El inicio de los trabajos en la zona de Godella que se urbanizará para construir 450 viviendas, el llamado PAI de la Torreta del Pirata, ha provocado nuevamente las quejas de los sectores ecologistas y vecinales que se oponen a este proyecto. La empresa urbanizadora, Canyada de Tríes, que ha sido adquirida por el grupo Bertolín, según informan fuentes municipales, colocó hace unos días el vallado que delimita la zona donde se actuará y taló ya los primeros árboles, algunos de ellos de gran porte, además de realizar desbroces con maquinaria pesada.

Por ello, en las últimas semanas, ha crecido la tensión en Godella, lo que se plasmó, por un lado, en la realización de una cadena humana alrededor del bosque, donde participaron mas de 500 personas, según los grupos convocantes. Y por otro, los responsables municipales, con la alcaldesa socialista Teresa Bueso al frente, denunciaron públicamente estar sufriendo "acoso" por parte de opositores al proyecto y acudieron a la Comisaría.

La consecuencia ha sido que "varios vecinos han sido llamados a declarar en la Comisaría de la Policía Nacional de Burjassot por denuncias realizadas por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Godella", tal y como desvelaron ayer los grupos que rechazan al PAI en un comunicado. Desde el gobierno local se replicó que "la Policía solo llama a declarar cuando ve indicios de delito".

Árboles talados. L-EMV

Los colectivos convocantes de las protestas consideran que sus acciones "para la protección del medio ambiente en Godella" son legítimas. "Hacemos un llamamiento a la crítica constructiva y al no uso de violencia. Entendiendo como violencia privar de este espacio a los vecinos, la violencia administrativa sistemática que está ejerciendo el ayuntamiento en todo el proceso de tramitación de este PAI", indicaron.

Libertad de expresión

"Criticar la gestión y las decisiones políticas forma parte de la libertad de expresión amparada por la Constitución y es parte fundamental del control de las Administraciones para que no se sucedan abusos, por un ejercicio del poder inadecuado. Poder que, como recoge nuestra carta Magna, mana del pueblo", se han defendido los colectivos. "Desde el convencimiento de que el futuro de nuestro pueblo pasa por defender nuestra naturaleza, instamos a los vecinos a ejercer sus derechos desde el respeto y al ayuntamiento a ejercer el poder con responsabilidad y sabiendo que gobierna para los vecinos y no contra ellos", concluyen.