Los impagos de Igualdad dejan en el limbo a 2.000 trabajadores: "tememos no cobrar"

Dos mil trabajadores de residencias y centros de menores están al borde de no recibir la nómina por los impagos de Igualdad. Así se lo comunicó el Grupo Castillo, la segunda mayor empresa del sector, a la Conselleria dirigida por Susana Camarero recientemente. Si no le ingresan los 30 millones de euros que le deben, no podrá pagar los salarios.

Igualdad ya está en reuniones con esta empresa y sus trabajadores para tratar de afrontar los impagos. El Grupo Castillo es la segunda mayor empresa de residencias en la C.Valenciana, por detrás e la fundación Diagrama. También gestiona decenas de centros de menores, entre ellos el Jaume I de Picassent, un centro de menores infractores de especial complejidad que lleva más de un año sin cobrar.

Estos centros los gestiona la Fundación Antonio Moreno, a la que Igualdad le debe 11 milones de euros. "Nos dicen que este año va a ser muy difícil que salgan las licitaciones, así que seguiremos en enriquecimiento injusto, que es lo último que se paga y tememos que seguiremos sin cobrar", explica un trabajador y sindicalista del centro.

Educadoras llevan ropa de sus casas para abrigar a los menores tutelados por los impagos de Igualdad

Igualdad asegura que ya han pagado 100 millones de euros de la deuda heredada por el Botànic, y que están tratando de ponerse al día lo antes posible. "Hay mucha preocupación por el tema y desde luego no hay abandono", cuentan fuentes del departamento de Susana Camarero, que recuerdan que han centros en enriquecimiento injusto desde el año 2018.

Los trabajadores critican la ineficacia de Conselleria, que sigue explicando la situación por la "herencia" del Botànic. "Entendemos que el anterior Gobierno dejó mucho dinero sin pagar, eso es cierto, pero ellos ya llevan un año y han sacado adelante sus primeros presupuestos. No nos pueden decir que no hay dinero cuando ya han diseñado unos presupuestos ellos, que además, se reducen", critican. En resumen, "hay mucha voluntad pero poco dinero".

El grupo Castillo no es la única que esá sufriendo por los impagos de Conselleria que se arrastran desde la etapa del Botànic. Recientemente la fundación Diagrama anunció a sus trabajadores que solo les podía pagar el 30 % de sus nóminas por los impagos de Igualdad, que ascienden a 13 millones de euros. Finalmente, la financiación de los bancos les ha permitido volver a afrontar los salarios. Esta entidad lleva, en algunos casos, sin cobrar desde diciembre del año 2022.

Retrasos recurrentes

Los impagos de Igualdad a residencias y centros se han convertido en un mal endémico en la Conselleria. La anterior responsable, Mónica Oltra, no logró atajarlos durante años, hasta que anunció la creación de un nuevo decreto de tipologías que debía hacer más eficiente la gestión. En la actualidad el decreto de tipologías ya es una realidad, pero se da un plazo de dos años a las entidades para cumplirlo.

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La verdad es que licitar uno de estos centros o residencias no es un trabajo nada fácil. Si se siguen los cauces normales y sin contratiempos, la gestión de un centro de menores puede demorarse un año hasta que se da a la empresa ganadora del concurso, con lo que este problema no tiene una solución fácil y tampoco rápida.

La realidad de los centros

Detrás de los impagos hay caras e historias, y los usuarios son quienes más sufren esta situación. Recientemente, trabajadoras de varios centros de menores denunciaron que estaban llevando ropa de sus casas para vestir a los niños, ya que no tenían dinero para comprarla. La falta de liquidez provocó que incluso el material escolar se tuviera que racionar para los menores.

Esto sucede en centros a cargo de fundaciones u oenegés pequeñas, que no tienen músculo financiero para aguantar y pedir más préstamos a los bancos como hacen Diagrama o Grupo Castillo. El centro de menores Jaume I de Picassent es otro de los asfixiados por los impagos. "Hemos llegado a tener situaciones de escasez de personal tal que durante un turno de noche se ha llegado a pedir a los menores que necesitaran orinar que lo hicieran en la botella de agua que tenían en la habitación porque no teníamos suficiente personal para sacarlos al baño". Es el testimonio de un trabajador de uno de los 9 centros de menores infractores que hay en la Comunitat Valenciana. Al situarse en enriquecimiento injusto, estos centros continúan cobrando con los precios de 2018, a pesar de la enorme inflación que ha habido desde entonces.

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"Llevamos 6 años con un psicólogo menos por falta de recursos", explica un trabajador. En estos centros suele haber una media de 50 menores, y, teóricamente, deberían tener 3 psicólogos, pero la mayoría tienen menos debido a la falta de recursos. "No puede ser que un menor con problemas de ira, o con adicción a las drogas, te cuente que lleva varios meses sin ver a un psicólogo. Luego salen, uno acaba en una reyerta y otro con una sobredosis y te planteas que deberías haber hecho más por estos chicos", explica un trabajador.

Estos no son casos aislados, sino situaciones que se repiten por todo el mapa de los servicios sociales, que están oprimidos por unos impagos que no se solucionan. Una de las primeras decisiones de la consellera Susana Camarero al llegar fue plantear un plan de choque para afrontar la herencia envenenada del Botànic, un plan de choque que de momento no ha dado frutos. Los centros siguen sin cobrar.