En defensa del parlamentarismo

No deberíamos abandonar el diálogo entre lo teórico y lo mundano. Dos dimensiones en apariencia distantes que se necesitan, se retroalimentan. O, así debería ser. La sociedad como entidad viva, con alma y en permanente evolución, convive con numerosos desafíos a los que la política no puede ser ajena. Identificarlos, comprenderlos y afrontarlos ayuda a definir el marco para que la política pueda ejercer el liderazgo ante la constante transformación social. Pensar el mundo, entender la sociedad y hacer política. Por ese orden.

Llevamos mucho tiempo hablando de la crisis de la democracia. Que si la globalización, la pérdida de soberanía de los Estados frente a las organizaciones supranacionales, el neoliberalismo económico y ahora el populismo. Decía Ralf Dahrendorf hace veinte años que más que crisis de la democracia, nos encontrábamos ante una crisis del parlamentarismo: «tal vez la democracia no haya muerto, pero sí han muerto los parlamentos (…) La apelación directa al pueblo, sin el filtro de los parlamentos y del debate democrático, tiene muchas posibilidades de convertirse en populismo y, en cualquier caso, puede ser aprovechado por los populistas». Lo decía a través de una entrevista que le hizo el periodista italiano Antonio Polito editada bajo el título Después de la democracia. Uno de esos libros a los que, a pesar del tiempo, siempre se puede recurrir para obtener respuestas. Lo que pone de manifiesto aquello de que las reflexiones cuando se hacen con madurez, inteligencia y rigor, no caducan.

Sabemos que el poder legislativo se ejerce a partir de mayorías parlamentarias y cuando ningún partido político la obtiene por sí mismo, es obligación intentar llegar a acuerdos. Esto es, la aritmética que legitima mayorías en el marco de una democracia deliberativa. Entristece el cariz de la política tras las elecciones del 23J. La incapacidad de la derecha del PP para llegar a acuerdos con nadie como consecuencia de su dependencia y seguidismo a Vox, no puede servir de excusa para la deslegitimación constante de quien intenta resolver la gobernabilidad del país. Es cierto que pactar con el independentismo no es precisamente una tarea fácil. Pero si se gestiona bien, puede ser una solución. Y si resultara que no lo es, pues ya se discutirá donde toca: en el parlamento primero y en las urnas después. Sin embargo, y desde el innegable derecho de manifestación, la derecha ha optado por trasladar la política a las calles generando un clima de crispación, casi de ruptura social. Ver a representantes del partido neofranquista dando lecciones de democracia es tragicómico. España no se va a romper porque, afortunadamente, la arquitectura institucional que determina y delimita nuestra democracia está perfectamente ensamblada para que algo así no ocurra. Lo que se está rompiendo es otra cosa, es el parlamentarismo. Trasladando el debate político de las instituciones a las plazas de las principales ciudades; o peor aún, a las puertas de las sedes del Partido Socialista. Decía Isabel Díaz Ayuso hace unos días que el pacto del PSOE con los partidos nacionalistas suponía «colar una dictadura por la puerta de atrás». Me pregunto cómo calificar la presión que se está ejerciendo para intentar evitar que una mayoría parlamentaria y legítima vote la investidura de un presidente del Gobierno. Subrayemos parlamentaria. Porque nada menos que ahí es donde se ejerce la representación de la soberanía nacional. Algo tan obvio y que, lamentablemente, hay que seguir recordando para explicar que pactar con partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, es hacerlo con quien representa al conjunto de la sociedad española y no a una parte de ella. Es decir, por mucho que se tenga una idea de España diferente, incluso de una España sin España, los representantes de los partidos nacionalistas en las Cortes Generales no lo son de una parte del territorio. Representan la soberanía nacional. No perdamos esa perspectiva. Es lógico que cuestiones de gran calado, como lo es la propuesta de aprobación de una ley de amnistía, genere dudas. Pero, incluso eso, se debe debatir en sede parlamentaria. Y si dichas dudas lo fueran sobre la constitucionalidad de la norma, pues para eso está el Tribunal Constitucional. La derecha suma 170 diputados, solo necesitan 50 para interponerlo. Es así de simple. No va a ser fácil gobernar en estas condiciones. Pero es legítimo intentarlo. El reto del Partido Socialista será el de ejercer un liderazgo político que pueda transitar entre los dos polos y recomponer la idea de España evitando la fractura social. Sin que el debate territorial acabe acaparando la legislatura.