La herrencia Valpark sigue engrosando la deuda de Vallada, el tercer pueblo con más pasivo por habitante de España. El juzgado de lo contencioso nº6 de València ha reconocido el derecho de dos empresas expropiadas por las obras del frustrado parque logístico a ser indemnizadas después de truncarse el aprovechamiento que les prometió la corporación del PP como contrapartida.
En 2008, el ayuntamiento pactó con ambas sociedades un convenio según el cual éstas aportaban al proyecto siete fincas no urbanizables dedicadas al cultivo de cítricos y una de monte bajo a cambio de ser recompensadas con el pago de un justiprecio en especie mediante la adjudicación de dos parcelas industriales ya urbanizadas dentro del parque, cada una con una superficie de 50.000 m2 y totalmente libres de cargas.
Años después de que se paralizaran las obras y se cancelara el contrato de Valpark, las empresas reclamaron al consistorio ser resarcidas con 18,7 millones de euros por el valor de las parcelas originales expropiadas. La cuantía, que equivale a siete veces el presupuesto municipal, es sin embargo descartada por la magistrada Mª Ángeles Vaquero, para quien Baby Plant, SL (dedicada a la producción y compraventa de semillas, abonos y fertilizantes) y la SAT Brillongo Fruits, SL, radicada en Montesa, han de percibir el valor de las dos parcelas industriales que deberían haber resultado de la ejecución del Plan Especial de urbanización de Valpark, sustituyendo el justiprecio en especie inicialmente pactado por su equivalente económico. La juez señala que el montante final a asumir por la administración local ha de determinarse en la fase de ejecución de la sentencia, si bien recalca que no podrá exceder los 18,7 millones que exigían las demandantes. Los técnicos municipales rebajaron a 3 millones de euros el valor de los terrenos una vez urbanizados.
Compromiso de urbanización
El Ayuntamiento de Vallada ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia el fallo, que estrangula todavía más a las finanzas municipales y es tachado de «barbaridad». La defensa lo considera desproporcionado: acepta los incumplimientos por motivos ajenos a la corporación, pero hace hincapié en el compromiso del equipo de gobierno de completar el 60% de la superficie que se quedó por urbanizar para poner en marcha Valpark, un reto por el que se está peleando mucho y que permitiría compensar con nuevos aprovechamientos a las propietarias en un futuro.
Pero las demandantes no están dispuestas a seguir esperando y reclaman una compensación económica. La jueza reconoce una «vulneración del derecho de las empresas que ha provocado su empobrecimiento», por el hecho de haber «entregado sus parcelas de cultivo sin ver satisfecha la contraprestación de fincas resultantes». En caso de no cumplirse con el pago, la magistrada añade que «nos encontraríamos ante una situación material de confiscación».
No es el único revés judicial que ha encajado el maltrecho consistorio de Vallada en las últimas semanas. Otra sentencia del TSJ ha condenado a la entidad local a pagar 177.000 euros a la arrendataria de unos terrenos expropiados en Valpark, propiedad de otra empresa también indemnizada.
