El líder de Coalición por Melilla, Mustafá Aberchán, entre los 6 detenidos por corrupción

La Policía Nacional ha desarrollado este martes una operación contra Coalición por Melilla (CPM), partido que gobernó en la Ciudad Autónoma entre 2019 y 2023 con el PSOE y Eduardo de Castro (expulsado de Cs), en la que han sido detenidas seis personas, entre ellas, el presidente de la formación, Mustafa Aberchán, acusados de varios delitos relacionados con la corrupción.

Tres exconsejeros de aquel gobierno, Hassan Mohatar, Dunia Almansouri y Rachid Bussian, y una exviceconsejera, Yonaida Sellam, han pasado a disposición judicial en el marco de la operación Santiago-Rusadir, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Esta operación, dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla, se encuentra bajo secreto de sumario y desde primera hora de la mañana era visible en diferentes puntos de la ciudad, donde se han practicado seis de los siete registros domiciliarios. El otro de los registros y una de las seis detenciones se han producido en Granada.

Los delitos investigados son pertenencia a organización o grupo criminal, fraudes en la contratación pública, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

Coalición por Melilla se vio involucrada en la campaña de las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023 en el escándalo del voto por correo, con varios de sus miembros entre los 10 detenidos en la operación que se desarrolló entonces, entre ellos el exconsejero de Distritos y número 3 de la candidatura, Mohamed Ahmed.

Ahmed llegó a tomar posesión de su escaño en la sesión constitutiva de la Asamblea celebrada el 7 de julio de 2023, aunque fue la única vez que se le vio públicamente en esta legislatura, dando lugar a una inactividad parlamentaria que le llevó a renunciar a su acta de diputado a mediados de enero de este año.

CPM es, actualmente, el segundo partido con mayor representación en la Asamblea regional con cinco de los 25 escaños, entre los que se encuentran dos de los exconsejeros que han pasado a disposición judicial este martes, Rachid Bussian, vicepresidente segundo de la Cámara; y Dunia Almansouri, líder de la oposición, que fue candidata cepemista en las elecciones del 28M.

Dos días antes de la celebración de aquellos comicios, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada asumió la investigación sobre la supuesta trama de compra de votos en las elecciones. En su decreto, la Fiscalía General del Estado señalaba que “individuos afines o relacionados” con CPM “conformarían una estructura organizada, con planificación previa y concertada”.

Además, añadía que “la compra de votos se estaría financiando, además, con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas” con CPM “en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la Ciudad Autónoma”.

El actual presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha reconocido que es “muy grave” los datos que se van conociendo, además de “muy preocupante”, dada “la magnitud de los presuntos delitos”, por lo que el Gobierno de Melilla, desde julio del año pasado en manos del PP con mayoría absoluta, está dispuesto a colaborar con la Justicia para esclarecer los hechos.

De hecho, técnicos y funcionarios responsables de cada área de la Ciudad Autónoma han facilitado ya a la Policía Nacional y el juzgado la información que iban solicitando en el marco de la investigación de este caso, en el que el Gobierno se personará si hay un daño causado a la Ciudad Autónoma, “en cuanto sepa realmente qué hay detrás”.

En cualquier caso, Imbroda ha señalado como “cooperadores necesarios” a quienes fueron socios políticos de CPM en la pasada legislatura, PSOE y Eduardo de Castro, ya que considera que “tienen muchísima responsabilidad política porque “si ellos hubiesen querido, estos hechos no habrían pasado”.

Además, considera “sospechosa” la renuncia de la secretaria general del PSOE de Melilla, Gloria Rojas, al liderazgo del partido, anunciada hace poco más de dos semanas. A juicio de Imbroda, “da qué pensar”, pues “el PSOE local tenía bastantes datos”.

Estas declaraciones han provocado la inmediata reacción del PSOE, que ha asegurado que su gestión en el Gobierno de la Ciudad Autónoma en la pasada legislatura está fuera de toda duda y ha anunciado acciones legales contra Imbroda.

También se han referido a este caso los dos partidos minoritarios de la Asamblea, ya que Somos Melilla ha anunciado que se personará como acusación en esta presunta trama y Vox ha recordado que lleva denunciando desde “siempre y hace cuatro años” el problema que hay en Melilla con la compra de voto.