El nuevo reglamento de Costas "refuerza los argumentos municipales" para reivindicar frente al Ministerio de Transición Ecológica que una pastilla de 66.000 metros cuadrados en primera línea del Port de Sagunt es dominio público marítimo-terrestre y, por tanto, no debe ser expropiada por el ayuntamiento a una constructora para hacer realidad el viejo anhelo de diversos grupos políticos de convertirlos en una zona verde.
Así lo asegura el alcalde, Darío Moreno, después de que el reglamento contemple situaciones como la ocurrida en el Port, durante un proceso judicial que terminó dando la razón al ayuntamiento frente a la empresa que ostenta la titularidad de ese terreno: Que el consistorio demostró con estudios científicos que el Malecón tenía arena bajo su superficie, lo que a juicio de los técnicos municipales reafirmaba que se trataba de un suelo que antes era playa y ahora debe ser de dominio público marítimo-terrestre.
En concreto, el reglamento asegura que "en el caso de que se constate, mediante datos oceanográficos, meteorológicos, geomorfológicos, cartográficos, sedimentarios o de otra índole, la existencia de bienes con las características de dominio público marítimo-terrestre, conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y concordantes de este reglamento, tierra adentro del deslinde aprobado, a causa del avance del mar o de las arenas, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 19 y siguientes de este reglamento".
Pero, sobre todo es que, más adelante, también recalca que "la línea exterior de los paseos marítimos construidos por la Administración General del Estado o por otras Administraciones Públicas con la autorización de aquella, durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la ley 22/1988, de 28 de julio, y la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, se entenderá a todos los efectos como línea interior de la ribera del mar, siempre que tierra adentro de esa línea no se encuentren bienes con las características de dominio público marítimo-terrestre establecidas en el artículo 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio", a lo que añade que "la Administración General del Estado podrá desafectar los terrenos situados tierra adentro de los paseos marítimos, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en el 38 de este reglamento, siempre que estos terrenos hayan perdido las características establecidas en el artículo 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio".
Este texto se espera que sea definitivo para que Costas abandone su intención, mostrada en dos ocasiones pese al pronunciamiento judicial en contra, de modificar el deslinde y sacar estos 66.000 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre, lo que allanaría así al camino al propietario, que ya reclamó al consistorio más de 100 millones de euros para su expropiación.
Otras consecuencias
El nuevo reglamento también deja otras consecuencias en la ciudad pues cuestiona el futuro a largo plazo de algunas zonas de Sagunt, como las concesiones caducadas hace años en el paseo marítimo del Port, las edificaciones Cases de Queralt y el Grau Vell, dos últimos enclaves que están en zona de dominio público marítimo-terrestre.
El ayuntamiento, como adelantó Levante-EMV, está negociando en los tres casos, primero para mantener todos los edificios en el paseo y en el Grau Vell. De hecho, su intención es que este último enclave pase a ser municipal y poder dotarlo de servicios básicos como alcantarillado, agua y luz, y que Cases de Queralt "tenga los medios de protección necesarios para su sostenibilidad", en palabras del alcalde.
