El Ayuntamiento de l'Ènova vive una situación de asfixia económica extrema desde que el Ministerio de Hacienda empezara a retenerle el 50 % de la participación en los tributos del Estado que le ingresa de forma periódica para compensar la deuda derivada del Plan de Pago a Proveedores que, en 2011, ascendía a 1.064.109,16 euros, prácticamente el presupuesto municipal de dos años completos.
Aquella operación fijaba en el horizonte del año 2035 el período de pago durante el que se alargaría la agonía. El lastre de la deuda ha obligado a aplicar una política de austeridad máxima en la gestión, sin margen para inversiones y a la espera de posibles subvenciones para atender las necesidades más urgentes. La situación, desde este punto de vista, no ha mejorado, pero el consistorio acaba de recibir una buena noticia. La aprobación por parte del Ministerio de Hacienda de un nuevo plan de ajuste permitirá concertar un préstamo con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para liquidar la deuda con el Estado y evitar la retención del que representa para los ayuntamientos, junto al IBI, su principal ingreso.
El ayuntamiento no dejará de pagar -aunque dispone de dos años de carencia-, pero la operación tiene dos claras ventajas, según ha destacado el alcalde de l'Ènova, Tomás Giner: reduce sustancialmente los intereses que se venían abonando, lo que representará un ahorro de más de 470.000 euros -el presupuesto anual del ayuntamiento es de 550.000- y, además, recorta en ocho años el período de pago, por lo que «si lo hacemos todo bien y todo va de cara», apostilla Giner, el ayuntamiento habrá liquidado toda la deuda en 2027, una perspectiva que acorta la agonía que de mantener las condiciones del Plan de Pago a Proveedores se alargaría hasta el año 2035. «Serán diez años de sacrificio, pero para nosotros representa un triunfo muy importante y pensamos que vamos por el buen camino», explicó Giner, mientras señalaba que debido a la falta de recursos del ayuntamiento -l'Ènova es un pueblo agrícola de apenas 930 habitantes que carece de industria-, el saneamiento de las cuentas municipales que se encontró al tomar posesión en 2015 depende de un factor principal: el tiempo.
La corporación municipal aprobó en el último pleno, a propuesta del grupo socialista y con la abstención de los ediles de Compromís, la formalización del préstamo con el ICO, una vez el Ministerio de Hacienda dio luz verde al nuevo plan de ajuste, una operación que se firmó finalmente ayer.
El Plan de Pago a Proveedores que impulsó el ministerio para que los ayuntamientos sacaran facturas de los cajones afloró en el caso de l'Ènova una deuda de 1.064,108 euros, que el Gobierno central abonó, si bien aplicó desde ese momento una retención del 50 % en la participación de los tributos del Estado de este municipio. El pasado mes de junio, la deuda con el Estado aún ascendía a 958.503,22 euros. De los casi 390.000 euros pagados por el ayuntamiento hasta el momento únicamente 105.605,94 correspondían a la amortización de capital. El equipo de gobierno ha destacado que las medidas de máxima contención del gasto adoptadas han conseguido una estructura presupuestaria en la que, «sin subir ninguna tasa o impuesto», ha permitido aprobar el nuevo plan de ajuste que el ministerio ha aceptado.
