Dinero, ambición, despecho, venganza o simplemente justicia. Son muchas las razones por las que a un cargo electo le puede salir a cuenta el peaje que hay que pagar por una traición en caliente. Durante algún tiempo, Maruja Sánchez Trujillo se ganó la vida deleitando a los turistas con sus zapateados flamencos en los hoteles de Benidorm, pero su mejor movimiento lo ejecutó el 22 de noviembre de 1991 con una joven promesa llamada Eduardo Zaplana como pareja de baile. Escoltada por medio centenar de policías y abucheada al grito de «traidora» por los simpatizantes del partido con el que se había presentado a las elecciones, Sánchez llevó su infidelidad al PSPV hasta las últimas consecuencias cuando apoyó la moción de censura que catapultó al por entonces desconocido político del PP a la alcaldía de la capital de la Costa Blanca. Fue el colofón a un guion de película que comenzó cuando la «bailaora» desapareció del radar de sus excompañeros de partido y se refugió durante días fuera de la ciudad mientras negociaba con Zaplana y sus acólitos el precio de la operación, que años más tarde se tasaría en 2 millones de euros: el coste de los cargos que fueron atesorando en la administración tanto ella como otros allegados directos. A él aún le fue mejor: presidente del PPCV, diputado, presidente de la Generalitat, ministro, portavoz del Gobierno, puerta giratoria a Telefónica y 8,2 millones en ingresos declarados entre 2001 y 2017. Una carrera meteórica solo truncada cuando la Guardia Civil se cruzó en su vida con una orden de detención por cohecho, blanqueo de capitales y malversación bajo el brazo. El «marujazo», bendecido por Mariano Rajoy, fue el pecado original del transfuguismo en tierras valencianas y sus ecos todavía resuenan con fuerza 30 años más tarde. Los grandes partidos firmaron un pacto en 1998 que describe esta práctica como «una forma de corrupción que altera las mayorías expresadas por la ciudadanía en las urnas», pero los intentos de articular una regulación efectiva hacen aguas por todas partes, los compromisos continúan quedando con frecuencia en papel mojado y la proliferación de tránsfugas contamina el debate político entre acusaciones de compra de voluntades, como lo demuestra el frenético trasvase de cargos de Ciudadanos al PP y el reciente cambio de chaqueta de tres exconsejeros naranjas recibidos con los brazos abiertos en el gobierno murciano.
La Comunitat Valenciana tampoco está vacunada contra el virus. En menos de dos años de legislatura han prosperado ya cinco mociones censura apoyadas sobre las espaldas de nueve tránsfugas que han visto mejoradas sus perspectivas económicas o su posición de autoridad. El principal damnificado ha sido Compromís, que ha perdido las varas de mando en Agres, Massalfassar y Teulada, y el único beneficiado el PP, que ha conseguido la alcaldía en estas dos últimas poblaciones y en la Torre de les Maçanes, con el aval tácito de la dirección provincial alicantina. La sombra de Zaplana aún es alargada. En Cortes de Pallás, un regidor abandonó la coalición valencianista para convertirse en alcalde no adscrito con el apoyo del PP, desbancando a los socialistas del gobierno. En Agres, un tránsfuga del PSPV ocupa la vara de mando. Otros regidores socialistas fueron expulsados de este partido por separarse de sus directrices para aupar a alcaldes del PP en Massalfassar y Teulada. En la última sesión de control en las Corts, el president de la Generalitat, Ximo Puig, dejó clara la línea roja: «Transfuguismo es indignidad».
El Pacto Antitransfuguismo se actualizó a finales del año pasado y la Federación Valenciana de Municipios ha elevado la presión sobre las entidades locales para que se comprometan a respetarlo. El acuerdo deja en manos de las fuerzas políticas la identificación de sus cargos como tránsfugas, considerando como tales a las «personas electas por una candidatura si abandonan, se separan de la disciplina o son expulsadas del partido» manteniendo el acta. En la práctica, todo no adscrito rechaza una etiqueta con la que deberá convivir toda la vida, asegura actuar siempre movido por los intereses de los ciudadanos y defiende que a nivel municipal hay muchas peculiaridades a tener en cuenta más allá de las siglas. «Los mandos de los partidos dejan caer a los peones para no tener problemas, sin atender a razones», asegura Héctor Morales, regidor apartado del PSPV por pactar una moción de censura con el PP en Teulada. Morales apela al «clientelismo, el nepotismo y el rodillo» de sus anteriores socios de gobierno de Compromís para defender el giro, que le ha llevado a gestionar Urbanismo. También recuerda que los valencianistas se apoyaban en tránsfugas de Cs para gobernar, como en otros pueblos. La exalcaldesa de Compromís acusa a sus verdugos políticos de perseguir únicamente una silla y un sueldo. Y el PSPV comarcal carga contra Morales por «esconder datos, manipular informaciones y negarse a dar explicaciones».
Hay quien no ha nacido para acatar la disciplina de partido. Antes de protagonizar otro de los casos más sonados de transfuguismo de los últimos tiempos, otra vez de vuelta a Benidorm, José Bañuls comenzó su andadura política en el PP, aunque rompió con el partido por sus discrepancias internas y fundó una formación independiente con la que concurrió a las urnas. En 2007, el popular Manuel Pérez Fenoll lo reclutó para su candidatura a las municipales sin sospechar que el regidor terminaría sirviendo en bandeja la llave de la venganza al PSPV para recuperar la alcaldía de Benidorm 18 años después del «marujazo». Un día antes de la moción de censura, como los grandes equipos antes de un duelo futbolístico, el nuevo gobierno municipal se aisló en un hotel para evitar sorpresas. La operación provocó un enfrentamiento entre el PSPV de Jorge Alarte y la dirección federal del PSOE.
