El Ayuntamiento de Almàssera va a tener que indemnizar con 78.000 euros a la exconcesionaria de ambas piscinas del municipio por extinguir el contrato. Así lo ha dictado el Tribunal Superior de Justicia, que ratifica el fallo emitido por el contencioso administrativo. La sentencia la revelaba ayer el grupo municipal de Ciudadanos.
Todo se remonta al final del verano de 2016. La empresa concesionaria de la piscina descubierta, la cubierta y el bar-cafetería del complejo, decido abandonar las instalaciones, fruto de las pérdidas económicas. El contrato entre el Ayuntamiento de Almàssera, en manos del Partido Popular, y la empresa se había firmado tres años antes, para un periodo de quince años. La adjudicataria corría con los gastos de personal y suministros de las instalaciones.
Pero con el final de la temporada, la empresa bajó la persiana. A partir de ahí se inició un proceso administrativo que concluyó un año después -con el informe del Consell Jurídic Consultiu incluido-, cuando el pleno municipal aprobaba resolver el contrato e incautar la garantía definitiva depositada por la mercantil hasta la cantidad de 29.455 euros.
La empresa decidió entonces presentar un contencioso administrativo en el que reclamaba al ayuntamiento una indemnización por cuatro conceptos: los finiquitos que tuvo que dar a sus empleados, la compra de material, gastos excesivos en personal para la instalación y un 75% desobrecostes por el consumo de gas para mantener caliente el vaso, ya que las placa solares instaladas en su momento para aliviar el consumo nunca funcionaron.
El juez estimó los dos últimos conceptos y condenó al consistorio a indemnizar a la empresa con 78.000 euros. El TSJ ha ratificado el fallo y ahora el pleno ha aprobado un último recurso en el que acepta abonar unos 35.000 euros por los sobrecostes de personal, pero no por el gasto energético.
El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Almàssera, Jesús Pastor, lamenta que el ayuntamiento haya de pagar 78.000 euros y pide «autocrítica al gobierno municipal formado por PSPV, Compromís y Podemos», ya que, «el único motivo» para rescindir el contrato «era que fue una adjudicación que realizó el anterior gobierno, del PP». «Esta decisión no solo va a costar a las arcas municipales alrededor de 78.000 euros, hay que sumar también las costas, sino que nos ha tenido cuatro años sin piscina cubierta», critica Pastor, quien reclama de nuevo «la reapertura de esta infraestructura cuanto antes».
«No pagaron el gas»
Por su parte, el alcalde Ramón Puchades, explica que van a presentar un último recurso. El dirigente socialista indica que la empresa «nunca pagó los recibos del suministro de gas, sino el ayuntamiento, porque nunca se cambió la cuenta. Por tanto, estamos de acuerdo en abonar el exceso de gasto por el personal contratado, pero no unos sobrecostes de gasto energético que la empresa nunca ha abonado. De hecho, hemos pagado de esas facturas 33.000 euros y quedan otros tantos»».
