La nueva Ley de Bienestar Animal: todos los puntos clave

Esta mañana el Congreso ha aprobado la nueva Ley de Bienestar Animal. Uno de los puntos que más controversia ha generado entre los socios de Gobierno ha sido si la nueva norma ampararía o no a los perros de caza. Finalmente, Podemos ha cedido frente al PSOE, que con el apoyo de Vox y del Partido Popular eran partidarios de dejar fuera de la ley a estos canes. No obstante, Ione Belarra ha trasladado que seguirán luchando para poder protegerles: "Seguiremos trabajando sin descanso por la protección de todos los animales, también los de caza".

Pese a que para muchos grupos parlamentarios la norma se ha quedado corta en muchos aspectos, lo cierto es que introduce numerosos cambios que mejoran las condiciones muchos animales en nuestro país, centrándose fundamentalmente en la lucha contra el abandono, el maltrato y el sacrificio de animales.

Lucha contra el abandono

El abandono será considerada una falta grave, y será multada con sanciones que oscilarán entre los 10:001 y los 50.000 euros. También se tratará de combatir, no solo con multas, sino también con medidas de prevención, intentando que el mayor número de animales posible se identifiquen creando un inventario. En este registro se almacenarán información sobre el propietario y "datos identificativos y sanitarios del animal", así como la "actividad cinegética" del mismo en caso de ser necesario, tal y como apunta el texto de la nueva norma.

Prohibición de la venta de animales

La adopción de animales tan solo se podrá tramitar a través de "centros públicos de protección animal o entidades de protección animal registradas". La ley prohibirá, por tanto, la compra de animales y, en consecuencia, su texto señala que no se permitirá "la comercialización de perros, gatos y hurones en tiendas de animales, así como su exhibición y exposición al público con fines comerciales".

Control de la adopción y criaderos

La nueva ley apunta a la necesidad del control de la adopción y de la cría de animales para reducir los abandonos. La razón es que los estudios realizados apuntan a que la mayor parte de los animales que son abandonados provienen de crías no deseadas. De este modo, y según la ley, "la actividad de la cría de animales de compañía solamente podrá llevarse a cabo por personas debidamente inscritas en el Registro de Criadores de Animales de Compañía".

El sacrificio, solo en casos muy puntuales

El sacrificio solo se permitirá bajo determinadas circunstancias y en casos muy puntuales. La norma explicita que el sacrificio de animales solo estará justificado "por motivos de seguridad de las personas o animales o de existencia de riesgo para la salud pública" y siempre "debidamente justificado por la autoridad competente".

No obstante, prohíbe el sacrificio tanto en los centros de protección animal (públicos y privados), como en clínicas veterinarias y núcleos zoológicos. No estarían justificados en ningún caso "por cuestiones económicas, de sobrepoblación, carencia de plazas", o imposibilidad de "hallar adoptante en un plazo determinado".

Por su parte, la eutanasia tendrá que estar justificada bajo criterio y control veterinario, y en los casos en los que la finalidad sea evitar el sufrimiento del animal "por causas no recuperables que comprometa seriamente la calidad de vida del animal".

El curso obligatorio para los propietarios de perros

Todos los dueños de los perros tendrán que hacer un curso de responsabilidad, una obligación que hasta el momento tan solo se imponía a los dueños de perros considerados de raza potencialmente peligrosa.

El curso será completamente gratuito y, al menos por el momento, tan solo será obligatorio para aquellas personas que tengan perro. La obligación no es solo para nuevas adopciones, sino también para aquellos que ya tienen un perro, y tendrán un plazo máximo de dos años para poder realizarlo. 

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Prohibiciones para los propietarios de animales

La norma ha determinado el periodo de tiempo máximo que los animales de compañía podrán estar sin supervisión. En el caso de los perros, no podrán estar más de 24 horas, mientras que el resto de animales, como los gatos, no podrán estar más de tres días sin supervisión de su propietario.

No se podrán utilizar a los animales para espectáculos ni actividades artísticas turísticas o publicitarias "que les causen angustia, dolor o sufrimiento".

Tampoco estará permitido que los animales participen en peleas, o utilizarlos para mendigar o como "reclamo publicitario".

Los gatos también deberán de llevar microchip

Al igual que es obligatorio con los perros, los gatos también deberán llevar el microchip para identificarlos y, de este modo, tratar de reducir la población de gatos comunitarios, es decir, aquellos que viven en la calle.

Los gatos que deberán llevarlo son los gatos con hogar, que tal y como su propio nombre indican, se trata de aquellos que vivan en una vivienda.

Además, estos gatos deberán ser esterilizados antes de cumplir los seis meses de edad.

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Los animales que se han quedado fuera de la ley

Uno de los puntos que han sido discutidos hasta el final ha sido la inclusión o no de los perros de caza en la ley. El Partido Socialista abogaba, con el apoyo de Vox y del Partido Popular, por dejarlos fuera. Por su parte, Unidas Podemos era partidario de que la norma también les amparara.

Finalmente, la formación morada ha cedido con la finalidad de que la Ley de Bienestar Animal se aprobara. No obstante, los perros de caza no son los únicos animales que se han quedado fuera de la ley. De esta forma, tampoco protegerá a los animales utilizados "en actividades profesionales (dedicados a una actividad o cometido concreto realizado conjuntamente con su responsable en un entorno profesional o laboral, como los perros de rescate, animales de compañía utilizados en intervenciones asistidas o los animales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas)”.

Asimismo, desde el principio de la redacción de la norma quedó completamente descartado abordar la tauromaquia, ya que se consideró que era un aspecto que actualmente no podría entrar en la ley por falta de consenso en el Gobierno, algo que las asociaciones animalistas condenan.