Si hay una relación en la que literalmente saltan chispas en el Ejecutivo de Mariano Rajoy es la que mantienen su ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, y el de Industria, José Manuel Soria. Las discrepancias entre los dos han trascendido a la opinión pública casi siempre por un mismo asunto: las reformas energéticas y las medidas para atajar del denominado déficit de tarifa. La última discordancia la ha puesto de relieve las enmiendas de última hora que el PP ha introducido el Senado a la segunda reforma eléctrica del Gobierno. Obsesionado con el cumplimiento de los objetivos de déficit presupuestario marcados desde la Unión Europea, Montoro ha retirado el compromiso de Soria de contribuir con 3.100 millones de euros (más otros 500 millones retenidos de impuestos energéticos) procedentes del presupuesto estatal para colaborar en la reducción del déficit de tarifa. Esta cantidad debía sumarse a otras medidas como ajustes económicos para las empresas del sector, recortes importantes en las ayudas a las energías renovables, subidas en los precios que pagan los consumidores y nuevas tasas como la del gas que han levantada en armas, por ejemplo, a las azulejeras castellonenses.
Todo indica que las necesidades de crédito de otros departamentos del Gobierno han inducido la decisión de cortar el grifo a Industria. Según algunas publicaciones, el Ministerio de Empleo se ha quedado seco a pocas semanas de acabar el año con compromisos pendientes en materia de desempleo y otros asuntos de urgencia. Montoro no quiere elevar el porcentaje de déficit subiendo las partidas de gasto y a Soria le ha tocado pagar el pato.
Sin la aportación pública prometida, las eléctricas, que temen tener que compensar los 3.600 millones con cargo a sus balances, han salido al contraataque asegurando que para paliar la menor contribución presupuestaria forzarán a una nueva subida en el recibo de la luz, cuya revisión está prevista para el 1 de enero, de entre el 12 % y el 14 %. «Esa subida es impensable», ha asegurado esta semana el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, quien dijo que el Gobierno «nunca va a permitir» una subida de ese porcentaje en el recibido de la luz «de golpe».
Si eso es cierto, el Ejecutivo pasará la pelota a las eléctricas. Además, no está previsto que se habilite un nuevo mecanismo de avales como el Fade, que ha permitido hasta ahora a las compañías titulizar hasta 26.000 millones de euros de los derechos de cobro del déficit de tarifa con garantía del Tesoro español. Pese a ello, el Gobierno ha insinuado que la colocación de bonos en el mercado se vislumbra como la mejor opción para que las eléctricas tapen el agujero de 3.600 millones de euros.
Con aval del Estado
El ministro de Industria, José Manuel Soria, avisó el pasado miércoles a las empresas eléctricas de que el Gobierno sólo avalará el déficit de tarifa generado este año si renuncian a reclamar incrementos de peajes que provoquen subidas de precios de la luz de entre el 12% y el 14 %. Parece que el pacto está hecho.
Soria se reunió esta semana en Bruselas con el comisario de Energía, Günther Oettinger, para tratar de disipar las dudas de la Comisión sobre la reforma eléctrica española y aseguró que ha encontrado «comprensión». Por su parte, el Ejecutivo comunitario dijo que la reunión fue «constructiva», pero aclaró que sigue examinando si las medidas del Gobierno español vulneran las normas de la UE. Tras esa vigilancia comunitaria se encuentran las propias eléctricas, que han expresado su malestar por los vaivenes regulatorios españoles. En esta posición de elevación de quejas se encuentran Iberdrola, Gas Natural y Endesa.
