La tensión que levanta desde hace años la disyuntiva entre la protección de Romeu y la continuidad de Lafarge volvió ayer al pleno de Sagunt, que aprobó con los votos favorables del tripartito la presentación de un recurso contra la reciente sentencia que dio la razón a la empresa al anular la declaración de la zona como paraje natural municipal. En una sesión en la que también se trató la propuesta de Compromís para derogar la Ley de Minas de 1973, que sirvió de base para el mencionado fallo, los dos bloques entorno a esta polémica volvieron a quedar definidos, aunque cada uno con sus matices.
El alcalde, Darío Moreno, pidió que «no compremos el argumento de la empresa, según el cual la declaración supone el cierre de la empresa. Es falso. La única zona que se superpone entre la teórica ampliación que reclama Lafarge y la delimitación del paraje daría recursos a la empresa durante 5 años más, así que se evidencia que la solución definitiva no pasa por el convenio firmado en 2013», al que la cementera apeló para recuperar la senda de la colaboración tras la última sentencia.
El socialista añadió que «desde que soy alcalde, me he reunido con representantes de la empresa a todos los niveles y ninguno me ha presentado, como les pido, una propuesta de viabilidad a largo plazo». En este bando también se alinearon Compromís y EU, que insistieron en que nadie quiere el cierre de la empresa, pero tampoco su continuidad a cualquier precio.
El concejal de Urbanismo y exalcalde, Quico Fernández, reiteró que «la ley y la jurisprudencia garantizan la protección de Romeu, que se acabará blindando con la declaración. La empresa debería pedir disculpas, después de que una sentencia reconociera que se había excedido del límite de la cantera y es la única que ha incumplido el convenio de 2013, que ahora reivindica. Lafarge tiene alternativas y debe cumplir la ley».
Roberto Rovira, por su parte, destacó los aspectos de la sentencia que tumbaron seis de los ocho argumentos de la cementera para anular la declaración y confió en que «el paraje será una realidad».
«No quedarán dudas»
El otro bando contó, además de con los portavoces de toda la oposición, con el expresidente de comité de empresa de Lafarge en Sagunt, Félix Vélez de Guevara, quien puntualizó que intervenía a título personal como trabajador. «Me alegro de que el ayuntamiento recurra, porque estoy seguro de que no va a ir a ningún sitio y así no quedarán dudas», apuntó, antes de señalar que, si el decreto acaba prosperando, «supondrá la muerte de la empresa y el pago de indemnizaciones millonarias».
IP, PP, Cs y Vox compartieron varios de sus argumentos. Los segregacionistas destacaron que «hay dos filosofías, los que solo se preocupan de proteger el paraje a toda costa y otros que creemos que se puede compatibilizar con la actividad de la empresa. Existe posibilidad de diálogo y acuerdo», en palabras de Manuel González.
Acuerdo mayoritario
Sergio Muniesa, mientras, fue el más insistente a la hora de recuperar el consenso del convenio de 2013, que «compagina la protección y la continuidad de la actividad extractiva. Ese acuerdo mayoritario lo rompió la declaración unilateral de paraje, que ha vuelto a traer incertidumbre tanto al paraje como a la empresa».
Salvador Montesinos, que exhibió una camiseta en defensa de Lafarge, y Alejandro Vila reiteraron el argumento de la defensa de los puestos de trabajo, apuntaron el coste económico y social de esta decisión política y llamaron la atención sobre la incapacidad local de mantener por sus medios el paraje municipal.
