Un nuevo frente económico se abre en 2023 para los ayuntamientos de l’Horta en forma de una nueva tasa de residuos, ante la obligación de tener que pagar más de 5 millones de euros. Se trata del impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero, la incineración y la coincineración de residuos que emerge de la nueva Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta tasa viene a contestar la directriz europea de que pague más el que más contamine. A diferencia de la tasa Tamer, que seguirán pagando todos los contribuyentes, este impuesto tiene como objetivo promover el reciclaje pero atacando a las arcas, ya que entiende que todo lo depositado en el vertedero para su incineración es porque no se ha reciclado convenientemente.
Esta tasa fue realmente creada por la Ley 21/2017 de 28 de diciembre pero modificada por la Ley 3/2020. En el primer año de la tasa, fue la Emtre (Entidad Metropolitana de Tratamientos de Residuos) la que asumió los cerca de 4 millones de euros, peor al año siguiente derivó el pago a los consistorios. Así, en la comisión informativa de la entidad el pasado 19 de julio se trató la liquidación del impuesto, que sumaba un total de 251.557 euros para los municipios de l’Horta, junto a las Mancomunidades del Carraixet y de l’Horta Nord que asumen la gestión de residuos. Esta cifra se considera asequible por los ayuntamientos, con un rango que va desde los 32.723 euros de Torrent, que es el que más paga, hasta los 1.340 euros de Beniparrell, que es el que menos.
El problema llega cuando en abril se prueba la nueva Ley de Economía Circular y se establece que esta tasa debe ser a nivel estatal y es el Estado es el que cambia los parámetros para determinar el coeficiente. Así, según las estimaciones de la Emtre, para 2023 los consistorios deberán pagar 5.127.950 euros, esto es veinte veces más que en 2022. ¿Cómo puede aumentar tanto esa cifra con la nueva reformulación del coeficiente? A diferencia de lo que ocurre con el impuesto autonómico, el impuesto estatal contempla todos los rechazos generados en planta. Con ello computan también las fracciones procedentes de hospitales, mercados, poda y polígonos.
Además computa desde la primera tonelada al mismo precio, no existiendo tramos con diferentes precios que apliquen a consorcios y a gestores de plantas. En este caso, el sujeto pasivo del contribuyente son los ayuntamientos.
La cárcel de Picassent, al ser de competencia estatal, se separa del consistorio local y asume la tasa que asciende a 24.920 euros.
Para saber qué debe pagar cada ayuntamiento, se multiplica todas las toneladas eliminadas en el vertedero por el canon aplicable de 30 €/Tn y tras ver los do primeros trimestres de 2022, se hace una estimación de lo que se computará en los últimos dos, para obtener esa cifra total que ya ha sido trasladada a los ayuntamientos en la comisión informativa de la Emtre en julio.
Así, volviendo a los ejemplos anteriores, Torrent pasará de pagar 32.723 euros a 661.929 euros y Beniparrell de 1.340 a más de 60.000 euros.
Un conflicto para los consistorios
Esta diferencia plantea un grave problema para los ayuntamientos de l’Horta que deben ahora cuestionarse cómo asumir esta tasa tan elevada, si bien costearla a través de las arcas municipales, lo que representa un gran esfuerzo para consistorios pequeños con problemas de financiación, o imponer un nuevo gravamen a los contribuyentes ante el riesgo de un rechazo social en pleno año electoral. Una pregunta que ha sido trasladada en los plenos desde la oposición por el Partido Popular a los gobiernos de municipios como Alboraia o Benetússer.
