Fumata blanca en la mesa de pensiones. El Gobierno cerró ayer na primera gran reforma que pretende alargar la vida laboral de los trabajadores para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. El preacuerdo, que solo queda a expensas del ‘ok’ definitivo de la cúpula de la CEOE (se reunirá esta tarde), llega tras seis meses de negociaciones, con momentos de tensión y de enroque y que finalmente se ha visto desencallado en los últimos días, desplazando uno de los temas más espinosos -el factor de sostenibilidad- hasta el otoño. La firma formal del acuerdo se producirá esta semana y el documento será aprobado en el Consejo de Ministros del martes 6 de julio, según explicaron fuentes conocedoras de las negociaciones.

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luís Escrivá, ya tiene atado -a falta de la rubrica oficial- el primer pilar de una reforma diseñada para que «dure 25 años»; según sostuvo ayer. El primer efecto que entrará en vigor de manera íntegra e inmediata es la nueva fórmula de revalorización de las pensiones: estas subirán cada año en la misma proporción que lo haya hecho la inflación (IPC). Es decir, ya el año que viene las pensiones subirán según haya cerrado el IPC 2020 -realizando la media en comparación a noviembre del 2019 a noviembre del 2020- y no mediante fórmulas dispuestas cada año según lo estimado por el Gobierno; como venía siendo la norma en los últimos años.

Y para financiar ese compromiso con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, las bases del principio de acuerdo introducen dos elementos. El primero es que el Gobierno, a cuenta de los Presupuestos del Estado, inyectará el equivalente al 2% del PIB a la Seguridad Social para corregir así el déficit que esta arrastra. Esa transferencia se mantendrá hasta la segunda fase de la reforma, cuando habrá una reestructuración de las partidas de gastos e ingresos.

Y la otra pata será una serie de incentivos para que los trabajadores alarguen su trayectoria profesional y estén cotizando y contribuyendo al erario público durante más años. Ello no implica elevar la edad de jubilación legal, sino aparejar la efectiva (los años medios a los que se acaba jubilando la gente) a la edad legal ya existente. Es decir, aquellos trabajadores que decidan jubilarse cuando alcancen la edad legal y tengan los suficientes años cotizados no cobrarán menos pensión. Cobrarán la misma que les toca ahora. Pero aquellos que, por salud o situación socioeconómica, puedan y quieran trabajar más, acabarán con mejores pensiones que quienes no estén en disposición de alargar sus carreras.

Desincentivos

Para ello, las partes han pactado duplicar las bonificaciones, del actual 2% adicional por cada año de prolongación sobre el importe final de la pensión a un 4%. Como alternativa también se incorpora un sistema de cheques de entre 4.786 y 12.060 euros por cada año que el trabajador dilate su retiro, y así concentrar en un pago único ese ‘bonus’. Y la otra cara de esa reforma son los desincentivos para la jubilación anticipada, especialmente enfocados a aquellos casos en los que es el trabajador el que elige retirarse antes. Y limitando la afectación en los casos en el que el empleado es despedido y expulsado prematuramente del mercado laboral. La penalización para la jubilación anticipada en el caso de los trabajadores con salarios más altos se multiplicarán, pasando del 4% al 21% (en el caso de retiro con dos años de antelación); aunque su aplicación será de manera gradual, no afectará a los acogidos a un ere que se cierre antes del 30 de septiembre y la máxima vigencia no se alcanzará hasta de aquí 10 años.