Pese a que una parte de las instancias presentadas en el ayuntamiento se corresponden, también, con el gobierno del PP, el edil popular Enrique Lahuerta apeló, ayer durante el pleno, a la Costitución para justificar la actitud del vecino denunciado. «El derecho a petición queda reflejado en el artículo 29 de la Constitución, además, la Ley de Transparencia obliga a las administraciones a escuchar las opiniones. Se entiende que alguien abusa de sus derechos cuando ejerce uno que la ley no le concede, pero este vecino sí tiene reconocida dicha facultad. Finalmente, calcular el coste de sus trámites administrativos sería más laborioso que contestar a las peticiones», adujo.
