Suscríbete Levante-EMV

Levante-EMV

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

El TSJ condena a Igualdad a pagar un sobrecoste del 11% a la residencia de Ontinyent desde 2018

Dos sentencias obligan a la conselleria a aceptar los incrementos de precios reclamados por la empresa que gestiona las plazas públicas del centro

Ontinyent. Residencia La Saleta. PERALES IBORRA

Dos recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana han condenado a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas por negarse a actualizar al alza los precios del contrato de explotación de la residencia de mayores de Ontinyent a pesar de las reiteradas reclamaciones formuladas por la empresa concesionaria del servicio, La Saleta Care, SLU.

Los pronunciamientos emitidos por la sección quinta del órgano judicial reconocen el derecho de la compañía de ver incrementadas las cantidades que ha venido percibiendo desde 2018 por la gestión del recurso asistencial en alrededor de un 11 %.

La firma, controlada desde 2019 por un grupo inversor de capital francés, presentó diversos contenciosos en los tribunales después de ver desestimadas las revisiones de precios solicitadas entre marzo de ese año y junio de 2020 correspondientes a un total de tres anualidades completas del servicio.

Hace cinco años, La Saleta Care, SL se adjudicó la gestión de 35 plazas públicas ofertadas en la residencia de mayores de Ontinyent por 1,4 millones de euros, a razón de un precio de 49,67 euros la plaza por día en 2018 (IVA excluido) y de 50,16 euros por día en 2019. La empresa se acoge a que el contrato tuvo que prorrogarse durante 21 meses con el presupuesto congelado mientras que preparaba la adjudicación de uno nuevo, y defiende su derecho a que se actualice el precio relativo a la prestación por cada anualidad basándose en el incremento del IPC.

Durante el juicio, la Conselleria de Igualdad se opuso a la reclamación haciendo hincapié en la improcedencia de aplicar una revisión de precios a un contrato ya expirado. "Extinguido el contrato no existe la posibilidad de aplicar el régimen previsto en el propio contrato ya finalizado", defienden desde el departamento que ahora dirige Aitana Mas, invocando una sentencia del Tribunal Supremo que afirma que la revisión de precios "tiene un carácter excepcional, en cuanto pugna con una serie de principios básicos de la contratación adminsitrativa como son el riesgo y ventura".

En el caso examinado, desde la conselleria mantienen que no se produjo un enriquecimiento injusto de la administración pública derivado de la negativa a actualizar los precios porque la empresa concesionaria cobró la liquidación correspondiente al contrato, "restableciendo así el desequilibrio patrimonial que habría surgido con la prestación del servicio" a raíz de la prórroga del mismo. Para Igualdad, la contratista "pretende obtener un lucro mediante la aplicación indebida del sistema de revisión de precios".

Mantener el equilibrio económico de la concesión

La sala del TSJCV, sin embargo, subraya que el objetivo de la revisión de precios es "mantener el equilibrio económico de las prestaciones inicialmente pactadas" en el contrato, que "puede verse roto por la evolución de los precios". La sentencia considera que, en el caso expuesto, las revisiones solicitadas tiene sentido porque la prórroga del servicio se alargó demasiado en el tiempo y porque el propio contrato pactado incluía una cláusula que las permitía.

De esta forma, la resolución judicial concluye que La Saleta debería percibir 54,73 euros por plaza y día por la anualidad de 2018 (5 euros más de lo inicialmente establecido en el contrato); 55,39 euros/plaza por el ejercicio de 2019 y 55,83 euros/plaza por el de 2020. Los pronunciamientos citados imponen las costas de los procesos a la Generalitat -hasta un máximo de 1.500 euros en cada caso- aunque su ejecución no es firme, puesto que cabe recurso ante el Supremo.

Este año la Conselleria de Igualdad ha promovido un nuevo procedimiento para renovar las concesiones de las residencias de mayores que eleva a 70 las plazas públicas ofertadas en el geriátrico de Ontinyent (el doble que en el anterior contrato), sobre un total de 133. El servicio ha vuelto a ser adjudicado a La Saleta Care por 5,3 millones de euros a razón de un presupuesto de 66,5 euros (más IVA) por plaza y día hasta 2025. Un precio fijo que abre la puerta a nuevas reclamaciones por el aumento del IPC.

Compartir el artículo

stats