Todos los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Alboraia han presentado un registro de entrada solicitando la convocatoria de una junta general de Egusa, la empresa pública municipal. Las formaciones denuncian “falta de transparencia” en las decisiones de Egusa, “en un tema de relevancia”, como es el conflicto judicial entre la empresa pública y la promotora del PAI en Port Saplaya. Según PP, Compromís, Vox, EU y Ciudadanos, “desde que se hizo la junta general para validar el acuerdo, no se ha vuelto a tratar nada de ese tema”.
El acuerdo al que se refieren se selló en agosto de 2019. La Junta General de Egusa aprobó el acuerdo sellado con la promotora Quabit, para saldar la deuda que mantiene la mercantil alboraiera con la sociedad urbanística por unos 26 millones de euros. El documento, repleto de cláusulas en las que cada parte se garantiza su seguridad jurídica, establece que Egusa dona a Quabit las parcelas situadas en Port Saplaya como dación en pago por la deuda contraída por un PAI iniciado en 2006, un macroproyecto urbanístico que incluía 900 viviendas, 200 amarres, un hotel, un auditorio y un paseo marítimo. La crisis del ladrillo, el PAT de l’Horta y la batall de la CHJ por la falta de recursos hídricos acabó enterrando la actuación urbanística. Pero
la promotora adelantó en su día a Egusa, 23,4 millones en concepto de los futuros beneficios del desarrollo del sector. El entonces presidente de la empresa pública, Manuel Álvaro, a su vez alcalde de Alboraia, se gastó el dinero en el soterramiento de las vías del Metro y en gasto corriente para el funcionamiento del ayuntamiento. Tras un largo conflicto judicial, y con sentencias a favor de la promotora, las parte pactaron la dación en pago para liquidar la deuda.
Esta misma semana, el consejo de administración de Egusa dio cuenta de la ejecución hipotecaria de dichas parcelas. Las formaciones municipales solicitan una junta “donde se pueda poner encima de la mesa todos los documentos y negociaciones que se han llevado a cabo en este tema”. Los grupos defienden que la junta “se pide por la falta de diligencia del equipo de gobierno para negociar con la mercantil y el oscurantismo con que se ha llevado todo.”
¿Y porqué no se culminó el acuerdo entre las partes desde eses 2019? Por un litigio judicial. La parcela pública en Port Saplaya tiene una superficie de alrededor 70.000 metros cuadrado: 60.000 son de Egusa y los otros 10.000 del ayuntamiento, principalmente para viales. Pero la pastilla estaba inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre de la empresa municipal. Por este motivo, casi al mismo tiempo que se ultimaba el documento entre Egusa y Quabit, el pleno de Alboraia aprobaba la segregación del terreno de su propiedad. Este trámite se realizó de manera unilateral.
Una de las empresas comerciales de Port Saplaya acudió al juzgado al no ver claro que el ayuntamiento utilizara la figura de la segregación, y no la de linde. El juez ha dado la razón recientemente a la mercantil. Por tanto, el consistorio debe realizar la pertinente consulta pública con los propietarios que lindan con la parcela que pasará a manos de la promotora para saldar la deuda. En este sentido, el consistorio pretende recurrir la sentencia.
Todo este proceso judicial ha bloqueado que el acuerdo entre Egusa y Quabit, ahora propiedad de Neinor. De ahí que el abogado de la promotora reactivara hace unas semanas, poco antes de que fuera pública la sentencia contra el consistorio por el proceso de segregación, la ejecución hipotecaria de los terrenos de Port Saplaya. De hecho, ya lo solicitaron hace unos años cuando les favoreció el fallo que obligaba al consistorio a devolver los 26 millones de deuda y que posteriormente pidieron paralizar cuando se iniciaron las conversaciones que culminaron con el documento de acuerdo para saldar el pasivo de Egusa. De hecho, los abogados de la empresa pública y de la promotora se desplazaron este viernes hasta los juzgados de Moncada para volver a solicitar de nuevo la paralización de la ejecución hipotecaria. En este sentido, los terrenos que saldrían a subasta tienen un valor muy por encima del pasivo contraído con la mercantil urbanística.
