Las visitas a las plantas de tratamiento deberían ser obligatorias. A modo de excursión escolar, las empresas, instituciones, asociaciones o colectivos deberían promover esta actividad o incluso que formara parte de la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas. Hasta que uno no ve en primera persona las montañas de basura que generamos cada día, no es consciente del monstruo que hemos creado, porque cada día lo echamos a un contenedor y desaparece con un camión. No se ve, pero está. Y tiene forma de toneladas y toneladas de basura. Con un poco de suerte, se habrá separado desde casa y el plástico, así como el cartón o el vidrio, irán por caminos separados. Si no, el monstruo de ‘resto’ lo aglutina todo; y todo es todo.
En 2017, último año del que se dispone de datos, en España se reciclaron únicamente el 46,1 % de los residuos municipales, en línea con la media europea (46,9 %). Una cifra que puede, y debe, mejorar, en un contexto actual con el precio de las materias primas disparado y con una oportunidad en estas plantas de tratamiento de residuos que está siendo desaprovechada. ¿Por qué?
«Porque lo que aquí entra no tiene orden ni concierto. Cuando se fabrica un envase o un producto, no se hace pensando en darle una nueva vida cuando muera. Se hace solo para que quede bien en un mostrador; es lo que preocupa a los productores, hacer recipientes que sean fáciles de coger, de llevar, de transportar, de usar. Pero en absoluto preocupa qué hacer con ellos después. Y ese es el reto: recuperar todo ese material». Ángel Rodríguez, gerente del Consorcio València Interior y de la planta de tratamiento de residuos de Guadassuar, no titubea cuando explica que la responsabilidad de dar esa nueva vida a los productos que compramos no solo es del usuario y su conciencia cívica para separarlos y tratar de darles otra oportunidad. Aquí, el otro 50 % de la conciencia cívica deben tenerla también los grandes productores que son los que diseñan sus envases y productos y los mandan al mercado.
Si hasta ahora la sensibilización iba dirigida al ciudadano, ahora, con la nueva Ley de Residuos que prepara el Gobierno central, las empresas estarán obligadas a aplicar esa conciencia desde el mismo momento en que se diseñe un objeto que acabará siendo un residuo. «Cuanto más difícil sea de reciclar, más caro debe ser el producto», afirma Rodríguez. En 2015, la Comisión Europea presentó Cerrar el círculo: un plan de acción de la Unión Europea para le economía circular, un documento que sentaba las bases de hacia dónde debía ir el continente en materia de residuos. En 2018, fueron cinco las directivas que aprobaron el Parlamento Europeo y el Consejo por la cual se modificaban las leyes sobre residuos, vertidos, producción de envases y reciclado de electrodomésticos que actualizaban la normativa europea que había hasta la fecha. Ahora, seis años después de la primera declaración de intenciones, el Gobierno las asume en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, una normativa que pretende ser una revolución a cómo entendemos el consumo de productos y cómo los tratamos una vez hay que tirarlos.
Los vertederos ya no serán una opción
La ley nos tocará el bolsillo. A consumidores y a productores. A los primeros, se gravará los productos de difícil recuperación o de un solo uso, tal como sucedió con las bolsas. Pero, además, a partir de diciembre, por cada tonelada de residuo que entre al vertedero superando el 35 % de máximo establecido, el consorcio deberá abonar 30 euros si la materia ha pasado antes por una planta o 40 euros si llega sin tratar, como la basura que se recoge en la calle. Al ritmo actual, los ciudadanos podrían ver crecer su tasa de basuras entre un 15 y un 20 % como penalización, y podría ir a más, porque en 2035, por normativa europea, solo podrá entrar en el vertedero el 10 % de todos los residuos generados. Ese canon de penalización, que se implantó este año en la C. Valenciana, ya ha dado buenos resultados.
