 2024 por parte de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que ya son cinco meses sin recibir las cuantías que les corresponden. Así, tras la denuncia de las familias de acogida y la crítica de los centros de menores, llega ahora el sector de la discapacidad y lanza un mensaje de alerta y preocupación. Las empresas aseguran que ya deben nóminas a la plantillas, que hay impagos a los trabajadores y recibos domiciliados devueltos por por entidades bancarias al no encontrar fondos disponibles.

Por ello, desde distintos centros han decidido informar a las familias de usuarios (de discapacidad física e intelectual) de los impagos del Consell ya que los recursos se acaban y la situación se complica. 

«Se adeuda a los trabajadores las nóminas de marzo y abril, el 50% del IRPF del primer trimestre, la Seguridad Social de marzo y se han paralizado los pagos a proveedores. Seguramente el banco estará devolviendo los recibos domiciliados», explican desde uno de los centros que ha decidido enviar cartas a las familias de los usuarios «por si la cosa se alargase y tuviéramos que tomar alguna medida».

Los centros le han reclamado la deuda a la Conselleria «pero primero nos dijeron que era un problema informático y luego, que hacen lo que pueden. Nos hemos intentado reunir con los responsables pero lo único que hemos podido conseguir es una respuesta de que se están esforzando en pagar cuanto antes».  

Modelo «de caridad»

Para la coportavoz de Política Social del Grupo Socialista en Les Corts Valencianes, Silvia Gómez, «la realidad es que lo único que hacen en el Consell de Mazón es poner excusas de mal pagador mientras cientos de familias de personas dependientes y centros especializados no reciben las ayudas que les corresponden. Es momento de que se dejen de excusas y se pongan a trabajar, la política social no puede seguir esperando. Está claro lo que pretenden: volver a su modelo de ‘caridad’ y de no proteger a las personas más vulnerables». 

Es más, para Gómez la « política insolidaria» de Mazón pasa factura a las familias. «Les perdonó 300 millones a las grandes fortunas y patrimonios y la realidad es que ahora la factura la pagan las personas dependientes. Ese dinero eran recursos de todos los valencianos que Mazón decidió poner en el bolsillo del 0,5% con más patrimonio», asegura, en referencia a la ley de rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones. Y concluye: «Estamos pagando las consecuencias del gobierno más incompetente e insolidario de la Generalitat Valenciana porque lo que queda claro es que Mazón protege a los grandes patrimonios y castiga a las familias». 

La también diputada socialista Laura Soler ya alertó en marzo de que los impagos del Consell a las empresas del tercer sector durarían, al menos, hasta el mes de mayo. Sin embargo, el tiempo pasa, los recursos y ahorros de las entidades se agotan y el sector alerta a los familiares de una situación «insostenible» que no tiene plazos de resolución. 

"Herencia del Botànic"

Desde la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda mantienen las últimas declaraciones que realizaron sobre el tema y lamentan no tener novedad alguna más allá de que «estamos realizando grandes esfuerzos para ponernos al día con los pagos». «Hablamos de herencia del Botànic que hizo un uso abusivo de la figura del enriquecimiento injusto lo que provocó un endeudamiento de 100 millones de euros a las entidades. Estamos pagando facturas pendientes desde 2018 que estaban en los cajones», afirman fuentes de la conselleria. Y añaden: «Estamos haciendo un gran esfuerzo para ponernos al día con los pagos que son herencia del Botànic, con una deuda enorme para la que no podemos dar plazos pero intentaremos resolver cuanto antes».

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