Ahora se abre un nuevo escenario en el que el ayuntamiento y Egusa deberá sentarse con las empresas comerciales que lindan con los terrenos para alcanzar el acuerdo que evite una nueva impugnación en el juzgado, y permita, a su vez, la anulación del fallo a su favor. También tiene intención de sumarse a las negociaciones la propia promotora, futura propietaria del suelo. Al final, todo es cuestión de una propuesta que satisfaga todos los intereses de las partes.
Un PAI aprobado en 2006
En 2006, Egusa y Grupo Mediterráneo Costa Blanca, un paraguas formado inversores privados como Astroc (Enrique Bañuelos) y la familia Lladró, crean la sociedad mixta Alboraia Marina Nova. El objetivo era desarrollar en una superficie de más de 108.000 metros cuadrados, un macroproyecto urbanístico que incluía 900 viviendas, 200 amarres, un hotel, un auditorio y un paseo marítimo.
Pero para ejecutar el plan no solo era necesario que el suelo fuera edificable, sino una serie de condicionantes que poco a poco fueron aminorando la velocidad del proyecto urbanístico hasta hacerlo encallar. La superficie comercial de la zona (Alcampo y Leroy Merlín), debía trasladarse a una zona de huerta, ya que sobre ese suelo se construiría el paso marítimo.
La Generalitat bloqueó el traslado al incluir la pastilla de huerta afectada dentro del Plan de Acción Territorial de la Huerta. Además, la aprobación del PGOU de Alboraia que hubiera podido desbloquear el traslado se demoró en exceso. A esto se unió que en 2008, la Confederación Hidrográfica del Júcar presentó un contencioso contra el plan urbanístico, con el argumento de que no se había acreditado los recursos hídricos para las 900 viviendas previstas. No retiró la demanda hasta 2014. Por si fuera poco, la crisis del ladrillo fue la estocada definitiva para que el PAI acabará en el fondo del Mediterráneo. De hecho Quabit acabó heredando los activos tras el hundimiento de Astroc.
Hasta ahí todo sería normal. El problema es que la promotora adelantó en su día a Egusa, 23,4 millones en concepto de los futuros beneficios del desarrollo urbanístico del sector en Port Saplaya. El entonces presidente de la empresa pública, Manuel Álvaro, a su vez alcalde de Alboraia, se gastó el dinero en el soterramiento de las vías del Metro -en un convenio firmado con la Generalitat para pagar las obras a partes iguales y donde solo pudo aportar ocho millones de euros- así como en gasto corriente para el funcionamiento del ayuntamiento.
El caso acabó en el juzgado
En 2014, venció el plazo para que el proyecto urbanístico se ejecutara, aunque desde meses antes Quabit empezó a reclamar tanto a Egusa como al consistorio los 23,4 millones de euros adelantados. Ante la falta de respuesta, la promotora presentó en julio de 2015 un contencioso administrativo reclamando la devolución de la deuda.
A finales de 2016, el juzgado de Primera Instancia Nº 6 de València condenó a Egusa a devolver a Quabit Inmobiliaria los 23,4 millones, más otros 2,5 millones en concepto de intereses. La sentencia, a su vez, eximía al Ayuntamiento de Alboraia de hacer frente a la deuda en el caso de que Egusa no pudiera, circunstancia que se ha mantenido desde entonces. La Audiencia ratificó la sentencia y la promotora siempre mostró la voluntad de hallar una solución.
Casi dos años después del primer fallo judicial, las partes alcanzaron un principio de acuerdo, que permitirá a Quabit retomar el proyecto urbanístico, aunque ahora de forma más modesta al reducir las viviendas a medio millar y eliminando los amarres, el auditorio y el hotel. Por su parte, Egusa saldaba la deuda con sus parcelas.
