En apariencia no era más que una modesta e inofensiva academia que en 1971 acababa de instalarse en un diminuto piso de la calle Moratín de València, con una sola profesora en plantilla. Pero en la práctica, la creación del Secretariat d’Ensenyament de l’Idioma camuflaba bajo una tapadera de legalidad las actividades de un grupúsculo de infatigables intelectuales de la izquierda nacionalista que, con Nosaltres, els valencians como biblia y los Països Catalans como meta, soñaban con el despertar de la lengua y la cultura tras el profundo y duradero letargo de la dictadura. Joan Fuster, Manuel Sanchis Guarner o Adolf Pizcueta se implicaron en la gestación de un proyecto que, cuando la clandestinidad dejó de ser imperativa, se rebautizó como Acció Cultural del País Valencià (ACPV): la entidad cívica llega a su 50 aniversario sin haber dejado nunca de ser una piedra en el zapato de los gobiernos valencianos, con una junta directiva renovada y un ritmo incansable después de una trayectoria con luces y sombras.
«Al principio éramos cinco, no más», evoca medio en broma medio en serio el editor y promotor cultural Eliseu Climent, alma máter de la criatura. Él fue quien consiguió a un «precio bajísimo» el inmueble en el que se asentó la academia -cuya única docente oficial era su esposa, Rosa Raga- con la mediación de unos amigos de su padre dedicados al negocio del vino. ACPV nació con los ojos puestos en organizaciones hermanas por aquel entonces ya legalizadas como la catalana Òmnium Cultural -que financió sus orígenes con aportaciones voluntarias, como también hizo Jordi Pujol- y Obra Cultural Balear, pero en suelo valenciano todo era más complicado. «Aquí no nos daban permiso para nada: informaban de que éramos los rojos y de ahí no pasaban. Por eso hubo que crear la fantasía del Secretariat», cuenta Climent, que en este punto invoca por primera vez a Fuster, primer presidente de Acció: «Solía decir que los catalanes llegaban a Franco a través de la burguesía y los baleares a través de la Iglesia, pero los valencianos no teníamos ni una cosa ni la otra».
El primer gran hito del colectivo fue brindar formación lingüística y pedagógica a 10.000 maestros, partiendo de un clima de gran precariedad. «La gente tenía una idea muy vaga de la lengua y yo no entendía para qué queríamos maestros si no había ninguna escuela», confiesa el presidente de honor de Acció. Con el tiempo se comprobó que aquella labor -que hoy continúa con el Centre Carles Salvador- contribuyó al proceso de normalización, como enfatiza otro de los dirigentes históricos, Joan Francesc Mira. «Cuando en 1982 se aprobó la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, había miles de maestros preparados para impartir clase», recalca. «Por aquel entonces no había nada y se hizo de todo. La lengua y la cultura eran asignaturas totalmente ignoradas y no existían precedentes de una organización como la nuestra», incide el escritor. En su ambición inicial, Acció incluso acarició el control de las Fallas de València. «Pero nos descubrieron y hubo una catástrofe que hizo caer al presidente de la diputación, en 1974», suelta Climent, que no esconde un asomo de autocrítica por haber dejado pasar aquella oportunidad de infiltración en la fiesta popular.
