Cuatro informes constatan el impacto negativo del traslado del juzgado de la mujer de Xàtiva

El Ayuntamiento de Xàtiva ha presentado este miércoles a la consellera de Justicia, Elisa Núñez, de un amplio memorándum que recoge cuatro informes en los que se advierte del impacto negativo que ha generado a distintos niveles el traslado de las competencias en materia de violencia de género que antes recaían en los juzgados de Xàtiva al partido judicial de Alzira, articulado por el Ministerio de Justicia en 2023.

En la reunión han participado el alcalde Roger Cerdà, la teniente de alcalde, Amor Amorós, los portavoces de los grupos municipales del PP y Vox, Marcos Sanchis y Francisco Suárez, el decano del Colegio de Abogados de València, José Soriano, el delegado del colegio en Xàtiva, Juan Benavent y la abogada Sonia Galán, además de la consellera y el secretario autonómica de Justicia, Eduardo Ruiz.

Los informes en los que se sustenta el consistorio para pedir la ayuda de Justicia de cara a reclamar al Gobierno la recuperación de las competencias han sido elaborados por el inspector jefe de la Comisaría de la Policía Nacional en Xàtiva, Ricardo González Bermejo; el teniente coronel y jefe accidental de la Comandancia de a Guardia Civil de Valencia, José Cerdán Blaya; la técnica responsable del Departamento de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Xàtiva y la responsable del Centro de Mujer Rural Itinerante de esta ciudad, dependiente de la Generalitat.

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De la lectura de estos documentos se desprende una misma conclusión: el traslado de los casos de violencia sobre la mujer no solo no han mejorado la situación de las víctimas ni la operatividad funcional de los distintos órganos judiciales territoriales implicados, sino que ha producido una serie de inconvenientes.

La cúpula de la Policía Nacional en la capital de la Costera reseña en su informe que durante el primer año de existencia del nuevo juzgado de violencia machista de Alzira, la comisaría de Xàtiva ha registrado "un notable incremento de esta tipología delictiva". El inspector jefe deja constancia de los perjuicios que ocasiona el nuevo esquema judicial en la organización de los grupos operativos de la Policía Nacional, derivados del traslado de detenidos a Alzira, puesto que cada patrulla debe ocupar al menos 4 horas de su jornada laboral en estas tareas, tiempo que se detrae de las funciones de seguridad ciudadana, por lo que "el servicio operativo de la comisaría queda sensiblemente mermado", generando una disminución sobrevenida de efectivos disponibles, "lo que provoca que sea realmente difícil el cumplimiento de sus objetivos de mantener la seguridad ciudadana y el orden público".

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Idéntico efecto indeseado señala el teniente coronel Celdrán Blaya en su informe, en el que manifiesta que, dada la gran cantidad de detenidos que recibe el juzgado de violencia sobre la mujer de Alzira, estos no son atendidos hasta última hora de la mañana, lo que hace que una patrulla territorial haya sido detraída de sus cometidos de prevención de delincuencia prácticamente durante todo su servicio e incluso que precisen el relevo de otra patrulla por la tarde, finalizando la de mañana su servicio tarde atendiendo a las distancias existentes entre los distintos municipios y la sede judicial. El mando de la Guardia Civil también advierte como "problemática" la circunstancia de los "largos trayectos que han de recorrerse para presentar a los detenidos".

Por otro lado, desde la Casa de les Dones de Xàtiva se informa del impacto negativo que ha tenido la medida en el proceso de recuperación de las mujeres víctimas de violencia de género residentes en el partido judicial. El escrito recalca que “los servicios públicos responsables de la reparación y restauración de las secuelas de la violencia de género deben cumplir el principio de proximidad si realmente quieren ser eficaces y eficientes […] De lo contrario incurriríamos en una revictimización institucional”.

Algunas víctimas aseguran sentirse "desubicadas y desorientadas emocionalmente" por el traslado de los casos a Alzira

En una línea similar, el Centro Mujer Rural Itinerante de Xàtiva constata que el traslado de competencias “ha afectado de forma significativa a las usuarias […] porque las separa del principal servicio y recurso de protección que son los juzgados porque la justicia debe ser digna pero también próxima”. Este informe continúa señalando que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la competencia territorial en este tipo de delitos vendrá determinada por el lugar de domicilio de la víctima y no por el lugar de comisión de los hechos, con la consecuencia de que el traslado de competencias a Alzira incrementa el alejamiento físico de la Justicia respecto a la víctima, en lugar de acercarla como persigue el espíritu de esta ley.

La responsable del servicio hace constar la situación de saturación del nuevo juzgado de Alzira y el incremento de los tiempos de desplazamiento a la sede judicial, agravado por la ausencia de conexiones de transporte público entre los municipios del partido judicial de Xàtiva con Alzira. El informe incluye referencias a testimonios de usuarias que afirman sentirse “desubicadas y desorientadas emocionalmente en un momento en el que son especialmente vulnerables y el problema se multiplica cuando se trata de mujeres extranjeras que no llegan a comprender los motivos de los desplazamientos”. 

"Necesitamos el apoyo de la conselleria"

El memorándum elaborado por el Ayuntamiento de Xàtiva también incluye referencias a las memorias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat que abogan por la necesidad de crear un juzgado específico de violencia de género en la capital de la Costera e incorpora las mociones conjuntas de todos los grupos municipales a favor de las competencias.

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El 31 de enero se acordó la creación de un grupo de trabajo conjunta entre el ayuntamiento y el Colegio de Abogados para recopilar toda información sobre las consecuencias que ha tenido la retirada de competencias. "Necesitamos contar con el apoyo de la Conselleria de Justicia en esta reivindicación", subraya el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, para quien este respaldo es "fundamental". El primer edil recuerda que todos los informes aportados "dicen claramente que las principales afectadas están siendo las propias víctimas, que están sufriendo un proceso de revictimización como consecuencia de tener que desplazarse a Alzira".

Cerdà confía en contar con la ayuda de la conselleria con vistas a trasladar la demanda al Ministerio de Justicia para que "esta decisión injusta e injustificada se revierta y vuelvan las competencias a la ciudad de Xàtiva".