Doce concejales socialistas que firmaron el relevo, entre ellos la madre de la entonces secretaria de organización, Leire Pajín, acabaron apartados temporalmente del partido y se convirtieron en tránsfugas, aunque posteriormente volvieron a concurrir con las siglas socialistas en las siguientes elecciones, que el PSPV ganó. Con la perspectiva del tiempo, Bañuls no se arrepiente de la decisión que tomó y asegura tener la conciencia tranquila. «Actué con total tranquilidad porque sabía que era la mejor opción si quería cambiar las cosas», asegura hoy el exedil, que defiende la autonomía del concejal para cambiar de posición mediante el instrumento de la moción de censura y atribuye su viraje a los incumplimientos electorales de su partido y a la corrupción. «El tiempo me ha dado la razón: muchos de los cargos públicos del PP que me fustigaban han sido procesados y algunos condenados a prisión». A juicio de Bañuls, el debate sobre el transfuguismo suele ser «simplista e hipócrita». «Las direcciones de los partidos siempre aluden al Pacto Antitransfuguismo a su conveniencia, en función de cómo les afecta, cuando cada moción tiene sus motivaciones, su casuística y su contexto», opina. «Cuando te conviertes en tránsfuga asumes un riesgo y sabes que probablemente será el final de tu vida política», apostilla.
Por supuesto, la recompensa a la traición suele ser un sueldo más elevado, un buen puesto asegurado y alguna que otra prebenda. El exdiputado Francisco Javier Tomás Puchol pasó a cobrar el doble cuando dejó el PP para recalar en el grupo mixto después de fichar por Coalición Valenciana en 2005. Varios históricos dirigentes locales del PP cimentaron su trayectoria política a cambio de llegar a acuerdos de colocación con ediles no adscritos. Es el caso del exalcalde de Càrcer, Aurelio Hernández, o la exalcaldesa y exsenadora de Carlet, María Ángeles Crespo. En 2001, los populares terminaron mediante la misma fórmula con 22 años de gobiernos del PSPV en Mislata y El Puig con el espaldarazo de tres tránsfugas socialistas.
Ningún partido se libra de acoger en sus filas a algún cargo que sale rana. En 2018, Luis Barcala (PP) accedió a la alcaldía de Alicante gracias al voto en blanco de una regidora expulsada de Podemos que se había quedado sin sueldo ni competencias a raíz de una serie de contratos bajo sospecha concedidos a personas afines. La revancha estaba servida. La Fiscalía investigó el presunto intento de compra de Nerea Belmonte, pero la causa terminó archivada. La exedil permanece hoy apartada de la política y prefiere no hablar de la polémica.
La aparición estelar de Ciudadanos en la política municipal a partir de 2015 dio paso a un aluvión de tránsfugas sin demasiado apego a las siglas que se negaron a obedecer las férreas directrices que llegaban desde Barcelona. Lo mismo ocurrió años atrás con un buen puñado de ediles de Unió Valenciana (UV) que cambiaron de chaqueta para ayudar al PP a asumir más cuotas de poder.
Nadie dijo que la vida del tránsfuga fuera fácil. A Elvira Vila, la decisión de no acatar la orden de su partido (UV) de apoyar al candidato más votado en la sesión de investidura le costó una manifestación en la que cientos de vecinos de Albal le pidieron que entregara el acta, hace veinte años. «Tránsfuga, dimite, el pueblo no te admite», coreaban. La moción de censura que encumbró como alcalde de Llaurí al también ex de UV Juan José Cucarella en 2005 terminó con un tumulto que obligó a intervenir a la Guardia Civil tras un acalorado pleno que acabó entre intentos de linchamiento a los responsables de arrebatar la vara de mando al PSPV. Un tránsfuga socialista sufrió un infarto y se registraron denuncias por agresiones. Otros cargos implicados en mociones de censura relatan llamadas intimidatorias, ruedas pinchadas, pintadas, insultos y presiones al más alto nivel hasta el último minuto. La exedil popular Natividad García tuvo que salir escoltada del pleno que la aupó a la alcaldía de la Pobla de Farnals, al frente de un gobierno con el PSPV que más tarde fue declarado tránsfuga en bloque. García, que se subió el sueldo a 56.000 euros, acabó condenada por malversación y cohecho en 2016.
En 2020, el Tribunal Supremo determinó que los no adscritos no pueden asumir nuevos cargos o retribuciones que supongan una mejora a nivel económico o político en una sentencia que sentó jurisprudencia y que obligó a una regidora de la Font de la Figuera a devolver 18.000 euros cobrados tras ser expulsada de Ciudadanos por pactar gobierno con Compromís. En Dénia, la justicia determinó que el tránsfuga socialista que dio la alcaldía a la popular Ana Kringe había percibido 120.000 euros ilegalmente, cantidad similar a la que se exigió a otro edil no adscrito en Canet. Hace poco, la Agencia Antifraude resolvió que una tránsfuga del PP en Paterna cobraba un sueldo irregular de 32.000 euros anuales sin el aval de los técnicos municipales. En la actualidad ejerce como asesora del alcalde, del PSPV. La burocracia y las grietas de una normativa municipal que sigue sin aportar claridad eternizan situaciones jurídicamente cuestionables a lo largo de los años. Que se lo digan a Maruja.
