La Generalitat se solidariza con los afectados del ataque homófobo de Xirivella

La vicepresidenta segunda de la Generalitat Valenciana y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha visitado esta tarde el local de Xirivella en el que el pasado sábado se produjo una agresión homófoba para trasladar el apoyo del Consell a Rober y Germi, propietarios del local y víctimas del terrible ataque.

Atacan a los dueños de un bar de Xirivella al grito de "maricón de mierda"

La jefa de Igualdad ha estado acompañada de la secretaria autonómica de Diversidad e Igualdad, Asun Quinzá y del director general de Diversidad, Stephane Soriano, además del portavoz del gobierno local, Guillermo Garrido. Durante el encuentro, los representantes han charlado con los gerentes del local para conocer todos los detalles del ataque y han puesto a su disposición todos los servicios de asesoramiento y acompañamiento que ofrece la administración autonómica, entre ellos el Servicio Orienta, que solo el año pasado prestó más de 10.700 atenciones a personas del colectivo LGTBI.

Reclaman unidad política contra la homofobia

Los propietarios del local han agradecido la visita y el apoyo recibido, unas muestras de cariño que les están llegando desde todos los rincones, no solo del municipio sino de toda la provincia, según han confesado a este diario. "El teléfono no para de sonar y no paran de venir vecinos a preguntarnos como estamos y a mostrarnos su apoyo. Nos quedamos con eso. Con todo el cariño que estamos recibiendo", relatan.

Asimismo, han querido aprovechar el encuentro para reclamar mayor unidad política: «es muy importante que en estos asuntos todos los partidos políticos vayan de la mano para impulsar políticas que luchen contra este tipo de sucesos», han instado a la consellera de Igualdad.

"Todavía estamos flipando. Fue muy desagradable"

La Policía lo investigará como delito de odio

Además, los afectados confirmaron ayer que ya han presentado una denuncia ante la Policía Nacional, quienes investigarán los hechos como un delito de odio, tal y como contempla el protocolo que el Ministerio del Interior comparte con los cuerpos y fuerzas de seguridad.