Al calor del segundo exitoso ocho de marzo y espoleado por los mensajes antifeministas de la ultraderecha, el movimiento de mujeres de la Comunitat Valenciana logró ayer unir a dos de los tres partidos de la izquierda (PSPV y Podemos) en torno a un documento que recoge cuestiones clave para el feminismo.
Compromís, sin embargo, mostró su apoyo con condiciones y solo se comprometió a asumir aquellas medidas que incluirá en su programa electoral. En concreto, el documento hace referencia a asuntos que hasta ahora no eran pacíficos ni siquiera en el tripartito, como son la prostitución, los vientres de alquiler o la custodia compartida impuesta en caso de no haber acuerdo entre los cónyuges al divorciarse.
La coordinadora feminista, así como cerca de un centenar de asociaciones de mujeres, consensuaron un escrito con las «quince medidas imprescindibles para la vida de las mujeres» y han logrado que dos de los tres cabezas de lista a la presidencia de la Generalitat del bloque de izquierda (Ximo Puig, del PSPV y Rubén Martínez Dalmau, de Podemos) lo suscriban.
La segunda fuerza del Botànic, Compromís, firmó el texto pero con condiciones. El documento pide a las fuerzas políticas «que incluyan las propuestas en sus programas electorales», y Oltra, de su puño y letra, dejó constancia de que solo apoyarán las propuestas que la coalición integre en su programa. Fuentes consultadas por este diario recordaron que el programa no se ha presentado todavía, por lo que no desvelaron qué medidas apoyarán y cuáles no.
Aunque el grueso de las medidas tienen que ver con la violencia machista y están asumidas por la izquierda sin problemas, otras han sido en el pasado objeto de controversia. Así, uno de los puntos compromete a los firmantes a «no legislar a favor de la custodia compartida impuesta».
Cabe recordar que en su día Compromís votó a favor de la ley foral sobre custodia compartida, una norma que el Tribunal Constitucional acabó tumbando al entender que la Generalitat carecía de competencias para legislar sobre Derecho Foral. Los socialistas votaron en contra de esta ley, impulsada por el PP, al entender que fijar la custodia compartida por defecto cuando una pareja se separa y no hay acuerdo era perjudicial para los menores.
Buena parte del movimiento feminista lo considera además una suerte de violencia de género contra las mujeres. La vicepresidenta Mónica Oltra se ha pronunciado en numerosas ocasiones a favor de implantar la custodia compartida, que entiende como un camino clave para la corresponsabilidad. Incluso hace cuatro años firmó el documento electoral con reivindicaciones feministas, pero de su puño y letra, junto a la firma, dejó claro que no asumía lo recogido en torno a la custodia compartida impuesta.
Ayer, la coordinadora feminista reunió a un representante por partido. Asistieron la consellera de Justicia, Gabriela Bravo; la diputada Graciela Ferrer, por Compromís, y la diputada Cristina Cabedo, por Unides Podem - EUPV, con Rosa Pérez Garijo. Ni el PP ni Cs fueron invitados.
En el acto, celebrado en La Nau, la representante de Compromís no explicó la condición que Oltra dejó anotado. Según fuentes presentes en el acto, solo Bravo entró en materia y se comprometió a cumplir con las medidas, lo que le granjeó los aplausos de las asistentes. Podemos también avaló el documento sin condiciones. Por parte del movimiento feminista, la cláusula de Oltra ha generado cierta frustración y aseguraron que estarán pendientes de lo que se integra en el programa electoral.
Discrepancias
La izquierda del Botànic se ha visto dividida por otros asuntos que, como la custodia compartida impuesta, ha suscitado diferentes posturas. El documento pide «combatir la gestación por sustitución» y se exige que no «se encuentren subterfugios normativos para su práctica». Pide prohibir su publicidad y perseguir legalmente «esta execrable práctica mercantil» que cosifica el cuerpo de las mujeres.
También proponen «crear las condiciones para que ninguna mujer pueda ser obligada o se vea abocada a prostituirse, a ser explotada sexualmente o a ser víctima de tráfico», un asunto que también divide a Podemos. Además se pide reforzar «la persecución y condena de proxenetas y puteros y se piden medidas para reinsertar a las mujeres víctimas de explotación sexual».
