El gobierno municipal de Algar de Palància ha querido explicar el motivo de que el plazo medio de pago a proveedores de este ayuntamiento se disparara en el primer trimestre del año hasta casi los 100 días, que es más del triple de lo legalmente permitido por la ley que establece las medidas contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Después de la información publicada hace unos días por Levante-EMV, «que recoge los datos tal como son», empieza por aclarar el alcalde Juan Emilio Lostado, el presidente de la corporación local añade que «el problema estuvo con una factura, que entró el último trimestre del pasado año, pero tenía una incidencia, porque la cuantía no coincidía, así que no se pagó desde el ayuntamiento hasta que se aclaró».
Tras corregir este pequeño «error», la factura se abonó con normalidad, aunque no sin antes provocar una escalada en la estadística del plazo medio de pago a los proveedores en este consistorio de la Baronia.
Esta cuestión no es baladí, ya que es un índice de morosidad que el Ministerio de Hacienda y Función Pública utiliza para tener controladas a las administraciones locales.
Deuda comercial
De hecho, a principios de este año, esta cartera estatal obligó a los consistorios que habían superado en los trimestres anteriores el plazo máximo legal del pago de facturas, establecido en 30 días, a someterse a un procedimiento para reducir su deuda comercial.
Entre los ayuntamientos de la comarca que encajaron en este perfil no solo estaba Algar de Palància, sino también entraban los consistorios de la capital, Sagunt, así como Faura, Albalat dels Tarongers, Torres Torres y Segart, tal y como publicó en su día este rotativo.
