Las sanciones urbanísticas se duplican en Xàtiva con las obras sin licencia en auge

El ayuntamiento ha impuesto una veintena de multas y ha abierto 17 expedientes sancionadores relacionados con actuaciones no autorizadas solo en los primeros cuatro meses de 2024

El casco antiguo concentra la mayor parte de los castigos económicos

Obras sin licencia en una casa rural del casco antiguo, en primer término.

Obras sin licencia en una casa rural del casco antiguo, en primer término. / Perales Iborra

Sergio Gómez

Sergio Gómez

La maquinaria de la disciplina urbanísticas funciona a todo gas en Xàtiva tras el refuerzo de las inspecciones a pie de calle. Solo en los cuatro primeros meses de 2024, el ayuntamiento de la capital de la Costera ha impuesto una veintena de multas valoradas en 10.000 euros a otros tantos propietarios de viviendas por infringir la normativa, a tiempo que ha abierto 17 expedientes sancionadores relacionados con la ejecución de obras de reforma sin la preceptiva licencia municipal, según la información recopilada por este diario a partir del contenido de las actas de las sesiones semanales de la junta de gobierno local.

Las cifras adquieren mayor envergadura si se comparan con las que se contabilizaron en el mismo periodo del año pasado. Entre enero y abril de 2023, el consistorio de Xàtiva resolvió 8 sanciones e incoó una decena de procedimientos por la realización de actuaciones sin permiso. Dicho de otro modo, las infracciones urbanísticas detectadas y castigadas por la administración local se han multiplicado por dos de un ejercicio a otro.

En un contexto de precios disparados en el ámbito de la construcción, las obras privadas no sometidas a autorización se han incrementado a todos los niveles. En lo que va de año, la sanción económica de mayor importe que ha impuesto el Ayuntamiento de Xàtiva penalizó a una empresa dedicada al diseño y artesanía en mobiliario de baño que fue multada con casi 5.000 euros por desplegar unos trabajos sin licencia destinados a habilitar una nueva instalación antiincendios en la nave de la firma ubicada en el polígono de la Sèquia de Meses.

Una inspección municipal observó que en el citado emplazamiento se estaban ejecutando obras, tanto dentro de la parcela como en la acera, al detectar la apertura de una zanja de cierta profundidad -tapada con tablas de madera en algunos tramos- que llegaba hasta un gran depósito metálico instalado. Los empleados municipales comprobaron la existencia de un contenedor de obra y muchos capazos apilados. Con posterioridad a la notificación municipal, la empresa solicitó la legalización de las obras, pese a lo cual se le declaró responsable de una infracción leve sancionada con el 2% del valor de la intervención ejecutada.

Los promotores de otra obra en suelo industrial del polígono Albaida han sido sancionados con 600 euros por desplegarla a pesar de que el permiso que solicitaron fue denegado por la corporación municipal.

Dos hermanos pidieron una licencia urbanística para rehabilitar la estructura de un inmueble, desestimada a finales de 2021. Un año más tarde, sin embargo, se detectó la ejecución de obras diferentes a las inicialmente solicitadas y consistentes en la sustitución de las ventanas o el montaje de placas solares fotovoltaicas, entre otras. Ante la imposibilidad de localizar a los impulsores de la actuación para informarles de los trámites que debían seguir si querían legalizar los trabajos -presupuestados en 15.000 euros-, el consistorio acabó ordenando su demolición.

El ayuntamiento ha reforzado las inspecciones para mejorar la disciplina urbanística

Gran parte de los procedimientos sancionadores se concentran en la zona de protección del centro histórico. El 29 de abril, el ayuntamiento ordenó la suspensión inmediata de las obras de adecuación de seis viviendas en un edificio de la calle Pi que se encontraban bastante avanzadas antes de haber reunido todos los permisos necesarios. El mismo día, un propietario fue expedientado por vallar una parcela e instalado una puerta de acceso en unos terrenos situados en la zona de afección al lecho del río Canyoles, en el camino del Pont Sec de Sorió, sin la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

En enero, este diario dio cuenta de la orden de demolición de unas obras sin licencia en una casa rural ubicada a los pies del castillo, cuya propiedad fue sancionada con 850 euros.

Órdenes de ejecución incumplidas

Pero el grueso de las sanciones impuestas por la corporación, en todo caso, van dirigidas a propietarios que no cumplen con el deber de conservación de los inmuebles de los que son titulares, la práctica totalidad de ellos ubicados en el casco antiguo.

Recientemente, la junta de gobierno aprobó una multa de 581 euros por el deplorable estado de una casa de la calle Sant Pere, 35 en peligro de derrumbe. El heredero de la propiedad no fue localizado por los cauces habituales, por lo que se emitió un anuncio para notificarle su obligación de ejecutar una serie de obras urgentes, entre las que figuraban el apuntalamiento del edificio y el derribo de los elementos en riesgo de desprendimiento, como la cornisa de la fachada principal.

Los técnicos municipales también aconsejaron proceder a la limpieza, desinsectación y desratización del interior del inmueble para mejorar las condiciones de salubridad del vecindario. Otros propietarios han sido multados en lo que va de año por las mismas razones en las calles Santes, Rinconada Collar de la Paloma, Sant Joaquim, Roca, Fuente de los 25 Chorros y Canonigo Cebrián. En estos casos el consistorio puede imponer hasta 10 multas y a continuación proceder a la ejecución subsidiaria de las obras que exige si no se cumplen sus requerimientos.

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