Las petroleras incumplirán su obligación de ofrecer puntos de recarga en más de mil gasolineras

El tiempo se agota. El 22 de agosto acaba el plazo para que las grandes petroleras instalen cargadores de vehículos eléctricos en 824 gasolineras, como manda la Ley de Cambio Climático, pero las compañías asumen que el objetivo no se va a cumplir ni de lejos y culpan de ello a las distribuidoras eléctricas y a la administración.

La Ley de Cambio Climático, aprobada en mayo de 2021, establecía como obligación para que las estaciones de servicio de empresas como Repsol, Cepsa o BP o que tuvieran más de diez millones de litros vendidos al año (unas 200) instalaran puntos de recarga eléctrica antes de febrero de este año, mientras que aquellas que venden entre 5 y 10 millones (824, según el Ministerio para la Transición Ecológica) tenían un plazo más amplio, hasta agosto.

A todas ellas, además, habría que sumar las estaciones de servicio abiertas a partir de esa fecha de mediados de mayo, lo que supone añadir a la cuenta otras 274 estaciones más, según los datos de la Asociación de Operadores Petroleros (AOP) sobre las aperturas del último año.

Pero las compañías anticipan que la mayoría de esos cargadores no estarán disponibles en esa fecha y revelan casos de puntos de recarga instalados pero que no tienen corriente porque falta algún permiso o documento que de luz verde al proceso. “Es un desastre generalizado”, afirma el portavoz de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), Nacho Rabadán. Coincide con la lectura las gasolineras la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), que revela que hay alrededor de 6.800 puntos de recarga que están pendientes de su puesta en servicio, un 8% menos que los 7.400 que había a final del año pasado.

“Sigue habiendo retos importantes en la concesión de licencias y permisos por parte de las administraciones públicas competentes, por un lado, y por la parte de las compañías distribuidoras, también”, reconoce el director general de la asociación de coches eléctricos Aedive, Arturo Pérez de Lucas. Las compañías electricas aseguran que ellas tardan lo mismo que el resto y que el principal retraso está en la administración. Tanto eléctricas como petroleras advierten que tener puntos de recarga instalados pero sin funcionar perjudica a su reputación con el consumidor.

En la práctica, instalar un punto de recarga tarda unos meses, pero los permisos para poder ponerlo en marcha requieren de entre uno o dos años, en función de si se trata de baja tensión (recarga lenta de hasta 100 kilovatios) o media tensión (recarga rápida de más de 100 kilovatios), pero si afecta a una carretera ese plazo se eleva un año y medio más, según fuentes empresariales. El problema es la enorme cantidad de trámites que se necesitan.

Según esta patronal, hay 25.106 puntos de recarga operativos en España, a años luz del compromiso adquirido con Bruselas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de instalar entre 80.000 y 110.000 este 2023. Aedive explica que ese objetivo está completamente desvirtuado y plantean otros más "realistas": 23.000 ‘enchufes’ en 2022, 70.000 en 2025 y 255.000 en 2030. Esta patronal afirma, además, que el ritmo al que va el país es bueno dado que el uso medio estimado de todos los puntos de recarga es de media del 5,7%, 1,5 puntos por encima del que había a cierre de 2022.

“Es (un ritmo) adecuado para el parque de vehículos eléctricos actual”, añade Pérez de Lucas. En España hay menos de 500.000 vehículos eléctricos o híbridos enchufables, apenas el 5% del objetivo de 5,5 millones que quiere alcanzar el Gobierno antes de 2030, según la actualización del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC). La patronal de los fabricantes de vehículos eléctricos ANFAC discrepa un poco de esta visión optimista y agrega que este año debería cerrar con 45.000 puntos de recarga de acceso público (ellos calculan que a día de hoy hay en torno a 21.000). Además, añaden, que el criterio de calidad de recarga es “absolutamente” relevante para conseguir un tiempo de repostaje de entre 15 y 27 minutos.

La realidad es que tampoco hay un censo público, como el de los carburantes, que además de reflejar la ubicación geográfica del ‘enchufe’ indique otras cualidades como su precio, accesibilidad y si está en servicio o fuera de él. El caos es tal que para poner orden el regulador nacional, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha iniciado una consulta pública hsata el 29 de septiembre para recabar opiniones sobre todos estos problemas que se encuentran en el desarrollo de las instalaciones y puesta en marcha de las infraestructuras de recarga.

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