L'Olleria promueve una ordenanza para castigar a puteros y proxenetas

En medio de las fricciones que ha despertado el debate sobre la prostitución entre los socios del Consell, el Ayuntamiento de l'Olleria ha iniciado los trámites para elaborar una ordenanza municipal para castigar a puteros y proxenetas. El consistorio, gobernado por el PP, es el primero que ha sometido a consulta pública previa un procedimiento dirigido a regular y perseguir la prostitución y el tráfico con finalidades de explotación sexual en el ámbito de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida.

Con esta iniciativa promovida por la concejalía de Bienestar Social, la corporación municipal pretende disponer de una normativa propia para luchar contra la prostitución y la trata con el objetivo de erradicar en l'Olleria "cualquier muestra de violencia o explotación sexual", a tiempo que se protegen los derechos de las víctimas "desde un punto de vista jurídico psicológico y social" y se identifican las conductas susceptibles de infracción administrativa y se establecen las sanciones correspondientes.

Antes de afinar el contenido de la normativa abolicionista, el consistorio ha abierto un periodo de 15 días para recabar la opinión de los vecinos, de los sujetos afectados y de las organizaciones más representativas de la población en forma de propuestas o sugerencias. El alcalde de l'Olleria, Ramón Vidal, sostiene que en el municipio no se dan casos de prostitución pero aboga por tener una regulación específica sobre la problemática.

A principios de este mes, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo instó a los ayuntamientos valencianos vía carta a aprobar ordenanzas abolicionistas contra la prostitución según el modelo que se ha puesto a disposición de los municipios. Hasta el momento solo nueve municipios han aprobado la medida.

Ontinyent prevé sumarse en breve

Ontinyent es otra de las localidades que tiene previsto sumarse en breve a la corriente abolicionista, después de adherirse en 2021 a la red de poblaciones libres de trata y prostitución. La regidora de Igualdad, Natàlia Enguix, señala que el consistorio está revisando el modelo de ordenanza remitido por la conselleria para adaptarla a la realidad de la ciudad. El borrador regula la explotación sexual en la vía pública y define una serie de infracciones de diversa gravedad que comienzan con el reparto de publicidad relacionada con la prostitución.

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Enguix aplaude la iniciativa de la Generalitat, pero pone el foco en la necesidad de dotar a los ayuntamientos de herramientas para asegurar el cumplimiento de las ordenanzas a través de la creación de un organismo de vigilancia que asegure el castigo a los puteros y proxenetas mediante la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad. La edil también echa en falta la regulación de medidas para perseguir la prostitución que no se ejerce en la calle, sino en el ámbito privado, con la implicación de la Policía Nacional.

La regidora confía en que la corporación ontinyentina pueda aprobar la ordenanza en uno de los próximos plenos municipales después de haber solicitado hasta en dos ocasiones a la Federación Valenciana de Municipios (FVMP) que facilitara al consistorio el modelo de normativa antiprostitución aprobado por esta institución. Enguix incide en la importancia de trabajar en la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del personal municipal para poner en marcha la regulación, que debe ir acompañada de un plan de acción a nivel municipal dirigido a ofrecer una atención social, psicológica y una acogida adecuada a las mujeres víctimas de la explotación sexual.

"La prostitución y la trata son formas de violencia de género: si las mujeres acuden al área de Igualdad y Servicios Sociales son atendidas adecuadamente", subraya en cualquier caso la concejala.

En Xàtiva, la ordenanza contra la prostitución está encima de la mesa del gobierno municipal, aunque primero debe ser analizada por los servicios jurídicos municipales antes de tomar una decisión al respecto.

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