La pandemia ha extendido el uso de la tecnología para monitorizar a la población hasta extremos cuestionados en algunos países. Frente al temor a que se normalicen las nuevas formas de control social, los expertos urgen a reforzar el cumplimiento de las recientes regulaciones y a garantizar la transparencia en el tratamiento de datos privados.
En los 15 segundos que separan a un ser humano de alcanzar el estrellato con un baile en pijama en TikTok, la aplicación de moda incubada en China es capaz de captar más información de un usuario para fines comerciales de la que cualquier adolescente estaría dispuesto a confesar nunca a sus padres. Con un simple clic (el que activa el consentimiento), las grandes corporaciones tecnológicas se reservan un poder de monitorización que habría sido la envidia del Gran Hermano orwelliano. Pero en tiempos de sobreexposición virtual y de inflación narcisista, las redes digitales son percibidas por la sociedad como el principal medio libre y los escándalos estallan cuando una potencia como China utiliza tecnología predictiva y de reconocimiento facial comprada en Europa para espiar de forma masiva a los miembros de una minoría musulmana al más puro estilo Minority Report, o cuando el uso fraudulento de los datos de millones de usuarios de Facebook acaba ayudando a un Donald Trump a ganar elecciones. Con la pandemia, la tecnología de rastreo se ha demostrado eficaz para luchar contra la expansión del virus y salvar vidas, pero el férreo grado de control aplicado por algunos países (sobre todo asiáticos), con el desarrollo de aplicaciones de geolocalización, pulseras electrónicas o pasaportes biológicos, ha alimentado el debate en torno a los límites de la vigilancia masiva por el temor a que se normalicen nuevas formas de control social que los tribunales europeos prohíben siempre que no estén justificadas por razones de seguridad. ¿Ha abierto la crisis sanitaria la veda para finiquitar derechos inalienables en democracia sin que nos demos ni cuenta?
Juristas, expertos en Nuevas Tecnologías y altos mandos en la administración valenciana responden con un rotundo «no» cuando se habla del caso específico de España. Los especialistas trazan una línea divisoria muy clara entre el ámbito privado y el público, donde los controles deben ser mucho más estrictos para garantizar el derecho a la privacidad y a un tratamiento de los datos personales seguro y anónimo desde la proporcionalidad, la ética y la finalidad legítima. «Ni pestañeamos a la hora de dar datos privados en las redes sociales a grandes empresas extranjeras, pero somos muy susceptibles y nos embarga un temor exagerado cuando una entidad pública como el Instituto Nacional de Estadística utiliza los datos de geolocalización de las operadoras de móvil para estudiar nuestros comportamientos de movilidad, pese a que su tratamiento es totalmente anónimo», sostiene Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional y coordinador de la Red de especialistas en Derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). En la reflexión coincide Joaquín Cañada, delegado de Protección de Datos de la Generalitat. «Se sospecha más del uso público de los datos pese a que ofrece controles mucho más garantistas, porque tiene que estar sujeto a leyes específicas que aseguren que no va a haber un efecto adverso para los ciudadanos». Para Cañada, lo prioritario es garantizar el derecho fundamental a la protección de datos y, para ello, es fundamental reforzar el personal especializado y cumplir con los estándares de anonimización.
"Ni pestañeamos al dar datos privados en las redes sociales, pero nos embarga un temor exagerado cuando se trata de un ente público, aunque los controles y garantías sean mucho mayores"
El reto, a juicio del director general de TIC de la administración autonómica, José Manuel García Duarte, consiste en poder digitalizar, ordenar y gestionar los datos personales con la suficiente transparencia, puesto que su custodia a cargo de las instituciones públicas, según defiende, cumple «con las máximas garantías de privacidad». «El ciudadano debe saber qué datos suyos maneja la administración y qué uso se les da. Modelos de trabajo como los que emplea el gobierno de Estonia para la trazabilidad de los datos de sus ciudadanos son un ejemplo que nos podría marcar el camino a seguir », remarca el alto cargo de la Generalitat. Para García Duarte, todavía queda mucho por hacer en la mejora de la eficiencia y la agilidad de la gestión publica a través de herramientas tecnológicas de Inteligencia Artificial (IA).
"La pandemia ha demostrado que debe relajarse la privacidad para vigilar el avance del virus, pero hay que generar confianza en la población y garantizar que los actores son públicos"
Emilio Soria, catedrático de Ingeniería Electrónica de la UV, coincide en que el potencial de la IA no se ha aprovechado lo suficiente para combatir la crisis sanitaria. «La pandemia ha demostrado que necesitamos relajar la privacidad para vigilar el avance del virus, pero hay que generar confianza en la población y garantizar que todos los actores que participan en el tratamiento son públicos y que los datos sensibles no se usan con otros fines» . El especialista aboga por abordar el problema desde un nuevo enfoque, teniendo en cuenta que el concepto de privacidad se ha difuminado y que no debe sacralizarse porque, a su juicio, una normativa demasiado restrictiva en este campo supondría sacrificar muchos años de innovación tecnológica en la competición frente a actores tan potentes como EE UU o China, donde los países europeos ya van con retraso. «La clave es poner en una balanza determinados planos y casos con una regulación adecuada. Si Europa puede ser un referente en IA, vamos en la dirección opuesta». Soria distingue la privacidad de la intimidad, dentro de la que se englobaría todo aquello que no se quiere contar. «Si quieres tener privacidad no puedes compartir datos. Con unos clics en Facebook te pueden conocer más que tu pareja. El banco está vendiendo tus datos a terceros, el supermercado sabe lo que compras y dónde y las redes sociales son un escándalo: hacen una segmentación milimétrica de tus gustos, de lo que votas y de lo que quieres. Hay que poner más el foco en concienciar a la gente», remacha el catedrático, que advierte de que la anonimización total de datos es una quimera.
"El ciudadano debe conocer qué datos suyos maneja la Administración y qué uso se les da. Los avances en Inteligencia Artificial se han de llevar a cabo con transparencia"
Lorenzo Cotino no confía tanto en que los esfuerzos por generar conciencia digital ayuden demasiado. «La gente no está dispuesta a renunciar a Facebook. Sus usuarios no han bajado pese al escándalo de Cambridge Analytica», señala. El jurista, en cambio, hace hincapié en que los reglamentos a nivel europeo y la innovadora Carta de derechos digitales española (en fase de aprobación) son herramientas eficaces y constituyen avances muy importantes para evitar que los datos de los usuarios se usen con fines ilícitos. Como ejemplo de que algo ha cambiado, Cotino cita las recientes sanciones a los gigantes tecnológicos o la elevada multa al BBVA por vulnerar la normativa de protección de datos. Para el experto en derecho tecnológico, los verdaderos desafíos pasan por reforzar la vigilancia sobre el cumplimiento de las leyes y por conseguir una normativa lo más unificada posible que evite grandes disparidades entre potencias. «El negocio de los datos está en manos de grandes corporaciones y los gobiernos intentan regular desde el ámbito de la privacidad, para impedir la comercialización descontrolada; y el de la economía, para evitar que entre tres grandes corporaciones manejen casi la totalidad de los datos de los ciudadanos del planeta», resume en la misma línea García Duarte. Mucho por hacer y poco tiempo que perder.
