Unió Gremial se plantea optar a una plaza en el Consejo Económico y Social

Tras años de paz, la vieja batalla por la representatividad empresarial vuelve a la palestra tras aprobar el Consejo de Ministros el martes un real decreto que modifica la normativa del Consejo Económico y Social (CES) y le insta a dar representación en dicho órgano a las organizaciones autonómicas más representativas. El cambio lo publicó ayer el Boletín Oficial del Estado y deberá consumarse en el plazo de seis meses. La decisión ha sentado muy mal a la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), mientras que ha despertado las expectativas de Unió Gremial, la única organización de ámbito autonómico independiente de esta última que existe en la Comunitat Valenciana.

La CEV, a partir de 1995, sufrió una seria competencia interna por la representación del pequeño empresario y la micropyme cuando varias organizaciones se escindieron de ella, capitaneadas por Unió Gremial, y dieron lugar al cabo de un tiempo a L'Empresarial, que trató sin éxito de disputarle el espacio de las pymes. Aquel proyecto no duró ni una década y acabó desintegrándose. La organización presidida por Salvador Navarro, por contra, logró hacerse con todo ese espacio e incluso acabó reconvirtiéndose en autonómica tras 'absober' a las provinciales de Castelló (CEC) y Alicante (Coepa), las tres integrantes de la española CEOE.

Conpymes

Solo Unió Gremial, con el amparo de Compromís en los gobiernos del Botànic, se ha mantenido y ha estrechado lazos con otras organizaciones de pymes de España, singularmente la catalana Pimec, la principal de ellas y promotora de Conpymes, una organización estatal que disputa la primacía de este espacio a la Cepyme de CEOE. El presidente de Unió Gremial, Mauro Lorenzo, aseguró ayer a este diario que su asociación "es de ámbito autonómico y multisectorial", dado que, a la tradicional representación del comercio ha sumado en los últimos tiempos asociaciones de los servicios e incluso de la industria. Su intención es consultar con su junta directiva y tratar de obtener alguna vocalía en el CES, donde "es necesario que entren voces de las microempresas" ajenas a la CEOE. "Estaríamos encantados de tener representación", dijo, antes de recordar que la asamblea general de Conpymes se celebrará en València el próximo 6 de junio.

El CES está integrado por 61 miembros, incluido su presidente. De ellos, 20 componen el Grupo Primero en representación de las organizaciones sindicales; 20 el Grupo Segundo, en representación de las organizaciones empresariales; y 20 el Grupo Tercero, correspondiendo de ellos tres al sector agrario, tres al sector marítimo-pesquero, cuatro a consumidores y usuarios y cuatro al sector de la economía social. Los seis restantes son expertos en las materias competencia del Consejo.

Actualmente, en el Grupo Primero, el sindical, están representados CC OO, UGT, ELA y CIG, mientras que en el Grupo Segundo, el empresarial, están ahora mismo representados CEOE y Cepyme. Estas dos últimas salieron ayer en tromba y acusaron al Gobierno de "forzar" la entrada en foros de diálogo a "actores afines a sus intereses" y de querer "romper" así el diálogo social. No menos contundente fue la CEV a través de su presidente, Salvador Navarro. En un comunicado, la CEV subrayó que, de nuevo, "el Gobierno pasa por alto la consulta en el diálogo social a la que obliga el artículo 7 de la Constitución Española, que reconoce a los sindicatos de trabajadores y a las asociaciones empresariales, más representativas, el papel de contribuir a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios".

Navarro afirmó que la medida “parece que responde más a equilibrios políticos que al interés general”, en clara alusión a la catalana Pimec y los pactos de investidura con los partidos independentistas, y añade que dichas "organizaciones están en sintonía con sus intereses pero carecen de la representatividad necesaria para formar parte de las mesas de diálogo social".