La lista de obras con las que Sagunt ha tenido problemas es mucho más larga que las actuaciones que se han resuelto sin contratiempos durante los últimos años. La mayoría acaba por resolverse con el único inconveniente de los retrasos, aunque hay al menos dos con las que el ayuntamiento se está mostrando incapaz de darle una salida satisfactoria: El pabellón polideportivo frente al cementerio del Port de Sagunt y la fuente en la avenida País Valencià, dedicada a la memoria de las víctimas del terrorismo.
En el primer caso y como informó en su día Levante-EMV, la renuncia de la cuarta empresa adjudicataria de esta infraestructura financiada con 3,4 millones del plan contra la crisis lanzado por la Generalitat Valenciana en 2009 amenaza con que se pierdan los fondos autonómicos, a lo que Sagunt ya ha tenido que añadir más de 350.000 euros de fondos propios.
Y es que, mientras la empresa sigue sin hacer oficial su intención de no cumplir el contrato que ya había firmado por cerca de 2,4 millones, que son los que faltan por ejecutar, los informes técnicos municipales han confirmado que no se podrá adjudicar de forma directa a la otra empresa que presentó oferta.
El concejal de Contratación de Sagunt, Pepe Gil, apunta que «hemos exigido al adjudicatario que presente la documentación que certifique su renuncia y, a partir de ahí, tendremos que iniciar nuevamente el procedimiento de licitación».
De esta forma y después de que el Consell diera de plazo hasta el próximo verano para acabar todas las obras del conocido como Plan Confianza o Plan Camps, el ayuntamiento tiene imposible llegar a tiempo y ya ha sondeado a la Generalitat para que otorgue una nueva prórroga. Gil apunta que «se supone que lo permitirá, porque hay intervenciones de otros ayuntamientos -como el de València- que se encuentran en una situación similar a la nuestra».
Reparación inviable
En cuanto a la fuente de la avenida País Valencià, que apenas funcionó durante los meses posteriores a su inauguración en marzo de 2011, Sagunt ya ha recibido el informe de la dirección facultativa de la obra, que asegura que dejarla en las mismas condiciones que reflejaba el proyecto supondría casi el mismo gasto que hacer una nueva.
Así y según explica Gil, «ahora tenemos que estudiar las soluciones que podemos darle para que tenga funcionalidad». Cabe recordar que el consistorio abrió un expediente para determinar la responsabilidad del deficiente funcionamiento de esta infraestructura, que determinó que la empresa encargada de la ejecución fue la principal culpable.
