La propuesta del PSOE sobre los incentivos a la vivienda

La vivienda ha constituido una de las piedras en el zapato del Gobierno de coalición por las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos, con constantes descuentros entre los socios y discrepancias entre los morados y los socialistas, en especial, con la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, por el grado de intervención necesario en el mercado. Solo al final de la legislatura se ha logrado aprobar la primera ley de vivienda de la democracia, con aspectos que inquietan al sector, especialmente en de la limitación de las rentas de alquiler en las denominadas zonas tensionadas.

Tachada como “quinto pilar del estado del bienestar”, el PSOE se compromete en su programa electoral a incrementar el parque de vivienda pública de alquiler social, que en la actualdiad es testimonial, y a “alcanzar el 20% de vivienda pública en régimen de alquiler en los próximos años”. Ahora es uno de los más bajos de toda la Unión Europea (UE), cuya media es el 9,3%.

José García Montalvo catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), experto en el sector inmobiliario, recuerda que la promesa de vivienda social, elevada entonces hasta 100.000, ya la lanzó el anterior ministro de esta cartera, José Luis Ábalos en 2021 “y no se ha hecho nada”. Ahora duplican la apuesta sin haber cumplido ni un ápice de la anterior.

De hecho “no hay una política de vivienda”, asegura. Todo ha consistido, agrega, en trasladar al sector privado o al mercado lo que debería hacer el sector público, que no ha dedicado presupuestos a crear parque de viviendas para quienes las necesitan. Atendiendo a todo ello, a su juicio, el objetivo de llegar al 20% de vivienda pública en alquiler “es un brindis al sol”.

Los socialistas insisten en prometer 15.000 viviendas mediante acuerdos con las comunidades autónomas y los muncipios, más otras 10.000 más con pactos con ayuntamientos, 50.000 promovidas directamente por el Estado, 63.000 con los fondos europeos, 20.000 mediante ayudas directas a las otras administraciones y 43.000 con préstamos para financiar suelo público y privado, lo que hace un total de unas 201.000, el doble de la que en su día anunció Ábalos, uno de los hombres de confianza del presidente Pedro Sánchez que fue 'sacrificado'. Y a esta propuesta además habría que sumar 50.000 viviendas procedentes de la Sareb, el banco malo creado para absorber los activos inmobiliarios tóxicos del sector financiero tras la crisis de 2008, cuando muchas de ellas no están en condiciones habitables y requieren reformas.

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En su programa electoral, los socialistas resucitan la vieja cuenta ahorro para adquirir vivienda, que pretenden acordar con los bancos, destinada a jóvenes de hasta 39 años con aportaciones y rendimientos para financiar un inmueble exentos de tributación en el impuesto de la renta (IRPF), con un límite de 2.000 euros y un total de 30.000 euros.

A su vez, la formación socialista también promete apoyo a la rehabilitación de viviendas con el objetivo de que se hagan 500.000 actuaciones durante la legislatura. Y, a su vez dicen fomentar lo que definen como innovación al prever la regulación de nuevas modalidades residenciales como el alojamiento o las viviendas intergeneracionales o la colaboración público-privada a través de créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Otro de los compromisos, que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez lanzó durante la precampaña y campaña de las municipales es una nueva línea de avales públicos de 2.500 millones para ayudar a los jóvenes menores de 35 años a llegar al 20% de entrada para financiar la vivienda. Los socialistas estiman que con ello se podrá facilitar la compra de unas 50.000 viviendas por parte de aquellos de este colectivo a los que les falta la entrada o una parte de la misma para poder financiar la adquisición.

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