Daniel Agulló no puede salir de su casa desde que un problema médico le dejara postrado en una silla de ruedas en 2015. Vive en Elx, en un tercero sin ascensor, y sus vecinos se niegan a costear los 45 euros al mes que supondría la obra (unos 5.000 euros por vecino). Tuvo que ir a los tribunales pero el juez aplicó la ley de Propiedad Horizontal, que solo obliga a los vecinos pagar 12 cuotas de la derrama. Es decir, de los 72.000 euros que costaba la obra solo podía reclamar 3.000. La finca, pues, sigue sin ascensor y Daniel, sin poder salir de su casa.
Daniel compró su vivienda en 2006 «cuando aún podía andar» y trabajaba de taxista y de técnico de mantenimiento del sistema contra incendios del aeropuerto. Nadie ni nada le hacían presagiar cómo sería su vida años después. Cuando sus problemas de salud le dejaron sin movilidad en una pierna, y luego la otra, buscó la solidaridad de los vecinos y el respaldo de la justicia. A día de hoy no ha encontrado solución y ve vulnerados sus derechos. Y eso que la ley le ampara. Desde el 4 de diciembre de 2017 todo -edificios públicos, privados, zonas comunes, servicios sanitarios y educativos, lugares de ocio, comercios...- debería ser accesible, según la Ley sobre Accesibilidad y no discriminación de las Personas con Discapacidad de 2010.
Sin embargo, y ante una ley estatal que no se cumple, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra ha anunciado una ley valenciana de Accesibilidad Universal para garantizar la supresión de barreras «de acuerdo con la convención de la ONU y los derechos de las personas en su acceso a todos los espacios públicos y privados». La norma se trabajará «durante esta legislatura» aunque la pandemia sanitaria por la Covid-19 «ha retrasado la planificación prevista».
El colectivo de personas con discapacidad denuncia las barreras que existen en la actualidad en fincas y viviendas, e informes como el que ha elaborado la Fundación Mutua de Propietarios lo corroboran. Y es que el último informe elaborado por esta entidad afirma que el 95% de las viviendas de nueva construcción que se han levantado en la Comunitat Valenciana desde 2010 presentan barreras arquitectónicas. Es decir, no solo no se eliminan las barreras en viviendas antiguas sino que se levantan fincas nuevas que son inaccesibles.
Así, el informe «La accesibilidad de la nueva vivienda en España» ha analizado y comparado el grado de accesibilidad de las viviendas construidas antes y después de 2011. El informe asegura que «sólo un 4,8% de los edificios construidos en la Comunitat Valenciana después de 2011 son totalmente accesibles en todos sus puntos, a pesar de que ya debieron construirse conforme a la ley».
Barreras en todo el itinerario
El informe analiza todas las barreras. Respecto al portero automático, el informe señala que «en el 31% de los casos no lo pueden usar personas con sillas de ruedas. Avanzando un poco más, el 45% de las puertas de entrada al edificio no se aguanta sola ni se cierra lentamente y el 35% son pesadas».
En cuanto a los elementos previos a la entrada, aún siguen existiendo «un 30% de entradas con escalones o escaleras, un 54% carece de rampa y solo un 8% tiene elevadores eléctricos». Además, en el caso de que exista rampa, «no tiene barandillas a ambos lados (44%) o está excesivamente inclinada (16%)».
Sin embargo, la accesibilidad del ascensor sigue siendo la peor de todo el recorrido. «Aunque los edificios sin ascensor han pasado de ser un 21% para los pisos construidos antes de 2011 a un 3% para los construidos a partir de entonces, todavía algunos se cierran demasiado pronto (16%), en algunos no existen botones en Braille (20%) y en otros no se anuncian los pisos con audio (55%)», detalla el informe. Y es que ni los buzones son accesibles (un 46%) ni en un 53% de los casos las plazas de garaje previstas sirven para personas con movilidad reducida. Las zonas comunes con jardín y piscina no cumplen la normativa en más de la mitad de los edificios (53%).
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