La iniciativa de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de pactar un precio fijo para una serie de alimentos básicos no ha gustado en la distribución. Este martes, el director de la Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana (Asucova), Pedro Reig, mostró su rechazo a la propuesta y aseguró que la apuesta de la ministra de Trabajo es "inviable" porque "no solo contravendría la normativa europea y las leyes de la competencia", sino que además -cree- "acabaría perjudicando al conjunto de la cadena agroalimentaria".
En palabras de Reig, la distribución alimentaria actualmente es un sector que en España "tiene mucha competencia", es "muy eficiente" y ha tenido que "reducir los márgenes netos medios hasta el 2 %". Por ello, con estos márgenes "tan bajos", establecer un tope resultaría -destaca el dirigente de la patronal- "perjudicial para el resto de eslabones de la cadena", ya que para no vender por debajo de su coste de producción -algo que impide la Ley de la Cadena Alimentaria- los supermercados tendrían que "pagar menos al escalón previo, apretarlo más". "Nosotros, si subimos precios, lo que estamos haciendo es trasladando costes. No generamos más margen", insistió.
Ante esta realidad, Reig añadió que se debe "atacar el problema de los costes" y propone que el Gobierno impulse dos medidas. Por un lado, "que se considere al agroalimentario un sector esencial y, por tanto, pueda acceder en mejores condiciones a la compra de energía y combustible" y, por otro, "la reducción del IVA de los alimentos, del 21 % al 10 % y del 10 % al 4 %", una iniciativa que -consideró el director de Asucova- "resolvería el problema, porque afectaría a porcentajes de los precios muy importantes".
Apoyo en la Comunitat Valenciana
Sin embargo, más allá de la distribución, la iniciativa de Díaz, rechazada como ilegal por el ministro de Agricultura, el socialista Luis Planas, sí ha encontrado respaldo dentro del Consell. La consellera de Agricultura, Mireia Mollà, de Compromís, tildó la propuesta de la vicepresidenta segunda de "muy importante", ya que si "si va a buen puerto, significa que se puede poner un precio mínimo a los agricultores para pagarles lo que corresponde". En esta línea, Mollà remarcó que aunque hay "una Ley de la cadena que dice que no se puede pagar por debajo del coste de producción", existe también una "indefinición" sobre qué es un coste de producción. Así, con esto, la consellera espera que las conversaciones entre Díaz, los agentes económicos y el sector sean "fructíferas".
Asimismo, las organizaciones agrarias reclamaron ante el debate que se garantice desde el Ejecutivo central que agricultores y ganaderos no puedan vender a pérdidas. Cristóbal Aguado, presidente de AVA-Asaja, aseguró que se debe conseguir que "todos los eslabones obtengan un precio justo para que, en última instancia, los consumidores también paguen un precio justo" porque ahora "unos ganan mucho dinero, mientras que los productores recibimos los mismos precios que hace 40 años y los consumidores cada vez pagan más caros los alimentos". En esta tesitura, desde la organización pidieron "que no se rompa la cadena por el lado más débil".
Por su parte Carles Peris, secretario general de La Unió de Llauradors, apoyó la propuesta de Díaz, porque "podría servir para mantener el consumo, que ahora en un contexto de inflación totalmente disparada observamos como por ejemplo el de frutas y hortalizas y carne está bajando". No obstante, puso como condición que la medida no sirva para "apretar aún más [a los productores] desde la gran distribución" y destacó la necesidad de "un precio remunerador para los productores" para que "no hayan más abusos en la cadena agroalimentaria".
