Hay un fenómeno en esta tierra al que debemos prestar atención. No hay equivalente a lo que ha pasado en la Comunitat Valenciana (CV). Ni de lejos. Han sido condenados, investigados o en prisión provisional, presidentes de la Generalitat, consellers, presidentes de las tres diputaciones, alcaldes y concejales a niveles muy elevados. No hay punto de comparación en ninguna parte de Europa. La corrupción política valenciana ha llegado a parecerse a la de Centroamérica, porque llegaba a todos los espacios públicos en el ámbito político. Y nos tendría que hacer reflexionar cómo hemos llegado a esta situación» son palabras del juez Joaquim Bosch publicadas en Levante-EMV el pasado día 25 en una entrevista firmada por Laura Ballester.
Hace ya más de diez años, no había que ser especialmente inteligente, para intuir que cuando la corrupción incubada en la época ZOC (Zaplana-Olivas-Camps) -impecablemente legitimada por los votos mayoritarios de los valencianos- se mezclara con la realidad de una financiación autonómica poco favorable, se iba a dar un caldo de cultivo que invalidaría cualquier debate democrático sobre responsabilidades políticas. El argumento era simple. Si efectivamente no había dinero para gestionar los compromisos asumidos en la CV, lo más prudente era devolver algunas competencias, especialmente las que son claramente redundantes en la España de la Digitalización. Defender algún tipo de vuelta atrás, fue una aportación hecha desde la racionalidad de los números y desde la independencia, cuando apareció el esperanzador gobierno del Botanic. Entonces ya era evidente que la deuda existente estaba destinada a crecer hasta no se sabía dónde; la corrupción histórica del PP de ZOC supurando de las paredes del Palau y los episodios que el president Fabra tuvo que tragarse (no poder pagar nóminas, cerrar Canal 9, etc.) nuestra Autonomía corría un serio riesgo de ser materia de desguace. La reacción vivida tuvo que ver con lo que poco después conocimos con el neologismo de cultura de la cancelación, cuya razón puede estar en otra reflexión del juez Bosch: «Las medidas contra la corrupción podían restar poder a los partidos y hay un temor a impulsar cambios que nos equiparen a otros países. Por ejemplo con los 100.000 cargos de designación directa o de confianza que dependen de los partidos. No hay equivalentes en otros países».
Lo cierto es que más de dos lustros después en un futuro que ahora conocemos, no había forma de definir qué euro de la deuda era corrupción-dependiente, cual correspondía a mala financiación o qué otro era (es) simple mala gestión. Al parecer el president Puig, el conseller Soler y los expertos del IVIE sí lo sabían, pero lo único que supieron argumentar se basó en algo tan viejo como el victimismo respecto al resto del Estado. En octubre de 2015 todos los grupos de Les Corts firmaron un documento exigiendo los «12.433 millones» de euros de deuda generada por la infrafinanciación entre 2002 y 2013. Un mes después, Puig elevaba la cifra a 16.000 millones y menos de dos años después, en julio de 2017, el conseller Soler la elevaba a «unos 20.000 millones» (el párrafo es de un director de un digital respetado). Mientras en el seno del Gobierno del Botanic se gestó una figura retórica que hará las delicias de los historiadores futuros y explica el actual desprestigio de cualquier cifra que salga desde la Generalitat, el llamado «presupuesto reivindicativo», un ejemplo de populismo regional que no podía terminar de otra manera que con manifestaciones populares, aunque no tuvieran el éxito esperado. Esta reivindicación para este año se ha cifrado en unos 1.300 millones. Así se ha seguido hasta hoy, cuando acostumbrados a vivir de la deuda la nueva aspiración es hacerse con las líneas de Cercanías, sin saber su costo, y el nuevo PP decide hacerse con la bandera del victimismo.
El último episodio es del día 26, donde una mesa de expertos ha considerado que el planteamiento de población ajustada del Ministerio de Hacienda para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica «no garantiza la solución de los problemas de infrafinanciación de la CV ya que la nivelación de los recursos por unidad de necesidad no se basa en criterios bien fundados, pues con algunos de los indicadores que se contemplan con escaso fundamento podría mantenerse una financiación por habitante alejada de la media y de las comunidades mejor financiadas». En otras palabras la culpa es de la España vaciada, aunque la perla es la declaración de uno de los expertos: «Ahora no nos queda más remedio que la vía del endeudamiento». Como el lector sabe, a 30 de septiembre ya íbamos por encima de los 52.300 millones de euros.
Intuyendo el discurso, la vicepresidenta Calviño se adelantaba diciendo que cuando viaja por España se encuentra con que la «mayoría si no todas» las Comunidades Autónomas se sienten «infrafinanciadas» al tiempo que pedía «altura de miras» para llegar a acuerdos en torno a este asunto y resaltando los «miles de millones» de euros que ha transferido el Ejecutivo central a las autonomías.
Aunque la corrección política exija que todo pensamiento progresista sea inevitablemente autonomista, el jacobinismo tiene su racionalidad, de aquí la idea de la devolución de algunas competencias.
