El tope del Gobierno reduce a la mitad el coste del alquiler en la Comunitat Valenciana

El Índice de Referencia del Precio del Alquiler propuesto esta semana por el Gobierno para topar las rentas reduce a más de la mitad el coste de los arrendamientos en la Comunitat Valenciana. Como ejemplo, un piso de 125 metros cuadrados en el centro de la capital del Túria que se oferta a 3.000 euros al mes pasaría a costar entre 1.010 y 1.463 euros. Sin embargo, la medida (que ha fracasado en Francia y Alemania) no tiene visos de prosperar en la Comunitat Valenciana porque la Generalitat Valenciana rechaza activarla. Fuentes de la Conselleria de Vivienda subrayan que su objetivo es impulsar la construcción de 10.000 viviendas públicas esta legislatura para conseguir la rebaja de los alquileres a través del aumento de la oferta. Las inmobiliarias también apuestan por el incremento de la oferta.

El índice de Referencia del Precio del Alquiler está previsto en la Ley de Vivienda que entró en vigor en mayo del año pasado si bien su aplicación depende directamente de las administraciones autonómicas. Los propietarios considerados como "grandes tenedores" no podrán cerrar nuevos contratos de alquiler que establezcan precios superiores a los marcados en las zonas declaradas tensionadas. Los propietarios (grandes y pequeños tenedores) que cierren contratos de alquiler nuevos en viviendas que lleven más de 5 años sin ser alquiladas tampoco podrán superar el valor del índice.

Valores desfasados

El índice apunta las rentas a la baja. El Gobierno ha usado los datos de arrendamientos que tiene la Agencia Tributaria en las últimas declaraciones de la renta presentadas, que son de 2022. Los precios de los portales reflejan el valor de mercado de 2024 y recogen la subida del último año. En concreto, en la capital del Túria el coste del alquiler ha subido un 20 % de media en los últimos doce meses, según advierte Nora García, presidenta de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval).

Al final, el índice del Gobierno es un mundo alternativo que no cuadra con el real. En el caso de la ciudad de València, uno de los ejemplos llamativos es un ático de 125 metros cuadrados en la calle San Martín de València (una vía paralela a la calle de la Paz) que se oferta en Idealista por 3.000 euros al mes y que el índice establece que debería costar entre 1.010 y 1.463. En la plaza Horticultor Corset en el barrio de la Petxina una vivienda de 150 metros cuadrados con un valor de mercado de 1.400 euros debería costar entre 641 y 1.076 euros. En la calle Jorge Comín del barrio de Campanar un piso con piscina y garaje con unas rentas medias de 1.700 euros se debería alquilar a entre 828 y 1.222 euros. O en el caso de la ciudad de Alicante, un inmueble en la calle Calderón de la Barca (zona centro) con una renta de mercado de 1.200 euros debería costar entre 651 y 943 euros al mes, según los valores del Gobierno.

Las inmobiliarias alertan de que la medida del Ejecutivo restringirá a oferta y subirá los precios

2.000 pisos turísticos ilegales

Las inmobiliarias alertan de que la medida del Ejecutivo restringirá la oferta y subirá los precios. "Va a complicar más el acceso a la vivienda. La solución a largo plazo es construir más viviendas protegidas y a corto poner coto a los pisos turísticos. En València hay 6.000 viviendas turísticas y cerca de 2.000 son ilegales. Si salieran al mercado del alquiler tradicional esos 2.000 pisos bajarían los precios", asegura Nora García. Cristina Recasens, fundadora de Recasens Real Estate, añade que es esencial aumentar la seguridad jurídica de los propietarios ya que "muchos han retirado sus viviendas del mercado por las medidas de protección a los inquilinos".

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