Alboraia da carpetazo a su fallido plan urbanístico: “Hemos suspendido todos los partidos”

El pleno de Alboraia de este jueves llevaba en el orden del día un punto simbólico para el municipio. Una derrota política o una victoria vecinal, según quien la explique. El alcalde Miguel Chavarría dio cuenta de la caducidad de la memoria medioambiental del Plan General, con lo que la propuesta urbanística liderada en solitario por el PSOE durante más de diez años decae de forma definitiva. Esto significa que para iniciar un nuevo PGOU habría que partir de cero y tramitar otra vez toda la documentación. También significa que Alboraia, a pesar de la deuda que lleva décadas asfixiando al municipio, ha invertido alrededor de un millón de euros en un proyecto completamente estéril. 

La historia de este fallido plan comenzó en 2010, cuando el PP presentó una revisión del PGOU de 1991 –vigente desde entonces– para ocupar un millón de metros cuadrados de huerta que no consiguió llevar a aprobación. Una vez entró el cuatripartito en 2011 se marcó como objetivo revisar de nuevo el plan y reducir la ocupación de áreas rurales conforme a lo establecido por la Ley de la Huerta de València. “El primer intento no satisface porque aún se ocupaba mucha huerta, pero tras algunas modificaciones conseguimos un documento que rebaja a 300.000 metros cuadrados esta ocupación”, relata Ana Bru, delegada de Urbanismo. “Finalmente, tras recoger las alegaciones en la fase de exposición pública, nos quedamos con 150.000 metros de ampliación, pero ni siquiera entonces logramos el apoyo del resto de grupos”. 

La revisión del PSOE, ahora decae después de que la oposición haya ido tumbando todos los trámites, proponía, entre otras cosas, la finalización de las manzanas colindantes al polígono y la construcción de un carril bici, la edificación de un colegio e instituto para dar servicio a la población del casco histórico (muchos alumnos se ven obligados a desplazarse hasta la Patacona) y la recalificación de una franja junto a la estación del Palmaret para levantar fincas de vivienda protegida. Además, con la recalificación de terrenos el plan pretendía ayudar a saldar la deuda heredada del PP por el soterramiento del metro, cuyo pago está pactado con FGV a 39 años. 

Asimismo, según explica la concejala socialista, el plan urbanístico buscaba proteger el casco urbano para respetar su uniformidad y su esencia mediterránea, impidiendo que las típicas casas de huerta no fueran convertidas en edificios de tres y cuatro alturas. “Nosotros propusimos hacer un catálogo para que la normativa autonómica del patrimonio pudiera proteger las viviendas del centro. Cuando vas a un pueblo de casas bajas gusta mucho pasear por el centro, eso es lo que queremos para Alboraia, no una organización como la que tienen por ejemplo en Torrent, con dientes de sierra donde hay una vivienda protegida entre fincas enormes”, explica Bru, preocupada ante la posible regresión urbanística. Mientras la revisión del PGOU estaba en fase de modificaciones y exposición pública, los trámites bloqueaban –asegura la socialista– que se pudieran hacer grandes obras en el centro, pero ahora que vuelve a operar únicamente el plan del 91 habría vía libre para derribar casas históricas y levantar pisos.

"Perder ese millón nos duele mucho"

La portavoz de Compromís, Conxa Villena, comparte la inquietud de su actual socia de gobierno, considerando que con el carpetazo es una derrota colectiva –"hemos suspendido todos los partidos políticos"– pese a que su grupo ha rechazado las sucesivas modificaciones del plan. “El modelo que tenemos no es ideal, perder ese millón nos duele mucho y el pueblo necesita tanto vivienda social como dotaciones educacionales, pero aquí había dos problemas: por un lado, tenemos que consensuar un plan que sea capaz de entender el pueblo y contar con él. Por otra parte, este plan venía heredado del PP y nosotros no queremos un pueblo amurallado entre sus edificios y de espaldas a la huerta. Alboraia debe crecer con moderación y la vivienda nueva debe ser accesible a la clase obrera”. 

La portavoz de los valencianistas explica que el proyecto frustrado ha encontrado la oposición de muchos vecinos del casco histórico porque, entre otras cosas, planteaba la protección de las casas bajas sin ofrecer una compensación. “Nadie quiere que le protejan la casa patrimonialmente sin recibir subvenciones, porque cualquier reforma en ella es un dineral. Si la casa no se puede tocar, al menos que tengan ayudas”, asegura Villena, e insiste: “Hay que escuchar a los vecinos y amoldarse a lo que nos digan ellos y los técnicos del ayuntamiento”. 

"Se ha consultado a 600 personas, no es serio"

Pero la escucha a los vecinos habría sido insuficiente, o al menos esa es la razón que alega Marta Martín, de Esquerra Unida PV, para oponerse al proyecto: “Se ha consultado a 600 personas, no es serio”, lamenta, y a continuación traslada el foco a otra zona gris del plan: “Los 150.000 metros de ocupación de huerta seguían siendo una barbaridad y además no querían pagar indemnizaciones a los expropiados”. Por ello, Martín rechaza un proyecto que en realidad enmienda desde su propia concepción: “Alboraia no necesita crecer más. Con el PGOU más el PRI de Port Saplaya y el PRI de Patacona podríamos sumar hasta 3.000 viviendas nuevas. No tenemos dotaciones para tanta gente”.