Tres comunidades de regantes de la Vall se alían contra el abandono de cultivos

Tres comunidades de regantes de la Vall d'Albaida han dado el paso para fusionarse en una única agrupación en un contexto en el que el encarecimiento de los costes de producción y el declive de la agricultura están poniendo al límite la rentabilidad de cada vez más explotaciones.

Los comuneros que pertenecen a las comunidades de regantes de la Foia del Pou, la Acequia Colata y el Pas de Albaida, l'Olleria y Montaverner han aprobado por mayoría en sus respectivas asambleas extraordinarias una integración que permitirá a estas dos últimas entidades beneficiarse de la tecnología puntera para el riego localizado de la que dispone el primer colectivo tras las importantes inversiones de modernización desplegadas en los últimos años sobre una superficie de 3.500 hanegadas en los términos municipales de Montaverner, Albaida, Alfarrasí, Bèlgida, Bufali, l'Olleira, Otos y El Palomar.

Una vez consumada la entente, la comunidad de regantes abarcará una extensión de unas 5.000 hanegadas de terrenos de cultivo en las citadas localidades. Los responsables de las entidades tienen que presentar ante la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) la documentación para regularizar su alianza a la espera de que el organismo de cuenca dé el visto bueno a la agrupación de usuarios.

Aunque en un principio el acuerdo supone la expansión del riego por goteo en el territorio, aquellos comuneros que prefieran seguir regando a manta podrán hacerlo, al igual que quienes opten por abandonar su derecho. "Tenemos que ir evolucionando y estar al día. Las acequias estaban obsoletas, se estaban abandonado los campos porque era un tipo de cultivo inviable y las cosechas únicamente se dedicaban al autoconsumo. Eso no podía seguir así, se iba a perder todo", resume los objetivos de la fusión Macià Martínez, presidente de la Foia del Pou, la comunidad más grande de las tres que han sellado su unidad, con 95 comuneros en sus filas.

La tecnología y la enorme balsa de riego localizado con capacidad para almacenar 170.000 m3 con la que cuenta esta comunidad de regantes desde hace unos años "abre un abanico de posibilidades muy grande" para hacer extensivo el uso de las infraestructuras ejecutadas por esta entidad. La alianza permite al mismo tiempo compartir costes en un momento en el que los agricultores están sufriendo los efectos del aumento de gastos a todos los niveles. "Cuantos más seamos y podamos aprovechar esa tecnología mejor", apunta Martínez.

Obras de modernización

De momento ya se ha iniciado un proceso para intentar captar la máxima cantidad de ayudas posibles de las administraciones públicas con el objetivo de poder ejecutar las obras de instalación de tuberías, hidrantes, tecnología y válvulas vinculadas a la modernización de regadíos en las nuevas parcelas. El convenio también implica compartir los derechos históricos sobre las huertas de la superficie englobada para el beneficio mutuo de los colectivos de regantes.

La Foia del Pou va camino de ser totalmente sostenible. Por un lado, la entidad utiliza el agua reciclada de la depuradora mancomunada de Alfarrasí-Olleria-Montaverner y, por otro, ha apostado por las energías renovables a través de un innovador proyecto cofinanciado con la Generalitat y la Unión Europea para poner en marcha una serie parques solares que han permitido a los regantes ver rebajada la factura de la luz. La idea ahora es ampliar estas instalaciones fotovoltaicas para abrir su zona de cobertura y captar un mayor volumen de energía.

La Foia del Pou tendrá que pagar 112.395 euros a una empresa por un proyecto no ejecutado

Por otra parte, una reciente sentencia de la Audiencia Provincial obliga a la comunidad de regantes Foia del Pou a pagar 112.395 euros a la mercantil Global Omnium Regadío, SA por la realización de un proyecto de modernización y consolidación de regadíos encomendado en 2007 que no llegó a materializarse. Finalmente las citadas obras de modernización fueron desplegadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), a través de una potente inversión pública.

Los comuneros de la entidad con sede en Montaverner pelearon en los tribunales tras la demanda de la empresa inicialmente contratada hace 16 años. Aunque ahora lamentan tener que pagar por un proyecto que no se llevó a cabo, destacan que la gestión no ha quedado en manos de la firma denunciante como esta pretendía.

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