El exalcalde socialista de Aielo de Malferit Joan Bravo ha acusado al actual primer edil, José Luis Juan Pinter, del PP, de mentir. Recientemente, Pinter distribuyó en todos los hogares, junto con el boletín de información municipal, una «carta informativa de vuestro alcalde» en la que, tal como publicó Levante-EMV, el dirigente acusa a la oposición socialista de paralizar la gestión municipal. Pero en concreto, y a parte de las acusaciones hacia el portavoz socialista y su grupo, el alcalde señaló a Bravo. Y aseguró que éste había pedido copia de todas las actas municipales de los plenos de 1970 a 1995.

Bravo, primer edil del 83 al 95, dice que Pinter «miente cuando afirma» que él «ha llegado a solicitar personalmente copia de las actas de todos los plenos» del referido periodo. Así, la petición con registro de entrada nº 1140 (del 14 de julio de 2016) que Bravo aporta señala que iba a «iniciar un trabajo de investigación sobre la etapa 1970/1995 en Aielo de Malferit y por ello necesitaría consultar diversa documentación del Arxiu Municipal» al tiempo que «poder consultar también los libros de actas de los plenos de 1970 a 1995». Es decir, según el escrito, está claro que se pide consultar, no copia alguna. Y menos de todas ellas.

Por otro lado, Bravo muestra la contestación (que desestima su petición) en la que el alcalde señala claramente que se trata de «consulta» y no copias, una manera de admitirlo el propio Pinter, quien en cambio dijo en su carta abierta que Bravo «quería copias».

«Miente deliberadamente»

Bravo acudió al Consell de Transparència de la Generalitat, que le contestó el 3 de marzo de 2017 y que dio un mes al consistorio que preside Pinter para que conteste. Pero éste, para dilatar los procesos y no asumir el cumplimiento de la ley, interpuso un recurso contencioso contra la resolución. Para el exprimer edil, ésta y otras acciones del alcalde «demuestran que «utiliza los medios públicos que le proporciona el cargo»; que «miente deliberadamente», que «vulnera la Ley de Transparencia» y que en definitiva «priva de un derecho a un vecino», zanja Bravo.