06 de marzo de 2020
06.03.2020
Aldaia

El pleno acuerda crear una comisión para investigar la sentencia de la farmacéutica

El gobierno socialista anuncia que llevará al Constitucional fallo que le obliga a pagar 1,4 millones a la firma El PP critica que el caso no se peleó en el juzgado

05.03.2020 | 20:20
Zona donde se iba a ubicar el laboratorio farmacéutico.

Después de más de tres horas de debate político e intervenciones técnicas sobre los seis expedientes de la empresa farmacéutica, a la que el Ayuntamiento de Aldaia tendrá que indemnizar con 1,4 millones, los grupos municipales solo llegaron a un punto de acuerdo en el pleno extraordinario: crear una comisión de investigación. La firma pidió licencia para abrir un laboratorio en los bajos de una finca en 2006 y le fue denegada; pleiteó en los tribunales y ganó el derecho a tener el permiso, y finalmente logró que le reconocieran los juzgados indemnizada con 1,4 millones.

Al pleno, además de la corporación, asistieron el ingeniero que hizo los informes, los dos despachos de abogados que han participado en el expediente como asesoría externa municipal y el exedil de Urbanismo del PP, Eduardo Serra, cuya presencia había solicitado el PSPV. No estuvieron presentes la exalcaldesa Empar Navarro y el edil de Urbanismo de su equipo (PSPV) que pidió el PP.

En la sesión, el Partido Popular recriminó al PSOE que, en la primera valoración de la sentencia, hubiera cuestionado la parte del expediente que se tramitó en su etapa y defendió que siempre se actuó «siguiendo los criterios técnicos». Además, los populares criticaron que cuando la firma, que ya había ganado en firme el derecho a tener la licencia, presentó un recurso por responsabilidad patrimonial «no se defendió el asunto judicialmente como tocaba por parte del ayuntamiento y por eso se perdió». Asimismo, el PP mostró su recelo porque algunos de los decretos sobre el permiso se resolvieran por silencio administrativo y por el tiempo que pasó entre la concersión de la licencia ambiental y la de apertura. También mostraron su extrañeza porque el PSPV llamara al exedil Serra y no le preguntara nada.

Por su parte, Compromís ha lamentado que «el pleno fuera una batalla entre el PSOE y el PP en la que no se aclaró nada». El edil Lluis Albert Granell opina, «después de hablar con todas las partes», que «este proceso ha sido fruto de una grave descoordinación en el ayuntamiento en la que no se dialogó con la empresa y que acabará pagando la ciudadanía». «Cuando ganaron y pidieron el dinero, se tenía que haber intentado una mediación», dijo.

Desde Ciudadanos, el número dos Lucas Andrés Raga, considera que «hay que prepararse mejor para este tipo de reclamaciones porque Aldaia tiene numerosos expedientes de actividades y urbanísticos que pueden acabar de forma similar». «En el proceso, no se realizó una defensa activa de los intereses municipales con pruebas periciales que pudieran revocar lo que pedía la empresa. El ayuntamiento tiene que prepararse mejor para el futuro», insiste.

En la parte final del pleno, el gobierno municipal desveló que, durante los últimos días, ha estado realizando consultas con catedráticos de prestigio especializados en Derecho Constitucional. Se trata de «determinar si es viable emprender desde el Ayuntamiento la tramitación de un recurso de amparo al Tribunal Constitucional». «Estamos estudiando hasta el último resquicio que nos permitiera recurrir la sentencia dictada por el Supremo», insistieron.

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