La UE aplaza el impuesto ambiental a las navieras que causa fugas a otros puertos

El transporte marítimo pagará en Europa por sus emisiones de CO2 a partir del año 2024 y eso preocupa de lleno a las navieras. Con todo, el impacto del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) de la UE será gradual y menor de lo inicialmente anunciado (que estaba previsto entrar en vigor en 2023) tras el acuerdo alcanzado por el Consejo y el Parlamento Europeo sobre propuestas legislativas importantes del llamado paquete de medidas «Objetivo 55». Se trata de un acuerdo provisional a la espera de que ambas instituciones lo adopten formalmente.

Según la Comisión de Puertos de las Cámaras de Comercio de España, que preside José Vicente Morata, la decisión de la Unión Europea es positiva porque se aplicará de manera progresiva a las empresas navieras, que tendrán la obligación de entregar derechos de emisión: el 40 % de las emisiones verificadas a partir de 2024, el 70 % para 2025 y el 100 %, para 2026. El régimen de comercio de derechos de emisión es un mercado de carbono basado en un sistema de cantidades máximas e intercambios de derechos de emisión para los sectores de gran consumo de energía y para el sector de la generación de electricidad. Es la principal herramienta que utiliza Bruselas para abordar la reducción de las emisiones, ya que cubre alrededor del 40 % de las emisiones totales de CO2 de la UE. Desde su introducción en 2005, las emisiones de la UE han disminuido un 41 %.

Uno de los grandes perjudicados es España, que tiene los puertos que más contenedores mueven en el sur de toda Europa.

Las instituciones europeas ultiman la redacción de las nuevas normativas medioambientales para el transporte marítimo con la finalidad de reducir las emisiones de CO2 un 55% para el año 2030 y dar un paso más hacia ese objetivo de lograr las cero emisiones de carbono en el 2050. El programa 'Fit For 55' incluye medidas de todo tipo y afectan a diferentes industrias, entre ellas las navieras, que tendrán que comprar derechos de emisión de CO2 y por tanto aumentarán sus costes de explotación en las escalas en puertos de la Unión Europea con el consiguiente peligro de desvíos de rutas de buques a otros emplazamientos de terceros países -por ejemplo Tánger en el caso del Mediterráneo occidental, lo que afecta de lleno a puertos como el Puerto de València o el de Algeciras- donde no se pagarán esas tasas. Uno de los grandes perjudicados es España, que tiene los emplazamientos que más contenedores mueven en el sur de toda Europa.

A lo largo de 2022, los principales armadores del mundo, caso de Maersk y Mediterranean Shipping Company (MSC) llegaron a anunciar a sus clientes que preveían trasladar el gasto que supondrá el impuesto al carbono. El Ejecutivo comunitario tenía previsto aplicar el nuevo sistema de tasas medioambientales en 2023, y en un precio de 200 euros por tonelada de emisión.

Especificidades geográficas

El citado régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE), según destaca el Consejo de la UE, es un mercado de carbono basado en un sistema de cantidades máximas e intercambios de derechos de emisión para los sectores de gran consumo de energía y para el sector de la generación de electricidad. Es la principal herramienta que utiliza la UE para abordar la reducción de las emisiones, ya que cubre alrededor del 40 % de las emisiones totales de CO2 de la UE. Desde su introducción en 2005, las emisiones de la UE han disminuido un 41 %. El acuerdo alcanzado recientemente entre el Consejo y el Europarlamento hace más ambicioso aún el sistema con el fin de reducir las emisiones.

Además, el acuerdo tiene en cuenta las especificidades geográficas y propone medidas transitorias para las islas pequeñas, los buques de clase hielo y los trayectos relacionados con regiones ultraperiféricas y obligaciones de servicio público.

Algunos Estados miembros que tienen un número relativamente elevado de empresas navieras recibirán además el 3,5 % del límite máximo de derechos de emisión subastados que se distribuirán entre ellos. La Comisión de Puertos de las Cámaras de Comercio de España destaca que  quedan totalmente exentas rutas hacia o desde islas con menos de 200.000 habitantes hasta 2030, lo que afecta a las navieras que operan con Canarias y Baleares.

En comparación con la propuesta inicial de la Comisión Europea, el nuevo acuerdo retrasa un año la inclusión de la industria marítima en el régimen de comercio y no solo afecta a las emisiones de dióxido de carbono (CO2), sino también a las de metano y de óxidos de nitrógeno.

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