La Asociación para la Defensa de la Naturaleza de Enguera (Adene) ha hecho públicas las cuatro alegaciones que ha presentado en el marco de la tramitación del Plan General Estructural de la localidad. El colectivo pide la reducción de la superficie destinada a posibles nuevas canteras argumentando que algunos de los derechos mineros reconocidos en el documento podrían haber prescrito. Adene sostiene que únicamente la actual cantera de la Gravera del Barranquero y su ampliación en la Boquera disponen de permisos otorgados y deberían quedar inscritos en el Plan General. Por el contrario, la asociación rechaza la inclusión de los permisos de explotación e investigación solicitados por empresas de extracción denominados Sant Antonio Abad, La Escondida y Enguera, que se encuentran en fase de trámite y otorgamiento y que podrían originar en un futuro nuevas zonas de canteras en la sierra de la localidad.
Adene invoca una sentencia del Tribunal Supremo sobre el PGOU de Vedra (A Coruña) para concluir que «a fecha de 2019, estos permisos deberían estar caducados y los derechos mineros prescritos», según han explicado. Pero el principal motivo señalado por Adene para que las áreas mineras promovidas por CIA Administradora de Recursos Y Obligaciones SL y Áridos Enguera no se incorporen al Plan General son de carácter medioambiental. El colectivo advierte de que los terrenos se hallan en una Zona declarada de Especial Protección de Aves (ZEPA) con una gran importancia a nivel biológico y temen el impacto que puedan tener las actividades en el «desarrollo ecoturístico de Enguera», dicen, por «el flujo incesante de camiones, el impacto visual, y otras afecciones» de las canteras.
Por último, Adene recalca que, de las nuevas zonas mineras, el 60% de la superficie corresponde a Montes de Utilidad Pública perteneciente al monte de la Redonda nº 75 afectados por un deslinde no aprobado por la administración.
En un comunicado emitido tras ante el revuelo suscitado por el gran incremento del suelo minero, el equipo redactor del Plan General de Enguera defendió que la propuesta en suelo no urbanizable responde a una serie de requerimientos legales, el más inmediato de los cuales es el Documento de Alcance del estudio ambiental y territorial estratégico del Plan General de 2014 emitido por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Generalitat, en el que se explicitan los derechos mineros que un informe de la Sección de Minas enumera. La identificación de las áreas mineras, según el equipo redactor, se realiza bajo criterios técnicos, medioambientales y objetivos «que garanticen los derechos de todos los ciudadanos». Los técnicos recalcan la nueva zonificación «no significa la aprobación de nuevas canteras», puesto que los promotores de las mismas primero han de obtener las autorizaciones preceptivas de la Generalitat siempre y cuando se ajusten sus proyectos a las exigencias ambientales.
Posicionamiento en contra
Pese a estas precisiones, en Enguera existe un rechazo a la posibilidad de que se creen más canteras que ha cristalizado ya en varios actos de protesta. de un lado se recogieron semanas atrás más de 1.000 firmas en contra y tuvo lugar una concentración. La versión preliminar del plan ha prendido la mecha de una corriente vecinal contraria al incremento de la superficie minera en zona situada en plena sierra de la localidad, uno de sus mayores valores patrimoniales, tal como insiste.
