La Agencia Valenciana Antifraude ha instado al Ayuntamiento de Godella a penalizar con 2,1 millones al agente urbanizador del PAI de los sector 31-32 por el incumplimiento de los plazos en la ejecución de las obras. Así consta en una resolución de la entidad autonómica que concluye una investigación para esclarecer posibles irregularidades de la actuación municipal.
El PAI del Sector 31-32, conocido como Cañada de Trilles o Torreta del Pirata, acumula dos décadas de trámites, embrollos judiciales, polémicas y movilizaciones vecinales. La actuación urbanística nace en 2002, y fue aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo en 2004. El convenio firmado con el agente urbanizador se sella en mayo de 2006, con el compromiso de que las obras debía estar ejecutadas en un plazo máximo de 30 meses. La reparcelación y la inscripción en el Registro de la Propiedad se certificó en 2008. En tres años no se movió piedra alguna y el ayuntamiento acordó en octubre de 2011, iniciar el expediente para la caducidad del PAI, aprobación que se produjo de manera definitiva en enero de 2018, con el aval del Consell Jurídic Consultiu, ante el incumplimiento de finalizar las obras.
Frente aquel acuerdo plenario se presentaron cinco recursos de reposición y un contencioso, que solicitaba su anulación por la caducidad del propio procedimiento abierto por al ayuntamiento para aprobar la caducidad. De tal manera que en enero de 2020, el pleno declaraba caducado el procedimiento administrativo para la caducidad del PAI, dejando vigente de nuevo la actuación urbanística. En junio de ese año, las máquinas entraron en los terrenos afectados para realizar unas catas previas, en lo que significaba los primeros trabajos en la zona en 20 años, desatando una ola de criticas y movilizaciones vecinales, aglutinadas bajo la plataforma Salvem la Torreta del Pirata, contra una actuación urbanística que contempla 447 casas y el incremento del censo vecinal en unos 1.500 nuevos habitantes, un 15% del actual.
Fue en 2020 cuando la Agencia Valenciana Antifraude recibió dos alertas anónimas para determinar si de la actuación municipal se desprenden irregularidades administrativas, así como posibles conductas de fraude o corrupción. La agencia considera que no tiene competencias en materia judicial pero sí decidió abrir una investigación, que ha cerrado hace una semana, tras las alegaciones presentadas por el consistorio godellero.
Así, en sus conclusiones, la Agencia Antifraude aprecia ciertas irregularidades en todo el proceso administrativo realizado por el ayuntamiento. Así, la AVAF concluye que “resulta acreditado el incumplimiento” por parte del agente urbanizador de las obras del PAI de la Cañada de Trilles, fijado en 30 meses, a contar desde el día siguiente de la inscripción en el Registro de la Propiedad, fecha que se superó en agosto de 2011. En este sentido, la entidad autonómica apunta que el convenio entre la administración local y el agente urbanizador recoge entre sus clausulas, la imposición de penalidades por los incumplimientos de los plazos. Así, la AVAF estima que dicha penalidad ascendería a 2,2 millones, a fecha 14 de julio de 2022, a 0,12 céntimos por día de cada 601 del precio de contrato, fijado por encima de los 5 millones de euros. Cabe recordar, que la empresa depositó un aval de 1,4 millones en 2008, cuando se selló el proyecto de reparcelación. Antifraude insta a tramitar y resolver la imposición de penalidades, aunque también reconoce el ayuntamiento ha comunicado que ha abierto ya expediente para ello.
Además, la AVAF revela que el agente urbanizador cobró cuotas de urbanización con terrenos (parcelas resultantes E7 y F) y que ante el incumplimiento de la empresa con las obras, considera “preciso que esa situación desfavorable sea subsanada para garantizar a los propietarios el importe abonado en terrenos, en concepto de cargas de urbanización y con carácter anticipado”.
Consentimiento del incumplimiento
Por último, la Agencia Antifraude insta al Consistorio de Godella a “resolver la situación jurídica” del PAI, “bien tramitando y resolviendo el procedimiento instruido para acordar la prórroga de la vigencia del mismo, como ha optado el ayuntamiento, o resolviendo la caducidad de la actuación”. En este sentido, la AVAF afeó la “inactividad municipal”, ya que no ha acordado ni la prórroga, ni la caducidad ni la imposición de penalidades, “consintiendo el incumplimiento del convenio urbanístico”, y recrimina que “debió velar por el cumplimiento” de la ejecución del proyecto urbanizador en los plazos previstos exigiéndolo a la empresa.
En sus alegaciones, el ayuntamiento, gobernado ahora por PSOE-Compromís, rechazó la inactividad criticada por la AVAF y defendió la vigencia del PAI en el “interés público”, y justificó la prórroga de la vigencia del PAI en la “oportunidad de subsanar aspectos deficientes o desfavorables de la actual situación en que se encuentra el expediente”, como lograr mejoras en zonas verdes, menor impacto del ladrillo o actuaciones para prevenir las inundaciones, además de “garantizar adecuadamente la obligación del urbanizador de urbanizar los sectores”.
