spaña está muerta. La energía fotovoltaica se ha reservado a las grandes compañías eléctricas; nos han quitado el autoconosumo». Así define Josep Antoni Nebot, responsable de la firma de energías renovables Heliotec, la situación creada tras el anuncio del ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, de establecer un nuevo impuesto, el «peaje de respaldo» — una carga económica para que los que produzcan su propia energía y estén conectados a la red eléctrica contribuyan a los costes del sistema— , para los usuarios que generen electricidad para uso propio. Una tasa que se suma a la que ya deben pagar cuando viertan la energía sobrante a la red eléctrica, el denominado «peaje de generación».
La situación para el sector ha pasado a convertirse en dramática. La inestabilidad legislativa y la amenaza de nuevas tasas ha espantado a los inversores extranjeros que habían visto en la fotovoltaica un valor seguro y de futuro. También las industrias que habían pensado en el autoconsumo como una fórmula eficaz para rebajar el coste energético están congelando sus proyectos. «En Heliotec teníamos firmados contratos con grandes empresas, sobre todo de sectores como el agroalimentario, el del frío o el de la restauración que ahora están revisando los proyectos porque los números y la rentabilidad ya no son tan claros. Nos encontramos en una situación de espera muy dañina», asegura Nebot, que considera que la presión de las grandes eléctricas al Gobierno ya ha dado sus frutos. «Los únicos proyectos viables serán los suyos, los de más de 50 megavatios. Se ha dado un golpe mortal a la democratización de la energía».
La presión de las grandes distribuidoras energéticas, como asegura Nebot, sigue siendo muy intensa. Esta misma semana, durante la inauguración de la central eléctrtica Cortes-La Muela, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, volvió a insistir en el asunto diciendo que el recibo de la luz bajaría un 10 % sin las ayudas a las energías renovables. La respuesta no tardo en llegar de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), que precisó que la tarifa eléctrica podría bajar hasta un 20 % si se retiran a las grandes distribuidoras las«desproporcionadas sobrerretribucionese por la generación de energía nuclear e hidráulica».
El debate está servido en un sector que, atendiendo a los resultados del informe elaborado por la Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético, iba a pasar de generar 770 empleos en 2012 a cerca de 21.000 en el año 2021;la cifra de negocio se incrementaría en esos mismos nueve años de 211 millones de euros hasta los 21.520 y, además, produciría al Estado unos retornos económicos de 1.217 millones de euros. Aunque no hay cifras muy fidedignas, se estima que actualmente en España puede haber entre 20.000 y 50.000 instalaciones fotovoltaicas de particulares o empresas.
Camino a la insumisión
Ser insumiso, dejar de usar la instalación fotovoltaica o desconectarse de la red eléctrica son las opciones que barajan los dueños de placas de energía solar para actuar frente al futuro real decreto de autoconsumo eléctrico, que consideran «absurdo, injusto y aberrante». La propuesta de regulación, señala Ricard Jornet, dueño de una instalación fotovoltaica de 8 kw en su restaurante de Mataró, «es un despropósito y no quiero ceder ante la injusticia». Jornet se ha propuesto no pagar el peaje, cuando se ponga en marcha, hasta que una sentencia judicial le obligue.
El empresario quiso que su restaurante fuese sostenible y también demostrar que es posible y viable producir su propia energía, por lo que instaló las placas hace un año sin subvención. La misma idea de sostenibilidad fue la que llevó a Esther Sánchez a instalar 19,7 kW de placas solares en Can Boada, el centro geriátrico que dirige: «es una filosofía de vida, si cuidas de personas, también tienes que preocuparte por su planeta». Para Sánchez, la vía de escape ante la reforma es intentar ser autosuficiente y está estudiando el coste de instalar unas baterías que acumulen la energía producida sobrante para poder ser «autónoma».
Esta misma idea de «desconectarse de la red» para evitar pagar el peaje es la que baraja Jornet, por ello se plantea dividir su restaurante, que es premio al mejor proyecto solar europeo, en dos partes: uno con las placas fuera del sistema y otro conectado sin instalación fotovoltaica.
Ambos proyectos y sus cálculos iniciales se ven «truncados» con estas medidas, porque con la reforma cada kilovatio-hora pasará a costar 9 céntimos -hasta ahora lo autoproducido es gratis-, con lo que los períodos para amortizar la inversión se alargan.
Las dos instalaciones fotovoltaicas además de este peaje tendrán que instalar un doble contador (que supone otra inversión de mil o 2.000 euros), y en caso de no declarar la existencia de placas, para intentar evitar los pagos, podrán ser sancionados con multas de hasta 30 millones de euros.
Hasta ahora, la opción solar «era rentable» porque en los últimos cuatro años el precio de los paneles ha descendido en un 80 por cierto, asegura Ángel Hurtado, ingeniero industrial de Solarfam, empresa instaladora de energías renovables, pero si se aprueba el decreto, según sus cálculos se frenarán el 90 por ciento de las nuevos proyectos.
«Producir energía solar es lo mismo que si cultivas y consumes tus lechugas, pero en este caso al autoconsumir, dejas de comprar a las grandes eléctricas, quienes han promovido esta reforma para no ver disminuidas sus ventas» ha señalado Hurtado.
El peaje para Juan Antonio Cabrero, que tiene en el tejado de su casa una instalación fotovoltaica de 7 kW, es «un disparate» y en su caso, el autoconsumo deja de ser una opción «atractiva» para ser «inviable», porque pagaría un 27 por ciento más que si estuviera conectado a la red. Para Cabrero, las opciones para sus placas de energía solar son anularlas y dejar de usarlas, no declararlas y arriesgarse a las sanciones o pagar según el nuevo real decreto.
Además, Cabrero ha señalado que este decreto va en contra de toda la política de la Unión Europea y en contra de las recomendaciones de la Comisión Nacional del Energía, que el mes pasado pidió al Gobierno que elimine estos «cargos» porque son discriminatorios y desincentivan la eficiencia energética.