A las empresas, la ley les penalizará si sus envases no tienen una segunda vida con 0,45 céntimos el kilo, una cantidad que repercutirá en el precio de su venta para el consumidor pero que compensará el tratamiento especial que estos objetos necesitan para ser recuperados. Es decir, si un fabricante decide que su botella de agua debe ser azul porque es más atractiva para el consumidor, tendrá que pagarlo. Se llama «ecomodularidad»: lo que sea fácil de reciclar, será más barato. Lo que no, se encarecerá. Las botellas PET tintadas necesitan un tratamiento distinto y requiere de un operario u operaria que separe las botellas manualmente. Algo similar sucede con las cápsulas de café. En una planta de tratamiento convencional no tienen ninguna salida, pese a que el aluminio interior es una materia prima que se recupera fácilmente. Sin embargo, ensuciado por el café, el coste de limpiar las cápsulas es infinitamente superior a cambiar el envase con el distribuye su producto. O se hace un recipiente que sea biodegradable como lo es el café o todas y cada una de las cápsulas que consumimos van al vertedero.
El coste de ‘resucitar’ los desperdicios
La implantación de este nuevo modelo de gestión de residuos no se implantará solo. Según los datos que manejan en el Consell, en los próximos diez años habrá que invertir en la Comunitat Valenciana 600 millones de euros para mejorar la recogida y el tratamiento en el sistema de producción para cumplir con la norma estatal. Así lo confirma el director general director general de Calidad y Educación Ambiental, Joan Piquer, quien recuerda que es «un cambio importante y necesita inversiones», que provendrán en su mayoría de los elementos de fiscalidad que contempla la ley, como el fondo finalista que se generará por cada tonelada de más llevada al vertedero. Esa tasa por penalización se reinvertirá en mejorar la producción y la reducción y reutilización de residuos.
En el Clúster de Innovación en Envase y Embalaje de la C. Valenciana, confirman que «no cabe duda que el impacto para el sector del envase va a ser muy alto». «Habrá que cambiar procesos, materiales y reestructurar el sector, que necesitará el apoyo de la Administración», señalan.
En estos momentos, las instituciones trabajan a contra reloj para que la recuperación del residuo orgánico sea, a base de contenedores propios en la ciudad o reparto de compostadoras para los chalés. En el caso del COR V5, su gerente, Elba Montes, explica que ya han implementado las islas de compostaje en municipios de menos de 500 habitantes. Es algo parecido un ecoparque, pero solo para restos orgánicos: comida, plantas o residuos biodegradables. «Se depositan los biorresiduos en las compostadoras y se va formando el compost para los vecinos y vecinas y para el ayuntamiento, para todas las plantas y jardines del municipio», explica la gerente. Tan prioritario resulta recuperar esta facción, que el Gobierno presentó el 11 de octubre el anteproyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, donde se concibe el compost como una salida a los alimentos que no pueden ser consumidos.
Así lo apunta Piquer, quien recuerda que la economía circular de la que empezamos a formar parte aplicará una fiscalidad variable: «Al que no colabore le saldrá más cara la tasa de basuras», sentencia el director general. «Eso de que todos paguemos lo mismo terminará, porque no es justo que quien haga un esfuerzo por separar y reutilizar abone la misma tasa que quien no participa», concluye Piquer.
En este punto también entra en juego un asunto de actualidad: la merma de materia prima que ya notan los productores. ¿Por qué? El coste energético y los retrasos debido a la covid-19 podrían estar detrás. Pese a todo, en Ecoembes confirman a este diario que ante la dificultad de acceder a la materia prima original, se ha visto en los últimos meses un importante incremento de la demanda de materia reciclada.
En este punto, Piquer recuerda que es una señal para actuar: Europa no es un gran productor de materias primas, pero sí puede ser la que mejor las extraiga de los residuos. Y no solo eso: Piquer coincide con Rodríguez apuntando hacia dónde va el futuro. No se tratará de consumir productos, sino servicios, de la misma forma que comienza a verse en algunos países europeos. Algunas empresas de electrodomésticos han implementado el renting en sus electrodomésticos. Lavadoras o lavavajillas dejarán de ser de nuestra propiedad, no los cederán y se pagará una tarifa por su uso y mantenimiento. Así, una vez terminada su vida, los mismos productores la recogerán y la volverán a introducir en el sistema de producción de nuevos productos. Es la economía circular, donde los residuos han pasado a ser recursos.
