La secretaria de Camps declara que «El Bigotes» no aparece en la agenda del exjefe del Consell

El «amiguito del alma» al que el presidente de la Generalitat en 2008, Francisco Camps, dijo que que quería «un huevo» en la Navidad de ese año no aparece ni una sola vez en la agenda del jefe del Consell durante los ocho años que dirigió los designios del gobierno autonómico. 

Es la palabra de la secretaria personal de Francisco Camps durante los últimos veinte años que ayer declaró como testigo de la defensa en el último juicio de la trama valenciana de la Gürtel. Susana F. C. acompañó a Camps como guardiana de su agenda pública y privada durante su etapa al frente del Consell. Tarea que ha continuado ejerciendo desde 2011, al ocupar el puesto de asesora al que tiene derecho Camps como expresidente de la Generalitat. Aunque aclaró que que no tenía relación de amistad con Camps antes de ser contratada «ni ahora». 

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Su declaración pretendía establecer un cordón sanitario respecto a Álvaro Pérez «El Bigotes» y el conglomerado de mercantiles de Francisco Correa que, según se juzga en esta pieza, recibieron 1,8 millones, convenientemente fraccionados en contratos menores de 12.000 euros, de cuatro conselleries y cinco empresas públicas. En total, según las tres sentencias condenatorias firmes, la trama Gürtel recibió 14,9 millones en contratos de la Conselleria de Turismo, RTVV y el PP en cinco años. 

Un periodo en el que Álvaro Pérez no aparece en la agenda del presidente de la Generalitat, según su declaración. «Al aparecer las primeras noticias en prensa [del caso Gürtel en febrero de 2009], yo no conocía a este señor», aseguró la secretaria de Camps en respuesta a las preguntas del letrado del expresidente. «Su nombre no me decía nada. Consulté todas mis bases de datos, agendas, llamadas, escritos, felicitaciones de navidad. Sí tenía un móvil de él en mi agenda, pero no tenía llamadas entrantes, ni salientes, ni ningún escrito. Absolutamente nada. El teléfono yo lo tenía por la agenda del partido, pero yo no tenia ningun conocimiento de este señor».

Susana F. C. también declaró que nunca lo vio en el Palau de la Generalitat. Y ni siquiera recuerda haberle pasado una llamada de teléfono suya a Camps. «No he pasado ninguna llamada porque hubiera registrado mi base de datos para detectar el nivel de connivencia. No le he oido nunca hablar con él por teléfono», confirmó en respuesta a la defensa del expresidente de la Generalitat. Aunque como recordó la Fiscal Anticorrupción, en las llamadas grabadas por la UDEF sí quedó constancia de la proximidad entre Camps y «El Bigotes» con aquel «amiguito del alma» y el «te quiero un huevo» pronunciados por Camps el 24 de diciembre de 2008, a las 21.43 horas. «Yo le pasaba las llamadas institucionales y entre ellas, él realizaba otras llamadas», admitió la secretaria. 

Al inicio de la sesión, el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga al expresidente valenciano Francisco Camps por las presuntas adjudicaciones irregulares a la trama Gürtel descartó la abstención solicitada por el ex director general de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana, que aseguró que le instaron a elaborar un informe que fue utilizado para tratar de desmontar los indicios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), tal como adelantó ayer Levante-EMV. «El tribunal entiende que no tiene capacidad legal para abstenerse. Hay orden legal para que comparezca y tiene la obligación. Que luego exprese lo que quiera en vista», ha anunciado el presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Mora, que ha resuelto esta cuestión al inicio de la vista oral.

Cabe recordar que el abogado de la Generalitat -que está citado para la próxima semana junto a un representante de la IGAE (Intervención general de la Administración del Esatdo)- solicitó la semana pasada que se retirase el informe que elaboró en su momento y que se prescindiese de su intervención en el proceso "al concurrir varias causas de abstención que imposibilitan" su participación en el mismo, como ayer adelantó Levante-EMV.

El letrado explica en su escrito que, en un momento dado, "los medios de comunicación o la propia presidencia de la Generalitat tuvieron acceso a un informe elaborado por la UDEF que ponía en entredicho la celebración de una serie de contratos". "Creo que bastantes de ellos eran contratos menores celebrados por distintos departamentos de la Generalitat", recuerda. En esta línea, detalla que "desde el entorno de Presidencia se pretendió dar una respuesta contundente al contenido de dicho informe, ya que del mismo se derivaba una mala imagen de la Institución que dañaba su reputación".

"Y en este contexto, un viernes (que eran los días en los que se daba cuenta de las reuniones del Consell) se sustituyó dicha rueda de prensa por una comparecencia de la abogada general de la Generalitat (mi superior jerárquica) y del interventor general de la Generalitat en la que expusieron su malestar (hablaban en nombre de la Institución) por el contenido de dicho informe (habló esencialmente, la abogada general)", asegura, en referencia a Isabel Villalonga.

No tuvo acceso a los contratos

"Finalizada dicha comparecencia, en la que se indicó que desde la Generalitat se daría una respuesta en favor de la legalidad de la actuación de la Administración", la abogada general le citó y le encargó que "realizara un informe para analizar el de la UDEF, y dar una respuesta jurídica a sus planteamientos, siempre que ello fuera posible". "Para ello, se me facilitó una copia del informe de la UDEF, y durante el fin de semana, elaboré el citado informe. Evidentemente, este documento fue realizado desde una perspectiva de defensa de la actuación de la Administración. Y quiero señalar que para su elaboración, no tuve acceso a la documentación de ninguno de los contratos o expedientes cuestionados. Únicamente me facilitaron una copia del informe de la UDEF", denuncia.

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Torrejón también sostiene que, "en el momento" de encargarle esa pericia, "en ningún momento" se le indicó que su destino era enviarlo a la Audiencia Nacional ni a ningún otro órgano jurisdiccional. "La única finalidad de su emisión fue exclusivamente proporcionar a la abogada general, y a la Institución, una serie de argumentos jurídicos para dar una respuesta de esta naturaleza a las informaciones que se pudieran relacionar con el informe de la UDEF", sostiene.

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Y es que, prosigue, "no se trataba de un asesoramiento ordinario, ni tampoco de un informe a incorporar en un expediente administrativo común". "De acuerdo con estos antecedentes, resulta más que evidente que el citado informe fue elaborado desde una perspectiva de defensa de la legalidad de la actuación de la Administración. Ello conlleva que su inclusión o exhibición en este proceso, busca de forma indirecta defender la posición jurídica de los investigados", asevera.

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En este juicio, que arrancó el pasado mes de enero, Camps se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de dos años y medio de cárcel por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama Gürtel, del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009, el único que no había prescrito para él de todos los que se juzgan en esta pieza.

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