El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha reconocido el derecho de la multinacional FCC, SA de percibir 201.101 euros del Ayuntamiento de Xàtiva tras echar por tierra la liquidación del contrato de recogida de la basura y la limpieza vial practicada en los últimos compases del mandato de Alfonso Rus, en 2015. Después de 20 años prestando el servicio, la empresa quedó excluida de la millonaria contrata a raíz de una serie de desencuentros con el exalcalde que desembocaron en una guerra judicial con múltiples frentes abiertos en los que el consistorio ha terminado derrotado y obligado a abonar importantes cantidades a la constructora, que ya superan los 750.000 euros.
La última sentencia del TSJ, que no es firme, tumba la liquidacion del contrato elaborada por los técnicos municipales de Xàtiva, que arrojó un saldo favorable para el ayuntamiento de 180.000 euros. El gobierno municipal reclamó 136.269 euros a FCC por los ingresos supuestamente obtenidos de la venta de papel y cartón a una tercera empresa, entre 2005 y 2012. La administración local también sostuvo que la exconcesionaria debía compensarle con 219.370 euros adicionales por las deficiencias detectadas en la maquinaria entregada a la finalización del contrato, averiada o en muy mal estado. La justicia, sin embargo, ha fallado a favor de FCC y le ha exonerado de satisfacer todos esos importes, que sumaban un total de 355.639 euros.
La multinacional impugnó en los tribunales la valoración municipal. El recurso fue estimado parcialmente en 2017 por el juzgado de lo contencioso nº3 de València, que rebajó a 7.444 euros la indemnización a abonar al ayuntamiento por la maquinaria defectuosa y recalculó la liquidación, al fijar un saldo favorable para la empresa de 64.832 euros. Disconformes, ambas partes recurrieron esa sentencia, que ha terminado siendo revocada por la sección 5ª de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia.
El último pronunciamiento de este órgano judicial -que es de abril pero acaba de hacerse público por cauces oficiales- libra a FCC de todas las reclamaciones, incluida la de los 136.269 euros correspondientes a la venta de papel y cartón. En su defensa, la multinacional invocó un contrato previo suscrito en 1991 con el consistorio que contemplaba la gestión a su «riesgo y ventura» de la recogida selectiva, haciendo propios los ingresos y también las pérdidas, una circunstancia «conocida y respetada por el ayuntamiento», según la mercantil. Con posteriordad, Xàtiva se adhirió al Convenio entre la Generalitat y Ecoembes, que obligaba las entidades locales a efectuar la recogida de papel-cartón mediante una compensación económica por la realización de operaciones de gestión de residuos y que es independiente de los ingresos que pudieran tener las mismas. Según FCC, el contrato no establecía la obligación de entregar al ayuntamiento esa recaudación. Además, la administración de Rus reclamó una cuantía estimada, como titular de los residuos, y no la efectivamente percibida por el contratista, basándose en los precios medios de papel una vez reciclado, mucho mayores. FCC cifró en 55.411 euros y no en 136.269 euros la cantidad verdaderamente ingresada por la recogida selectiva.
El contrato fue objeto de prórroga y concluyó en 2013. Sin embargo, el equipo de gobierno tardó dos años en requirir a la empresa el reintegro de la venta de papel y cartón, como represalia ante la exigencia por parte de FCC de una revisión de precios de 175.733 euros que fue avalada por los tribunales en otro proceso paralelo. Los magistrados del TSJ consideran que el ayuntamiento vulneró «los principios de confianza legítima y seguridad jurídica» porque toleró durante años una práctica que solo denunció cuando le convino.
Discrepancias con los vehículos
Lo mismo ocurrió con los vehículos adscritos a la concesión. El consistorio no llevó a cabo «reproche alguno sobre el estado de los mismos, ni a lo largo del contrato, ni de la prórroga, ni a su entrega». Fue durante la prórroga forzosa, mientras se tramitaba el nuevo contrato y una vez sobrepasada tanto la vida útil de los vehículos como su amortización, cuando se detectaron los problemas. El técnico supervisor aseguró que el mantenimiento de los equipos por parte de FCC había sido nulo. Una de las recolectoras sufrió un siniestro días antes de su entrega al ayuntamiento y quedó totalmente calcinada. Dos barredoras se cedieron averiadas.
En 2016, el equipo de gobierno de Xàtiva ya hizo una modificación presupuestaria para hacer frente al pago de la revisión de precios y otros importes demanados por FCC por la liquidación del contrato de la basura. Los 200.000 euros que le reconoce el TSJ como saldo final de la concesión obedecen al mismo concepto. La multinacional ha ganado otros litigios en los últimos años que condenaron al consistorio a pagar 152.000 euros por los sobrecostes de las obras de la calle Corretgeria o 400.000 euros por los del CCX.
