Bruselas fijará la metodología de las reuniones entre PP y PSOE para el CGPJ

Después de meses de bloqueo total, PP y PSOE acordaron implicar a la Comisión Europea en la negociación del Consejo General del Poder Judicial y así, al menos, desbloquear las conversaciones. Ambos esperan que Bruselas mueva ficha (el sábado la CE aseguró que estaba “reflexionando” sobre la petición española) para fijar ya un calendario de reuniones. En Génova, donde este miércoles reanudan su actividad interna con un comité de dirección tras el primer parón de la Navidad, dan por hecho que habrá un supervisor comunitario. Alberto Núñez Feijóo llevó su propuesta a la reunión con Pedro Sánchez después de hacer un sondeo previo y solo después de esa gestión lo trasladó al presidente del Gobierno. Y en Génova también confirman que la Comisión se encargará de planificar la metodología de los encuentros.

La pérdida de confianza entre los dos principales partidos es absoluta, más todavía en este asunto, que se ha ido enquistando con el paso de los meses y tras varios intentos fallidos. Los interlocutores por ambas partes se mantienen, a pesar de que existen grandes recelos mutuos: el ministro de Justicia, Félix Bolaños; y el vicesecretario del área Institucional por parte del PP, Esteban González Pons. Esta situación, reconocen en el entorno de Feijóo, obliga a tener aún más cautela y, por eso, confían en que la Comisión Europea supervise cada paso para no caer en errores del pasado.

Los detalles son importantes y en la cúpula conservadora aseguran que será la función de la Comisión ponerlos negro sobre blanco. Entre ellos, si todas las reuniones serán a tres bandas o habrá encuentros bilaterales entre PP y PSOE que después monitorizará Bruselas. También está por definir si las reuniones serán físicas o en otro formato. Y si el intercambio de papeles debe ser una constante o no. Los populares recuerdan que en Europa la forma de trabajo siempre está acompañada de documentos. También es una metodología que sigue el actual líder del PP, que concedía toda la importancia a que hubiera un orden del día por escrito antes de su reunión con Sánchez.

Génova espera a que Bruselas acepte la mediación en el CGPJ para fijar la primera reunión

Lo que está claro, y así lo confirmó el responsable del área económica del PP, Juan Bravo, es que no habrá reunión hasta que Europa formalice su función supervisora. Esa fue la propuesta que llevó Feijóo con el ánimo de desbloquear la situación y dar una oportunidad, esta sí parece la definitiva salga o no, de que los dos grandes partidos pacten por fin la renovación del CGPJ. Además, a los conservadores les permitió algo que para ellos era esencial: cambiar el marco del debate y dejar de aparecer como el único agente que bloqueaba la actualización de los vocales.

En Génova no esconden que necesitaban una “novedad discursiva” y encontrar la manera de cambiarle el paso al Gobierno, enrocado en que se produjera ya la renovación sin abordar ningún otro debate como una nueva ley para cambiar el sistema de elección, que es lo que pide el PP. Y también lo pide Europa de forma reiterada, aunque en Bruselas sí defienden que lo urgente y prioritario debe ser actualizar los vocales caducados. Después vendría el cambio en la ley para avanzar en una mayor independencia judicial.

Feijóo asume el desgaste y los ataques de Vox por el mediador europeo con Sánchez para el CGPJ

Ese orden de los factores, que en otro momento al PP molestaba, ahora está aceptado por las dos partes. Solo bajo la supervisión de Europa Feijóo entiende que tendrá garantizado el avance hacia un nuevo sistema de elección. Y si algo se tuerce por el camino o se dilata ese proceso, reconocen en el partido, será por indicación de Bruselas.

“Si sale será muy rápido”

En lo que coinciden los dirigentes consultados es en que si realmente hay opción de acuerdo, éste llegará “muy rápido”. Por varios motivos. A ninguno de los dos les beneficia alargarlo en el tiempo, y la entrada en escena de la institución comunitaria garantiza también que ninguno tenga fácil romper y levantarse de la mesa. Ese es el riesgo que también asumió Feijóo con su propuesta: será muy difícil para el PP no acometer la renovación del órgano de los jueces.

En otros momentos de la negociación todo saltó por los aires, según el PP, por decisiones que no podían asumir como la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición. En Génova tienen claro que con “este Gobierno y los socios de los que depende” no será la última cuestión indigerible para el PP. Sin ir más lejos esta semana se consumará la moción de censura en Pamplona pactada entre PSOE y Bildu para echar del Ayuntamiento a la alcaldesa de UPN. Dicho de otra manera: los populares asumen el desgaste que puede tener un pacto con el Gobierno, pero Feijóo está convencido ahora, con ayuda de Bruselas, de que es el momento de cerrarlo. “Y cuanto antes pase, mejor”.

A nadie se le escapa que en junio hay elecciones europeas, una cita que el PP volverá a convertir en una especie de plebiscito contra Sánchez. El problema radica exactamente en el mismo punto que quedaron las conversaciones en 2022. Entonces casi todo estaba listo cuando se rompió la negociación. El párrafo de la discordia en el documento pactado era el que se refería al nuevo sistema de elección porque el Gobierno rechazaba la elección de los jueces por los propios jueces que proponía el PP. 

La creencia en Moncloa es que la carrera judicial es mayoritariamente conservadora, y un nuevo sistema como el que defiende Génova, no haría sino perpetuar mayorías de esa sensibilidad. El PP defiende que hay vías para garantizar que eso no sea así, como por ejemplo establecer cuotas y tener en cuenta a las asociaciones de jueces de corte progresista. 

Por otro lado, en Bruselas sí vienen defendiendo un sistema de elección similar al del PP y que sean los magistrados los que elijan a la mayoría de vocales. Está por ver si consiguen superar ese escollo. Lo demás, afirman en el núcleo duro de Feijóo, “quedó más que hablado”. El detalle de la propuesta popular está muy avanzado, hasta el punto de que cuenta con cláusulas destinadas a evitar que nunca más se produzca un bloqueo similar. Por ejemplo, cuando queden tres meses para que caduque el mandato el PP propone que se active directamente la renovación.