La década de los 80 fue la de la apuesta por los medios de masas, sobre todo con la aparición de TV3. Climent, que se dio cuenta de su importancia como canal de difusión de la lengua cuando vio la serie Dallas en catalán, pidió a Pujol girar la señal del repetidor de Tortosa para que llegara al territorio valenciano. Comenzó así una batalla con las administraciones del PP «en la que menos sexo ha habido de todo», bromea el editor. El cénit llegó cuando el Consell de Francisco Camps impuso multas estratosféricas que cortaron las emisiones de la cadena y ahogaron a Acció Cultural. Pero la asociación -generosamente nutrida con el oxígeno económico de la Generalitat de Cataluña y las aportaciones de miles de socios- plantó cara: recogió 650.000 firmas y orquestó una gran manifestación que terminó con la actuación de Lluis Llach en las Torres de Serrans de València a las puertas de las elecciones de 2011. La entidad también tuvo su papel en el nacimiento de Canal 9: consiguió que muchos ayuntamientos se posicionaran a favor de las emisiones en valenciano a partir de un documento que milagrosamente unió a dos figuras antagónicas como Joan Fuster y Xavier Casp. Climent recuerda visitar en Vila-real al cardenal Tarancón para pedirle su firma. «Me dijo que lo haría porque siempre hay que estar al lado del malaltet», ríe. A partir de los 90, ACPV influyó junto al setabense Carles Solà -entonces rector de la Autònoma- en la creación de la Xarxa Lluís Vives de universidades para «ganar» el mundo académico y en la constitución del Institut Villalonga para arraigar en el ámbito económico. Antoni Gisbert, actual secretario y durante muchos años coordinador de Acció, subraya en esa época otro gran salto cualitativo, cuando se planteó la necesidad de conectar con una generación de jóvenes que no había vivido la transición y no se identificaba con los viejos esquemas. La idea fue impulsar un movimiento de música rock y pop en valenciano por entonces inexistente a través de conciertos y concursos comarcales. «En uno de ellos aparecieron unos chavales de instituto con un casete. Se llamaban Obrint Pas», rememora Gisbert. Fue el origen de una eclosión de bandas que ha ayudado a amplificar la lengua a través de la música de masas.
La llegada de Eduardo Zaplana a la Generalitat, aupado por una ola de regionalismo anticatalanista, marcó un cambio de ciclo hacia la confrontación directa. Acció respondió con un pulso en la calle a través de movilizaciones y actos multitudinarios en la plaza de toros, como el que en 1998 homenajeó a Enric Valor. «Inventamos el 25 d’Abril», proclama Climent. El coso acabó quedando vetado para la organización durante 16 años, como ocurrió con otros espacios públicos. Las tensiones fueron en aumento y ACPV se dedicó a «picar piedra» por el territorio, implantándose en las comarcas través de la extensa red logística de casales Jaume I, caldo de cultivo de líderes políticos ligados a la izquierda. «Hubo una época en la que casi éramos la única oposición al PP», mantiene Gisbert.
Otra demostración de fuerza -facilitada por el respaldo del gobierno catalán- llegó en 2004 con el traslado de la sede de ACPV a unos antiguos grandes almacenes reconvertidos en el Centre Cultural Octubre, «un centro de referencia cultural sin equivalente en València», según Joan Francesc Mira, «pese al poco apoyo del ayuntamiento». El expresidente reivindica el papel de Acció en el «renacer de una conciencia colectiva como pueblo» y pone el acento en su volumen de socios (oficialmente 4.000) y en su carácter transversal. «Siempre se quiere ir más lejos, pero gran parte de lo que creíamos que no se haría realidad se ha conseguido».
La actual presidenta, Anna Oliver, comenzó a vincularse cuando estaba en el instituto y acudía al casal de Carcaixent a por VHS para montar cinefórums. Cogió el testigo de Mira tras un proceso de relevo generacional, poco antes de declararse la pandemia. «A los 15 días tuve que enviar a todo el mundo a casa», lamenta. A modo de revulsivo, la entidad ha echado el resto con la organización de un aniversario a la altura: una antología de cuatro discos que repasa la historia de la música en valenciano, un homenaje a Enric Valor, la recuperación de las colonias de verano, la ampliación de las alianzas con otros colectivos, un extenso programa cultural y memorialístico...
ACPV se ha alineado con la agenda soberanista del Govern catalán, al tiempo que presiona (e incomoda) al Botànic para que cumpla compromiso como la entrada en el Institut Ramón Llull, la normalización lingüística más allá del ámbito educativo o la vuelta de la señal de TV3, cuestiones que, junto a la capacidad de la entidad para captar subvenciones en Cataluña, son usadas por PP, Cs y Vox para invocar la amenaza del catalanismo. «No me preocupa que nos pongan en el foco. Intentan generar discordia, pero el debate es muy artificial. En la calle no se ve ese problema», sostiene Oliver. «Las ayudas las reciben todos los colectivos, están fiscalizadas y se justifican al detalle», sentencia. «Si hemos podido resistir es porque tenemos base social, ingresos propios y una capacidad de movilización fuerte», completa Gisbert, que traza una hoja de ruta «en sentido propositivo» para seguir creciendo en implantación territorial.
medio siglo de historia.
